Maricarmen se queda (por ahora): suspenden el desahucio de la vecina de 87 años a la que querían echar de la casa en la que vive desde hace 70
Según ha informado el Sindicato de Inquilinas, el Juzgado que había ordenado el desalojo ha suspendido el lanzamiento hasta que exista una alternativa habitacional.
Maricarmen, la vecina de 87 años que iba a ser desahuciada este miércoles de la vivienda en la que vive desde hace 70 en el barrio del Retiro, podrá quedarse en su casa, al menos por ahora. El Juzgado que había ordenado su desalojo ha suspendido esta tarde el lanzamiento "a falta de que las administraciones provean una alternativa habitacional", según ha informado el Sindicato de Inquilinas de Madrid.
Pese a la noticia favorable, que ha llegado gracias a la organización sindical y a la presión vecinal, tanto Maricarmen como el Sindicato de Inquilinas creen que solo hay una solución definitiva, que la vecina "se quede en su casa". "No queremos tiempo. Queremos que Maricarmen se quede. El juzgado insta a las administraciones a buscar una alternativa para Maricarmen. Si hay alternativa, hay desahucio. Para nosotras, la única alternativa es que Maricarmen se quede en su casa de toda la vida. No queremos una mudanza. Queremos que se quede en su casa. 70 años a la basura simplemente porque una empresa quiere hacer más dinero con su vida. Y la ley lo permite. Hay que acabar con este sinsentido", han denunciado desde el Sindicato.
Maricarmen vive en un piso de la calle Sainz de Baranda, ahora una de las más caras de Madrid, desde que su padre firmara un primer contrato de arrendamiento en 1956. Su progenitor, ya fallecido, suscribió entonces lo que luego se conocería como alquiler de renta antigua, un tipo de inquilinato que buscaba garantizar el derecho vitalicio a habitar la vivienda tanto por quien hubiera firmado el acuerdo como por el cónyuge y los descendientes que vivieran en el domicilio. Pero 69 años después y al borde de los 90 años, Maricarmen enfrenta su desahucio después de que los propietarios del piso vendieran la vivienda a Renta Corporación y estos a Urbagestión.
Con Urbagestión, "una empresa especializada en análisis y asesoramiento de inversiones inmobiliarias, [...] llegaron los problemas" para Maricarmen. Sus administradores, Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, se empeñaron en desalojar a la inquilina. Según ellos, su contrato debía haberse extinguido en 2007. Según la ley vigente, la segunda subrogación del arrendamiento (una vez fallecidos el primer titular y su cónyuge) solo podría tener una duración de dos años, "salvo en el caso de que el descendiente conviviente tuviese una discapacidad superior al 65%". "Maricarmen, a sus 87 años y con movilidad reducida debido a operaciones de cadera, sufre una discapacidad de 'tan solo' el 50%, y de nada le han servido los derechos adquiridos durante 15 años de subrogación indisputada", denunciaron desde el Sindicato.
La de Maricarmen es la segunda subrogación por culpa de las leyes de la dictadura: "Si el contrato se hubiese firmado en la actualidad, ambos padres de Maricarmen serían titulares del primer contrato y la de Maricarmen sería una primera subrogación, es decir, seguiría con el contrato en vigor. Las leyes machistas del franquismo hicieron que eses primer contrato fuera firmado únicamente por su padre, ante la negación de derechos a la mujer en el matrimonio". Con la intención de echarla de su vivienda, los nuevos propietarios la llevaron a los tribunales. Aunque en primera instancia la Justicia dio la razón a la vecina, tras varios recursos los empresarios lograron que el pasado mes de marzo de 2024 el Tribunal Supremo se pusiera de su lado.
Si la vecina quería evitar su desalojo, tendría que afrontar un alquiler mensual de 1.650 euros, casi un 300% más de lo que paga ahora y cuando la empresa sabe que solo cobra 1.450 euros mensuales de pensión. Pero Maricarmen no está dispuesta a dejar su casa. Este martes ha logrado una pequeña victoria, pero todavía no es definitiva.