Qué dijeron los periodistas citados a declarar por el caso García Ortiz (y a los que el juez Hurtado no da credibilidad)
Cuatro redactores de El País aseguraron que tuvieron conocimiento de que González Amador iba a reconocer dos delitos fiscales 31 horas antes de que el fiscal general reclamara el correo de su abogado. Un director adjunto de eldiario.es sostuvo que accedió a él hasta una semana antes.
El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado procesó este lunes al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, por un delito de revelación de secretos por las filtraciones relacionadas con el caso de la pareja de Isabel Diaz Ayuso por fraude fiscal.
El magistrado señala que, a nivel indiciario, cabe presumir que el fiscal general facilitó a los medios de comunicación el contenido confidencial de un correo en el que el abogado de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, admitía al fiscal la comisión de dos delitos fiscales en su nombre. Además, asegura que lo hizo "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno", sin esbozar indicio alguna para sustentar esta afirmación.
El juez, que ha tardado más de ocho meses en finalizar su instrucción y que llegó a ordenar el registro del despacho del fiscal general, llega a insinuar en su auto que los periodistas que declararon como testigos mintieron sobre cómo accedieron al correo del abogado de Ayuso, con el fin de proteger a su fuente; esto es, el fiscal general. En concreto, sobre el periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos, el magistrado insinúa que mintió “posiblemente condicionado, de alguna manera, por su deber deontológico de proteger la fuente de información”. Además, defiende que Campos aportó un "testimonio subjetivo" y sin aportar "datos objetivos".
En su declaración, Campos ofreció una detallada explicación de cómo tuvo acceso al email antes de que llegara a manos de García Ortiz y negó que se lo hubiese proporcionado el fiscal general del Estado. Un testimonio que ayer mismo repitió en su intervención en el programa "El Intermedio" de LaSexta.
El periodista de La Ser dijo que fue conocedor del contenido del email del abogado de González Amador "entre las 15:40 y las 15:45 de la tarde" del día 13 de marzo, horas antes de que el fiscal general reclamara el mismo correco electrónico. Fue una "buena" fuente, "de hace muchos años", quien llamó al periodista en torno a las 15 horas para hablarle de la existencia de ese correo que desmentía a Ayuso. Dicha fuente no le permitió obtenerlo, pero sí verlo "en su integridad", transcribirlo todo y tomar notas. Después, esa misma fuente se arrepintió y le impidió contarlo, hasta que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, difundió esa misma noche el bulo de que era la Fiscalía quien pretendía pactar con González Amador y no al revés. Ahí es cuando Campos recibió la autorización para dar la información, primero en antena y después en la web de la emisora.
Cuatro periodistas de 'El País' también aseguraron en el Tribunal Supremo que sabían que Alberto González Amador tenía intención de reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto con la Fiscalía antes de que García Ortiz reclamara a sus subordinados los correos ahora investigados.
Igualmente, manifestaron que dicha información no la obtuvieron de la Fiscalía General del Estado, sino de fuentes fiscales vinculadas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En concreto, la información la tenían el 12 de marzo, a las 13.30 horas; es decir, 31 horas antes de que García Ortiz reclamara el cruce de correos entre la defensa y el Ministerio Público para llegar a un pacto.
Por su parte, el director adjunto de elDiario.es, José Precedo, admitió que accedió a ese email el 6 de marzo, antes incluso de que se informara desde la Fiscalía Provincial de Madrid a la Fiscalía General del Estado sobre la investigación por fraude fiscal al novio de Ayuso (el 7 de marzo).
El fiscal general se enfrenta a penas de uno a cuatro años de cárcel, suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años o inhabilitación especial para empleo público de tres a cinco años.