Qué es el 'lawfare', el concepto del pacto de PSOE-Junts y que los jueces critican en masa

El pacto entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, además de la ley de amnistía, prevé la creación de comisiones de investigación parlamentarias para determinar los casos en los que se ha podido instrumentalizar la justicia para hacer una persecución política, es decir, el lawfare. Un concepto que, después de anunciarse el acuerdo, ha provocado críticas en masa desde la judicatura. 

Las cuatro asociaciones judiciales, tanto progresistas como conservadoras, han firmado un comunicado conjunto para expresar un rechazo especialmente evidente en "las referencias al lawfare" en el acuerdo suscrito por PSOE y Junts. Advierten que esta propuesta supone un "riesgo evidente de quebrar la democracia" porque, según la Asociación de Fiscales "supone un ataque sin precedentes a la independencia judicial que se traduce en un absoluto desprecio" al Estado de derecho.

La Comisión Permanente del CGPJ, reunida de forma extraordinaria este jueves, ha expresado también su rechazo "frontal" al acuerdo que garantiza la investidura de Pedro Sánchez porque implica "una inadmisible injerencia en la independencia judicial y un flagrante atentado a la separación de poderes". También anticipa que actuará por "los cauces legalmente establecidos" sobre las acusaciones de lawfare.

El PSOE, ante la respuesta unánime de jueces y fiscales contra el pacto con Junts, ha tenido que aclarar que el Parlamento no les fiscalizará ni revisará sus sentencias en comisiones parlamentarias. Lo que se hará es que las comisiones que se abran pueden contener, como sucede siempre con este tipo de órganos, "recomendaciones tanto de medidas concretas como de medidas legislativas". Pero no supondrán enmendar la acción de juzgados y tribunales.

¿De dónde sale la palabra 'lawfare'?

Se trata un término formado por law (‘ley’) y warfare (‘guerra’) que, según el diccionario de lengua inglesa de Oxford, designa "acciones judiciales emprendidas como parte de una campaña en contra de un país o grupo". Según la Fundación del Español Urgente (Fundéu), el término se emplea en el ámbito militar para describir un método de guerra asimétrica no convencional en el que la ley se usa como un medio para conseguir un objetivo militar. En política, lawfare designa "el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político".

Se trata de un concepto que comenzó a utilizarse a finales del siglo XX, pero que se ha generalizado a lo largo de este hasta formar parte del léxico político con el que partidos y colectivos sociales pretenden denunciar los intentos de desprestigiarlos a través del sistema judicial. Unidas Podemos, los Comunes, Compromís o los partidos independentistas de Cataluña son algunos de los que, en los últimos años, se han proclamado víctimas de procesos judiciales propiciados por el lawfare.

Principalmente, se trata de causas abiertas a raíz de denuncias o querellas infundadas a las que los tribunales dan recorrido judicial, con la consecuente pena de banquillo, pero también de investigaciones basadas en indicios obtenidos de forma irregular, a menudo con complicidades en los medios policiales.

De Podemos al independentismo catalán

En España, el independentismo ha denunciado haber sido víctima del "lawfare", empezando por el "caso procés", en el que acusan al Supremo de haber asumido irregularmente la competencia para juzgar una causa y de nutrirla con atestados de la Guardia Civil que consideran que se confeccionaron con la intención de hacer encajar el 1-0 en los delitos de rebelión o de sedición.

No es unánime la opinión de los independentistas en otras causas que Junts sigue considerando "lawfare", desde el "caso Pujol" -que ven orquestado por oscuras maniobras de la policía patriótica- al de las adjudicaciones a dedo de la expresidenta del Parlament Laura Borràs -que aduce fue condenada por su ideología- o el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico que se atribuye a Gonzalo Boye, quien mantiene que se le persigue por ser abogado de Carles Puigdemont.

La última supuesta maniobra de "lawfare" denunciada por el independentismo data de apenas cuatro días, con la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de investigar a Carles Puigdemont y a la líder de ERC Marta Rovira por un delito de terrorismo por las protestas de Tsunami Democràtic, en plena negociación de la ley de Amnistía.

También Unidas Podemos, los Comunes o Compromís dicen haberse visto perjudicados por la utilización de la justicia con fines políticos en múltiples asuntos que acabaron archivados, especialmente el "caso Dina" que puso en el punto de mira al exvicepresidente Pablo Iglesias o el "caso Neurona" en que se investigó al confundador del partido Juan Carlos Monedero.

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, por su parte, concurrió a las últimas elecciones municipales con cuatro causas abiertas a raíz de querellas presentadas por sectores contrarios a sus políticas de movilidad o vivienda, tres de ellas abiertas en contra de la opinión de la Fiscalía.

En Valencia, acabó con la carrera política de la líder de Compromís Mónica Oltra una investigación judicial en la que se la acusa de maniobrar para beneficiar a su marido -imputado en un caso de abuso sexual-, una causa que su partido enmarca en una "cacería" política impulsada por Vox, que ejerce la acusación.