Tres asociaciones de jueces y dos de fiscales han confirmado este viernes su convocatoria de huelga para los próximos martes, miércoles y jueves pese a que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha advertido de que "carece de soporte normativo".

En un comunicado conjunto la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) mantienen además la convocatoria de concentración para las 12:30 horas de este sábado ante el Tribunal Supremo.

Explican que confirman estas convocatorias "en ausencia de retirada del proyecto de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial y de la ley del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal".

Las asociaciones aclaran que "esta decisión se adoptó con el tiempo suficiente para que las Cortes Generales reconsideren la tramitación de dichas reformas".

Para estas cinco asociaciones, estas reformas legislativas "comprometen gravemente los principios de independencia judicial, separación de poderes y autonomía del Ministerio Fiscal".

Y alegan que "la huelga constituye una medida legítima, proporcionada y responsable en defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, de la independencia judicial y de las condiciones profesionales".

Recuerdan que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) dispuso este jueves participar a estas asociaciones que "el ejercicio del derecho de huelga de jueces y magistrados carece de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga ni, al carecer el CGPJ de competencia para ello, fijar servicios mínimos".

Al respecto, las asociaciones convocantes "mantienen firmemente que el derecho de huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, no cabe interpretación restrictiva, de su reconocimiento no se excluye a jueces y magistrados y la ausencia de normativa específica de desarrollo no supone su exclusión".

Alegan que tal como ha establecido una sentencia del Tribunal Constitucional se trata de un derecho de titularidad individual que cada persona puede ejercer de manera autónoma sin necesidad de autorización o comunicación previa.

Y advierten de que "cualquier intento por parte del empleador de condicionar, obstaculizar o coaccionar la decisión de un trabajador respecto a su participación en una huelga constituye una infracción muy grave y puede dar lugar a sanciones económicas e incluso a la nulidad de los actos de represalia como sanciones disciplinarias".

Por otra parte, indican que "ante la falta de fijación de servicios mínimos por parte del CGPJ y la Fiscalía General del Estado", el comité de huelga ha establecido unos criterios "para garantizar la atención imprescindible a la ciudadanía sin desvirtuar el derecho de huelga".

En el servicio de guardia, las actuaciones con detenido y otras que resulten inaplazables, como la adopción de medidas cautelares urgentes, levantamiento de cadáveres, registros y conservación de datos de operadores telefónicos.

En el orden penal, las actuaciones en causas con preso o detenidos puestos a disposición judicial y medidas cautelares personales; en contencioso-administrativo, social y mercantil, las medidas cautelarísimas; en el de menores, la adopción de medidas cautelares.

En el de familia, medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad, internamientos voluntarios, sustracción de menores, internamientos, ejecución de medidas de protección y actuaciones que impliquen la intervención personal de menores o personas con discapacidad y que no puedan suspenderse con antelación.

En civil, medidas provisionales para evitar perjuicios irreparables, decisiones sobre suspensión de desahucios por vulnerabilidad y procedimientos de donación de órganos de donantes vivos.

En el orden de violencia de género, actuaciones que impliquen la intervención personal de menores o personas con discapacidad que no puedan suspenderse con antelación y medidas de protección, regularización de la situación personal de detenidos.

Además actuaciones en causa con preso, medidas provisionales con hijos menores o personas con discapacidad y actuaciones que impliquen la intervención personal de estos que no puedan suspenderse con antelación.

En el orden de vigilancia penitenciaria, resoluciones relativas a las penas privativas de libertad y resolución de peticiones y quejas de internos que afecten a derechos fundamentales.

La Fiscalía comunica que tampoco puede fijar servicios mínimos para la huelga 

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comunicado que el Ministerio Público no tiene competencias para fijar servicios mínimos en la huelga de tres días convocada la semana que viene por asociaciones judiciales y fiscales, como dijo también el jueves el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Alude al acuerdo adoptado ayer por unanimidad por el pleno del CGPJ, que estableció que "el ejercicio de huelga de jueces y magistrados carece, en el momento actual, de soporte normativo, por lo que no procede tener por anunciada la convocatoria de huelga" ni fijar servicios mínimos, "al carecer el Consejo General del Poder Judicial de competencia para ello".

"El Ministerio Fiscal está integrado en el poder judicial con autonomía funcional", indica García Ortiz, de modo que el fiscal general tampoco tiene competencias para fijar servicios mínimos.

Señala el fiscal general "que habrá de garantizarse la práctica de todas aquellas actuaciones judiciales o fiscales en las que la falta de intervención" del fiscal "pueda causar perjuicios directos para los derechos de los ciudadanos" y aquellos señalamientos fijados con anterioridad que se hayan mantenido.