Un fondo buitre quiere desahuciar a Ya Amou tras veinte años en una casa en la que vive con su hija y su nieta de dos días

Ya Amou, natural de Mali, llegó a España en 2009 acompañada de sus tres hijos. Los cuatro se fueron a vivir a una casa que el marido y padre había comprado en Madrid años antes, en 2005. En 2010, con su pareja de nuevo en su país, Ya Amou comenzó a pagar de manera mensual la hipoteca a una tercera persona que supuestamente luego depositaba el dinero en el banco, pero no fue así durante meses. La deuda de Amou con la entidad bancaria ascendió hasta los 5.000 euros, una cantidad de la que no disponía cuando el organismo le exigió un pago inmediato. El banco la llevó a juicio y la familia perdió la propiedad del que era su hogar, que pasó a manos de Abanca, con quien al menos lograron firmar un alquiler social de 300 euros al mes. El problema, una vez más, llegó cuando el banco vendió el piso al fondo buitre Mona ITG, a su vez parte de un conglomerado con sede en Luxemburgo con varias viviendas en España, Orion Constellation; un fondo que, ahora, 20 años después, quiere desahuciar a Amou.

Tal y como denuncian desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid, Ya Amou se enfrenta a un desahucio previsto para el próximo 26 de mayo "a pesar de cumplir los requisitos para ser considerada persona vulnerable". Porque Amou, además, convive en estos momentos con una hija que acaba de dar a luz. El bebé tiene solo días. A pesar de ello, la propiedad del piso, el fondo Mona ITG, rechaza cualquier negociación y no ha dejado de "ejercer presión sobre Amou para forzar su salida", hasta el punto de que en febrero de 2025 una empresa de desocupación "llegó a acosarla en su domicilio". El Sindicato ve en su caso "un ejemplo flagrante de racismo institucional e inmobiliario, agravado por la desprotección de las administraciones públicas".

Antes de fijarse la fecha de su desahucio, Ya Amou fue para más inri "víctima de una estrategia reiterada de engaño respecto a la posible compra de su vivienda". Hace un tiempo le ofrecieron la posibilidad de recuperar la propiedad del piso por 110.000 euros. Tras un gran esfuerzo, consiguió reunir esa cantidad, pero entonces el precio ya no era el acordado, sino 135.000 euros. Más adelante, volvieron a subirlo hasta los 150.000 euros y, aunque también logró acumular esa cifra, al final no le dejaron comprar. "Le hicieron creer que podía comprar su casa para luego ir subiendo el precio y acabar negándose a vender. Es una estrategia clara de desgaste para expulsarla", denuncian desde el Sindicato.

Según el Sindicato, además, su situación "se ve agravada por las circunstancias personales". Con Ya Amou vive una de sus hijas, que acaba de tener un bebé "hace apenas dos días", algo que de por sí "incrementa la urgencia de garantizar una solución habitacional estable y digna". "Estamos hablando de una unidad familiar en situación especial de vulnerabilidad. No se puede permitir que las instituciones miren hacia otro lado", apuntan desde la organización sindical inquilina.

Pero, si todo lo contado con anterioridad no fuera ya suficiente, Amou ha sufrido también "desprotección institucional". Sin saber todavía leer con fluidez en español, cuando recibió la orden de desalojo, Amou acudió a los servicios sociales, donde "no fue correctamente asesorada". "Se le indicó erróneamente que bastaba con ser reconocida como persona vulnerable, sin informarle de la necesidad de solicitar justicia gratuita y personarse en el procedimiento", explican desde el Sindicato: "Como consecuencia, fue declarada en rebeldía y el proceso continuó sin su defensa".

Para el Sindicato de Inquilinas, el caso de Ya Amou es la mejor muestra de cómo "el capitalismo rentista", perjudicial para la mayoría de los inquilinos, es peor cuando las víctimas son "las personas migrantes y racializadas".