Los peritos del Estado cargan contra Griñán por no actuar ante los ERE
Los consejeros de Economía de la Junta de Andalucía entre 2000 y 2009 no adoptaron las "medidas necesarias" para evitar las "irregularidades" en la concesión de subvenciones y ayudas sociolaborales para empresas en crisis, según asegura la Intervención General del Estado en un informe.
En el documento, entregado a la juez que investiga en fraude en los ERE, Mercedes Alaya, del que informa Diario de Sevilla, los peritos de la Intervención del Estado señalan que la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas a través del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) era "inadecuada" e "improcedente".
Este sistema fue utilizado entre 2000 y 2009, periodo en el que fueron consejeros de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, José Antonio Griñán, que después fue presidente de la Junta, y Carmen Martínez Aguayo.
La Intervención del Estado también concluye que no consta que en ese periodo los consejeros dieran cuenta al Gobierno andaluz de los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía que había detectado irregularidades en las ayudas.
Otra conclusión es que el interventor general de la Junta, Manuel Gómez, que está imputado en la causa, debió haber emitido el informe de actuación que hubiera paralizado el pago de las ayudas, ya que las actuaciones del IFA podían "ocasionar menoscabo de fondos públicos".
AYUDAS Y EMPRESAS BENEFICIADAS
Los peritos sostienen que "se prescindió absolutamente del procedimiento administrativo" para otorgar las ayudas y elegir las empresas beneficiarias.
La concesión de subvenciones con cargo a la partida de transferencias permitió "eludir el procedimiento legal establecido para su otorgamiento e impidió su fiscalización previa por el interventor delegado", según el informe.
Diario de Sevilla ha publicado el informe de la Intervención General del Estado un día después de que se conociera un auto de la Audiencia de Sevilla que ordena a la juez Alaya que motive mejor el auto en el que preimputó a los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves y a cinco exconsejeros, aunque confirma su capacidad de llamarlos.
