José Luis Calama, el juez que ha imputado a Zapatero en el caso Plus Ultra: experto en ciberataques, apagones y Pegasus

José Luis Calama es el magistrado de la Audiencia Nacional que ha entrado como coprotagonista este martes después de que se haya anunciado la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en el caso Plus Ultra por un presunto blanqueo de capitales según ha adelantado El Confidencial. Además, su nombre ha quedado grabado en los últimos años en algunas de las investigaciones más sensibles del país, especialmente aquellas relacionadas con delitos económicos, corrupción, ciberseguridad y espionaje tecnológico. No estamos hablando de un perfil mediático al uso como Marchena o Peinado, Calama es un magistrado cuya trayectoria le coloca más en un nivel técnico y poco dado a la exposición pública. Es un magistrado relacionado con una nueva rama de criminalidad que está asociada más a lo tecnológico y ciberseguridad. 

Titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama comenzó su carrera en 1988 y se incorporó a su cargo actual en 2018, sustituyendo a Fernando Andreu. Ha desarrollado buena parte de su carrera dentro del ámbito penal y con decisiones de todo ámbito. Antes de alcanzar notoriedad nacional, ejerció funciones judiciales en distintos órganos españoles, acumulando experiencia en investigaciones criminales y procedimientos de elevada complejidad técnica. 

Su llegada a la Audiencia Nacional supuso su salto definitivo a la primera línea judicial, incorporándose a un tribunal encargado de investigar delitos especialmente graves y con dimensión internacional, que desde El HuffPost procedemos a desarrollar a continuación. Por si quieren tener una anécdota, este miércoles es el cumpleaños del magistrado que hará 67 años, ¿será su último envite judicial?  

Pegasus, Israel y la ausencia de colaboración 

Pero todo tiene un origen y dicho protagonismo se intensificó especialmente a raíz de la investigación del denominado caso Pegasus, uno de los episodios más delicados para la seguridad nacional y concretamente del Ejecutivo central en los últimos años. La causa analizaba el espionaje mediante software israelí a teléfonos móviles de miembros del Gobierno, entre ellos el de Pedro Sánchez y varios de sus ministros. El procedimiento situó a España en el centro del debate internacional sobre el uso de herramientas de ciberespionaje y abrió una crisis política e institucional de enorme dimensión. 

El caso se ha archivado en dos ocasiones, la primera en 2023 y la segunda a principios de este mismo año, debido a la "absoluta" ausencia de colaboración por parte del Estado de Israel, presunto implicado directo al espionaje de los miembros del Consejo de Ministros. Es decir, proseguirá archivado hasta que colabore Israel, algo poco probable, o se descubran nuevas líneas de investigación que permitan avanzar en la misma.

Ciberataque en la Justicia

Otro de los procedimientos que consolidó su imagen pública fue el relacionado con el ciberataque al Punto Neutro Judicial, una infraestructura fundamental para el funcionamiento interno de la administración del sistema judicial español y concretamente del Ministerio de Justicia. La investigación se centró en una presunta organización dedicada al acceso ilícito a bases de datos oficiales y a la obtención masiva de información confidencial de ciudadanos. 

Ahí es donde entra la figura del joven hacker conocido como "Alcasec" —alias de José Luis Huertas que, además de en el Ministerio de Justicia, se adentró en la red de la DGT—, convertido rápidamente en uno de los nombres más mediáticos del panorama de ciberdelincuencia en España. Calama ordenó medidas cautelares severas que llegaron a ser criticadas por numerosos juristas y medios de comunicación. Finalmente fueron condenados varios jóvenes acusados de acceder ilegalmente a los sistemas informáticos. 

Operación Pompeya y el juicio a 32 personas

Además de los casos relacionados con tecnológicas, el magistrado ha desarrollado una intensa actividad en materia de delitos económicos y fraude fiscal. Uno de los ejemplos más significativos es la denominada Operación Pompeya, centrada en una presunta red empresarial vinculada a clubes de prostitución que habría ocultado beneficios millonarios a Hacienda mediante complejos entramados societarios. 

