El Supremo rechaza elevar a la justicia europea el proceso de regularización de migrantes

Jarro de agua fría para las dos comunidades autónomas bajo gobierno del Partido Popular que tenían recursos en estudio contra el proceso extraordinario de regularización de migrantes. En esta ocasión, el Tribunal Supremo ha rechazado la posibilidad de elevar este caso a la justicia europea ante una posible "colisión", concretamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), pero también ha denegado la petición de suspensión del real decreto-ley que activó el proceso.

De esta forma, el alto tribunal tumba también los recursos de la Comunidad Valenciana y de Aragón, lideradas por los populares Juanfran Pérez Llorca y Jorge Azcón, tras haberles preguntado previamente sobre si estaban de acuerdo con llevarlo al tribunal de Luxemburgo en forma de una cuestión prejudicial. La gran duda respecto a esa posible colisión respondía a si el proceso afectaba a lo recogido en el Pacto de Migración y Asilo de la UE (PMAUE).

El Supremo dudaba de "si, pese a la vigencia de la Directiva de Retorno y su no trasposición por el Estado español, es admisible que quienes estén en situación irregular en España no se sometan a una orden de retorno, con las excepciones particulares que la misma norma comunitaria autoriza, sino que se les reconozca un derecho de residencia temporal con carácter general y por el mero hecho de la estancia irregular en España".

Ni llevarlo a Luxemburgo ni echar abajo el real decreto

En este sentido, aunque la Comunidad Valenciana y Aragón sí dieron su visto bueno a la cuestión prejudicial, lo cierto es que no se manifestó a favor la Abogacía del Estado. Finalmente, el alto tribunal ha resuelto que dicha elevación al TJUE no resulta pertinente el planteamiento de dicha cuestión haciendo hincapié en este momento procesal. 

Cabe recordar que la posibilidad de que acabase llevándose al tribunal comunitario esta cuestión suscitó ciertas dudas e incertidumbre al no haber un antecedente de algo similar y con parte de las solicitudes presentadas resueltas con carácter provisional. Se desconoce qué hubiera ocurrida y en qué situación hubieran quedado los solicitantes si se paralizase abruptamente el proceso en un posterior auto.

También cabe mencionar que ya había ocurrido un desenlace similar con los recursos presentados tanto por el partido de ultraderecha Vox como por la Comunidad de Madrid de Isabel Díaz Ayuso. Si bien en ambos casos esgrimían como razón para solicitar que se paralizase la regularización que se produciría un colapso de los servicios públicos, el Supremo entendió que son personas que ya están en el país haciendo uso de esos recursos.