¿Qué supone la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil o zona catastrófica?
El Gobierno aprobará la semana que viene la declaración de zonas catastróficas en áreas afectadas por los incendios de los últimos días.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que el Consejo de Ministros de la próxima semana aprobará la declaración de zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil para aquellas áreas asoladas por los incendios de estos días. Es lo que de manera coloquial se conoce como zona catastrófica. ¿Pero qué supone esta denominación?
Dicha declaración está recogida en el artículo 23 de la ley del Sistema Nacional de Protección Civil. Para reconocer un área como zona catastrófica no solo habrá de delimitarse sino también valorar "que se hayan producido daños personales o materiales derivados de un siniestro que perturbe gravemente las condiciones de vida de la población [...] o cuando se produzca la paralización [...] de todos o algunos de los servicios públicos esenciales", algo que no hay duda que sí se ha producido en muchas de las zonas afectadas por los incendios en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura.
Una vez declarada un área como zona afectada, se podrán adoptar algunas de las siguientes medidas, previstas en el artículo 24 de la ley:
a) Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad.
b) Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.
c) Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.
d) Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.
e) Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular.
f) Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.
g) Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).
La declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil contempla también medidas fiscales como la exención del pago del IBI o la reducción en el Impuesto sobre Actividades Económicas, y medidas laborales y de seguridad social, como reducciones temporales de la jornada de trabajo o una moratoria para empresas y trabajadores por cuenta propia en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.