La causa, una de las mayores investigaciones fiscales recientes en la Audiencia Nacional, incluyó acusaciones por fraude tributario, blanqueo de capitales y organización criminal. Todavía no ha terminado el procedimiento, pero el último dato es que Calama propuso juzgar a 32 personas por ocultar los beneficios de los clubes de alterne. 

Alvise Pérez y el empresario 

Otra de las investigaciones económicas de gran impacto dirigidas por José Luis Calama es la relacionada con el empresario Álvaro Romillo, conocido públicamente como "CryptoSpain" y señalado como uno de los responsables de la plataforma de criptomonedas Madeira Invest Club (MIC). La Audiencia Nacional investiga una presunta trama financiera que habría captado cientos de millones de euros de miles de inversores mediante un supuesto esquema fraudulento vinculado al mundo de los criptoactivos. 

El caso adquirió además una enorme dimensión política y mediática después de conocerse que Romillo entregó 100.000 euros al eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta, Alvise Pérez, una operación que desencadenó nuevas investigaciones. Entre ellas, Calama envió una exposición razonada para investigar a Alvise por delito electoral y financiación ilegal de partidos, relacionada con el empresario anteriormente mencionado. 

¿Se acuerdan del apagón?

¿Se acuerdan del apagón? Fue uno de los momentos de mayor exposición de José Luis Calama debido a la investigación abierta tras el acontecimiento de abril de 2025. En aquel momento, y ante la magnitud inédita del colapso energético, el magistrado decidió iniciar diligencias para esclarecer si detrás de la caída masiva del suministro podía existir un ataque de ciberterrorismo contra infraestructuras críticas españolas. La apertura de la causa tuvo una enorme repercusión política y mediática, ya que durante semanas se especuló con la posibilidad de un sabotaje informático de alcance internacional capaz de comprometer la seguridad energética del país. 

No fue para tanto, tras meses de investigación y después de analizar informes de incontables entidades, Calama terminó archivando la causa al concluir que no existía "ni un mínimo indicio" de sabotaje terrorista ni de ciberataque. En su resolución, el magistrado sostuvo que el apagón respondía a un origen multifactorial vinculado a fallos técnicos y problemas de gestión dentro del sistema eléctrico, alejando definitivamente la hipótesis criminal. 

Nueva herida en Moncloa

En los últimos tiempos, su nombre ha vuelto a ocupar titulares debido a las investigaciones relacionadas con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. Las diligencias tratan de esclarecer presuntos delitos vinculados al uso de ayudas públicas concedidas por el Gobierno. Calama se hizo cargo del caso en marzo de este mismo año y, aunque muchos destacan la denuncia que interpuso el grupo ultraderechista, Manos Limpias, lo cierto es que la investigación parte de un auto judicial redactado por Anticorrupción, lejos de la defensa que ha puesto en marcha el Partido Socialista. 

Teniendo en cuenta el perfil técnico y sobrio, además de que carece de escándalos a lo largo de su trayectoria, lo sucedido este martes con la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero abre un futuro incierto sobre qué camino puede llevar este proceso judicial. Lo que está claro es que se trata de una herida sin precedentes al núcleo del Gobierno después de que Zapatero haya protagonizado la defensa de Sánchez y que haya sido imagen pública de todas las elecciones desde que el líder del Ejecutivo pusiera un pie en Moncloa. 

Calama indica que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables". Esa supuesta trama tendría como finalidad "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra", la aerolínea que fue rescatada por el Gobierno durante la pandemia.

A día de hoy, José Luis Calama es una de las figuras más influyentes de la judicatura española. Su nombre aparece ligado a investigaciones capaces de afectar a grandes empresas, instituciones públicas, expertos en ciberseguridad, redes financieras internacionales e incluso responsables políticos de primer nivel como el caso que nos atañe. Lo que pueda suceder se esclarecerá en las siguientes horas y el próximo 2 de junio, cuando está citado Zapatero.