Detenido el socio de Cerdán en Servinabar en relación con el caso de Leire Díez

El empresario Antxón Alonso, dueño de Servinabar - la empresa presuntamente participada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán - fue detenido también este miércoles en la operación por una supuesta trama de corrupción en la que también estarían implicados la exmilitante socialista Leire Díez y el que fuera presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero. 

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando este jueves varios registros en empresas vinculadas a Servinabar en el marco de esta investigación. 

Según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, los registros se están practicando en Madrid, Sevilla y Zaragoza y están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil de la que es propietario el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, según la investigación de la UCO.

Además, la UCO también se ha personado  en las sedes de las empresas públicas SEPI, Sepides, Enusa y Mercasa para requerir documentación relacionada con la operación en la que ha sido detenido el expresidente de SEPI Vicente Fernández.

Las citadas fuentes han añadido que no hay previstos detenidos en esta nueva fase de las diligencias del Instituto Armado. 

Se trata de una operación en marcha en la que los agentes han actuado por orden de la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, bajo secreto de sumario y en la que también participa la Fiscalía Anticorrupción.

Antxon Alonso ya estaba siendo investigado en el Tribunal Supremo por su relación con la presunta trama de corrupción en la que estaría implicado Santos Cerdán, con el que firmó una escritura de compraventa por el 45 % de las acciones de Servinabar, si bien el exdirigente socialista asegura que nunca se hizo efectiva.

Según el último informe que presentó la UCO en el Supremo, Cerdán, a través de Servinabar, se quedaba con un 2 % de cada adjudicación que lograba la constructora Acciona, una empresa que tiene varios exdirectivos investigados por su presunta relación con la trama del caso Koldo, y que supuestamente lograría contratos por medio de la "indebida influencia" del exdirigente socialista.

Leire Díez por su parte, a la que también se relaciona con Cerdán, estaba ya siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid por delitos de cohecho y tráfico de influencias debido a presuntas maniobras contra miembros de la Fiscalía Anticorrupción o altos mandos de la Guardia Civil, como el teniente coronel de la UCO Antonio Balas.

Díez, extrabajadora de las empresa públicas Enusa y Correos, que dependen de la SEPI, enmarcó sus movimientos en una investigación periodística, pero en la causa en su contra figura la grabación de una reunión mantenida con el fiscal Ignacio Stampa en la que dice ser "mano derecha" de Santos Cerdán y "la persona que ha puesto el PSOE" para investigar posibles irregularidades.

Vicente Fernández también está relacionado con Servinabar, empresa en la que trabajó después de dimitir en 2019 como presidente de la SEPI al ser imputado por un supuesto amaño en el concurso internacional que adjudicó a la empresa México-Minorbis la explotación en la reserva minera de Aznalcóllar (Sevilla), un caso en el que resultó absuelto al igual que el resto de los 16 acusados.

Según señala El País, parte de la investigación se centra en una empresa vasconavarra, Cistec Technology, de la que la Leire Díez fue consejera entre 2021 y 2023. Coincidiendo parcialmente en el tiempo con este puesto en la mercantil, la exmilitante socialista ocupó también un cargo público, el de directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos (2022 y 2024). "Cistec pasó a estar participada en 2018 en un 25% por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), entidad pública adscrita a la SEPI que entonces presidía Fernández. Tras esta entrada de capital público, la compañía recibió numerosas subvenciones y contratos de dinero público", dice el medio. 

Previamente, Díez trabajó entre octubre de 2018 y diciembre de 2021 en Enusa, una empresa pública del sector nuclear que también dependiente de la SEPI. Un vínculo más con Víctor Fernández. 

Los investigadores también tienen en el punto de mira un bar de Sevilla que pertenece a una sociedad supuestamente controlada por el expresidente de la SEPI. Este bar pasó de registrar pérdidas a facturar grandes cantidades de dinero, lo que la UCO sospecha que puede tratarse de un caso de blanqueo.