No fue sólo el ático: la Comunidad de Madrid compró otros dos pisos donde tampoco se podían poner oficinas

El Ejecutivo madrileño, liderado por la popular Isabel Díaz Ayuso, comunicó de forma imprevista la enajenación del ático de 485 metros situados en el distrito de Chamberí, una propiedad incorporada a su patrimonio tan sólo un trimestre atrás y que iba a convertirse en su oficina, ante las obras que se van a ejecutar en la sede de la Puerta del Sol. La justificación oficial atribuye este movimiento al envío de fondos para la reparación de los daños provocados por el fuego en la Sierra Oeste. 

El anuncio se produjo transcurridas 48 horas desde que El País sacara a la luz la insólita operación de compra de un espacio calificado para uso habitacional que la Administración pretendía destinar a despachos, contraviniendo el planeamiento urbanístico del municipio. Pero es que este episodio se suma a una secuencia de adquisiciones de pisos por parte de la Comunidad para fines administrativos en fincas donde dicha actividad no está autorizada, viéndose forzada posteriormente a traspasarlos, añade hoy el periódico. 

La transacción relativa al polémico piso de Chamberí no figura reflejada en los balances de Planifica Madrid, entidad pública bajo la tutela de Presidencia a partir de 2023. En cambio, en su previsión financiera para el presente ejercicio sí figuraba la desinversión de cuatro inmuebles en Gran Vía 6 y otro en la calle Santa Catalina -una sexta planta-, dependencias empleadas durante años para gestiones burocráticas a pesar de carecer de los permisos urbanísticos pertinentes.

Las propias cuentas anuales de Planifica Madrid para 2026 recogen explícitamente que la imposibilidad de legalizar el uso administrativo debido a la calificación residencial motivó la decisión de desprenderse de ellos. El documento añade que la elevada demanda de viviendas en esas ubicaciones estratégicas facilitaba su salida al mercado. Las licitaciones fijaron una cantidad de partida de 11,74 millones de euros para el bien ubicado en Gran Vía, mientras que el situado junto al céntrico Hotel Palace se valoró en 21,15 millones.

A pesar de las consultas del diario del Grupo Prisa remitidas a la Consejería de Presidencia para esclarecer cuándo detectaron la irregularidad sobre el uso del suelo y las razones para activar la venta tras años de ocupación, no se ha recibido aclaración alguna hasta la fecha.

La licitación para enajenar estos bienes se formalizó a finales del verano pasado, cerrando la recepción de propuestas en otoño. Hasta hace aproximadamente un año, la Comisión Jurídica Asesora autonómica ocupaba uno de los inmuebles situados en la emblemática finca de Gran Vía 6.

Aunque el organismo público pretendía despachar el inmueble en el marco de una reorganización del patrimonio autonómico tras desocuparlo en el tramo final de 2025, la subasta inicial finalizó sin adjudicatario. Por ello, la propiedad ha vuelto a sacarse al mercado dentro de la operación inmobiliaria con la que la presidenta regional prevé financiar los destrozos causados por las llamas en un centenar de viviendas habituales.

Despiste

Dicha localización albergaba, asimismo, la unidad encargada de la atención sobre organizaciones sin ánimo de lucro. La conserje del inmueble confirma que continúan acudiendo ciudadanos despistados en busca de estos servicios debido a que las direcciones no se han actualizado en los portales institucionales.

Un fenómeno similar sucede en otros puntos del mismo bulevar, como el 31 y el 43 de Gran Vía. A pesar de constar aún en buscadores digitales como dependencias del Gobierno regional, ambos emplazamientos alojan actualmente instalaciones hoteleras: una cadena internacional inaugurada en 2017 en el primer caso, y un establecimiento abierto en 2020 en el piso anteriormente arrendado por la Comunidad.

La empleada del portal del número 6 señala que son frecuentes las visitas de viajeros desorientados. Mientras las plantas inferiores y principales permanecen desiertas a la espera de comprador, los niveles superiores continúan arrendados a diversos negocios del sector privado.

En secreto

Además, este viernes, Eldiario.es publica que la empresa pública Planifica Madrid que compró el ático de la polémica exigió confidencialidad al vendedor antes incluso de la visita técnica. En concreto, impuso una cláusula al vendedor de la propiedad previamente a la inspección para cerrar la compraventa del inmueble, del que la oficina se ha negado a dar el precio de una compra que nunca ha estado consignada en los presupuestos conocidos públicamente. 

"La entidad es un medio propio de la Administración madrileña. Y canalizar una operación así a través de esta figura, al ser un negocio privado de una sociedad mercantil, reduce notablemente los controles: se esquivan trámites como la valoración técnica previa del inmueble y el informe jurídico de un funcionario que valide la transacción. Tampoco es necesaria, por ejemplo, la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni un crédito presupuestario con cargo a las cuentas autonómicas", expone el citado medio.

Añade que la compra debió ser aprobada presumiblemente por el consejo de administración de Planifica Madrid, "cuyo consejero delegado es Pedro Corbalán, arquitecto y exconcejal del PP de Guadarrama, dato que omite su biografía oficial en la web de Transparencia de la Comunidad de Madrid".