Adamuz, en el espejo de Angrois: ¿qué les espera ahora a las víctimas de Córdoba?

Cuando el pasado domingo, un tren Iryo descarriló impactando con dos vagones de un Alvia causando un accidente que se ha cobrado 45 víctimas mortales y decenas de heridos en Adamuz (Córdoba), fue inevitable que muchos echasen la vista atrás. Concretamente, a la capital gallega de Santiago de Compostela y a aquel funesto 24 de julio de 2013. El día en que se produjo la segunda mayor tragedia ferroviaria de la historia reciente de España, con 80 muertos y 140 heridos, en la curva de A Grandeira, en Angrois.

Aquella jornada no significó solo perder a seres queridos como padres, madres, hijos, amigos... o quedar marcado con secuelas de por vida. También supuso el inicio de una auténtica odisea en los tribunales, un Castillo kafkiano de trámites y una larga espera hasta un juicio que, hasta este viernes, se había saldado solo con dos condenados. La absolución de único ex alto cargo imputado, el ex director de Seguridad en la Circulación del Adif, Andrés Cortabitarte, deja como único responsable al maquinista del tren Alvia 04145/04155.

Al tener constancia de la tragedia, desde el colectivo de afectados y víctimas del accidente de Angrois mostraron inmediatamente sus condolencias en una carta. Pero en esa misiva no ofrecieron solo su apoyo en términos emocionales, también abrieron la puerta al asesoramiento y a prestar todo su conocimiento y experiencia acumulada en los cerca de los últimos 13 años al "ponerse a disposición" de ellos. Con las diferencias de lo ocurrido en Galicia y en Andalucía y ante la falta de tiempo para el desarrollo de la investigación pertinente en Córdoba; lo que han vivido los que sufrieron Angrois conforma una suerte de espejo en el que pueden acabar reflejándose los que sufrieron Adamuz.

Una espera de 11 años para el juicio

El primer gran asunto al que deberán enfrentarse los afectados por la tragedia de Adamuz pasa por la cuestión judicial. El pasado jueves trascendía que había 9 denuncias de estos, a la que se sumaban ya siete acusaciones populares, entre ellas partidos políticos. Lo avanzó el que será en punto neurálgico del plano judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Su presidente, Lorenzo Del Río, adelantaba un proceso largo y complejo marcado por una vasta instrucción: "Esto es de una gran complejidad y hay que hacer un buen trabajo".

Del Río se refería al hecho de que los dos juzgados de la localidad cordobesa de Montoro vayan a acoger la instrucción de un caso que, con muchas probabilidades, puede acabar albergando múltiples líneas de investigación separadas y suponer una carga de trabajo inusual para dichas sedes judiciales. Fue precisamente lo que ocurrió en Galicia. 

Para hacerse una idea, cuando en julio de 2021 el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago abrió juicio oral a ambos procesados, el maquinista y el ex alto cargo de Adif, habían pasado ocho años desde el accidente mortal. A ese juicio oral se llegó con 44.460 folios de instrucción y 669 testificales. Por aquel entonces, la fecha de inicio del macrojuicio que estimaban desde el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) apuntaba al primer trimestre de 2022. Acabó haciéndolo en los últimos compases de ese año, en octubre, más de 9 años después del descarrilamiento. 

Pero para conocer la primera sentencia de la macrocausa hubo que esperar más, hasta el 26 de julio de 2024. Cuando ya habían transcurrido 11 años de la tragedia, se dictó una sentencia de 530 páginas que se saldó con dos condenas. Pero también con más de medio centenar de recursos que todavía mantienen el proceso vivo, a través de los distintos recursos y la reclamación por la vía europea en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Todo ello se suma el futuro más allá del desenlace de dicho proceso, es decir, cuando se dicte sentencia y se abra la oportunidad de recurrir a instancias superiores, como la Audiencia Provincial de Córdoba. Si se observa lo ocurrido en Galicia, la sentencia puede acabar variando en gran medida, como ha pasado este viernes con la antes mencionada absolución de uno de los dos condenados.

La lucha por una investigación técnica independiente y las dudas sobre el CIAF

La clave que ha marcado la lucha de los colectivos de afectados en Angrois siempre ha sido el rechazo al informe realizado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), el organismo que también debe realizar el de la tragedia de Adamuz en el plazo de un año. La investigación de la CIAF en Galicia no solo fue cuestionada por las víctimas, también lo fue por la Agencia Ferroviaria Europea, resolviendo en 2016 que "la investigación de la CIAF fue realizada por un equipo que incluía a personal de organizaciones directamente implicadas en el accidente".

Aquello derivó en la apertura de un procedimiento contra España por parte de la Comisión Europea y otro tira y afloja legal que todavía está pendiente del pronunciamiento desde Estrasburgo. El TEDH estudia la reclamación de que el Estado español realice una investigación técnica independiente que ha sido rechazada por distintos gobiernos hasta el momento. 

Con todo, fue este Ejecutivo el que logró la aprobación de una ley para la creación de la denominada Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil. Fue hace casi dos años, el 1 de agosto de 2024, entrando en vigor hace año y medio, pero la realidad es que no funciona todavía porque está pendiente de varios informes para la elaboración de su estatuto. Por eso es la CIAF la que vuelve a encargarse de la elaboración de una investigación de estas características. 

El pasado martes tras la reunión del Consejo de Ministros, el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondía a esas dudas cerrando filas con el organismo independiente y asegurando que "evidentemente, no hay ninguna duda al respecto de la independencia funcional de la CIAF, porque así su propia normativa lo ha establecido y lo dispone, y también el funcionamiento de ella". Había sido preguntado por las críticas ante que la CIAF cuente con exintegrantes de Renfe y de Adif.

¿Qué supone todo esto? En líneas generales que, como en Angrois, en Adamuz puedan acabar estableciéndose dos líneas paralelas que se alarguen en el tiempo con sus propias características. En primer lugar, la del ámbito propiamente judicial, pero también el de la reclamación administrativa con posibilidad de acabar en la Justicia en fases posteriores.

Es decir, a mayores de esperar como máximo un año para conocer el resultado de ese informe, es posible que después se presenten reclamaciones en su contra, tocando a la puerta de otros tribunales. Por ejemplo, en el caso de Angrois, fue el Tribunal Supremo el que tumbó la reclamación de la plataforma de afectados, cuestión que acabó activando la vía europea.

Precisamente, sobre la cuestión de la independencia en la CIAF y lo acontecido en Córdoba se pronunciaba el abogado de familias de víctimas de Angrois, Manuel Alonso. En declaraciones a 'Espejo Público', mostró sus dudas sobre dicho órgano colegiado especializado y adscrito a la Subsecretaría del Ministerio de Transportes: "En España es muy difícil encontrar gente independiente. Es decir, gente que no haya estado en algún momento de su vida profesional, o bien en Adif, o bien en Renfe"

Ya han comenzado a surgir voces que apuntan a la necesidad de una investigación independiente y, de hecho, una asociación ha presentado una querella demandando que sea un perito judicial independiente el que investigue el tramo de la vía del accidente. No obstante, lo único que está seguro en estos momentos es que estamos en una fase muy prematura respecto a los datos que se desconocen y que, pase lo que pase, el propio proceso obligará a un largo camino.