POLÍTICA
24/04/2014 12:19 CEST | Actualizado 24/04/2014 12:58 CEST

El derecho a manifestarse en España está amenazado, alerta Amnistía

REUTERS

El 25 de marzo de 2013, Jorge fue empujado y tirado al suelo por dos policías que lo acusaron de intentar agredir al consejero madrileño de Sanidad. Tres meses después, la justicia desestimó la causa al no resultar "creíble" la acusación de los agentes contra él.

Con su caso abre Amnistía Internacional su informe sobre el derecho a manifestarse en España titulado El derecho a protestar, amenazado, presentado este jueves en Madrid. En él alerta sobre las crecientes restricciones al derecho de reunión pacífica y libertad de expresión en nuestro país, documenta casos de malos tratos y exceso del uso de la fuerza por parte de los agentes de policía, y concluye que, en los últimos años, "las autoridades españolas han restringido el disfrute de los derechos humanos", contraviniendo las leyes internacionales.

El documento, realizado principalmente en 2013, pero complementado con informes anteriores desde 2011, recoge el testimonio de una treintena de víctimas, sus familiares, periodistas, abogados y representantes de organizaciones de derechos humanos, ONGs y movimientos sociales. Además, incluye reuniones con autoridades gubernamentales, partidos políticos y el Defensor del Pueblo, así como entrevistas con representantes del Sindicato Unificado de la Policía (SUP).

En un contexto de creciente indignación social y con más de 14.700 manifestaciones registradas en 2012, el informe se centra en varios incidentes que tuvieron lugar especialmente en Madrid y en Barcelona entre ese año y 2013 para analizar, a través de ellos, la actuación de las autoridades gubernamentales y policiales. Estos son los casos detallados por Amnistía Internacional:

ESCRACHE A LA VICEPRESIDENTA (6 DE ABRIL DE 2013)

El 6 de abril de 2013, unas 300 personas se concentraron frente al domicilio de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, para protestar por la inacción del Ejecutivo frente al drama de los desahucios. Numerosos agentes de la Policía custodiaban la vivienda y realizaron numerosas identificaciones a los presentes. Dos días después, un juzgado de Madrid instruía una denuncia contra 27 de los manifestantes incoada por el marido de Sáenz de Santamaría. La causa quedó sobreseída.

Pese a ello, la Delegación del Gobierno en Madrid abrió procedimientos administrativos contra los 27 denunciados acusándoles de organizar la concentración. Dos de ellos se enfrentan a multas de 1.500 euros.

El informe de Amnistía Internacional recuerda que el magistrado que cerró este caso consideró que quienes participaron en la concentración no incurrieron en coacciones o amenazas y recordó que, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las críticas al ejercicio del poder político, debe prevalecer el derecho a la libertad de expresión.

La organización considera que las medidas tomadas por las autoridades para imponer una restricción general de todas las manifestaciones en las cercanías de las residencias y sedes de políticos clave e instituciones "supera lo que se considera admisible" de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos. "Una prohibición generalizada no es conforme con los principios de necesidad y proporcionalidad y restricción mínima", añade la organización.

CONCENTRACIÓN DE APOYO A LOS DETENIDOS EL 25-S (4 DE OCTUBRE DE 2012)

El 4 de octubre de 2012, varias personas se concentraron ante la Audiencia Nacional en apoyo a los detenidos durante la manifestación Rodea el Congreso del 25 de septiembre. Entre ellos, Pablo Ortiz, de 33 años, que fue multado por participar en una concentración no comunicada.

Amnistía Internacional critica que en España se haya transformado el requisito de comunicación previa para convocar una manifestación en una suerte de obtención de autorización por parte de las autoridades. El informe indica que, según el Comité de Derechos Humanos de la ONU y el Tribunal Europeo, el propósito del requisito de comunicación ha de ser el de permitir que las autoridades puedan tomar medidas "razonables y oportunas" para garantizar que la concentración transcurra sin incidentes. Pese a ello, "ese requisito no debe constituir un obstáculo oculto a la libertad de reunión pacífica".

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha manifestado que el hecho de que la policía disuelva reuniones espontáneas pacíficas “exclusivamente por la ausencia de la notificación previa, sin que los participantes incurran en conducta ilegal, constituye una restricción desproporcionada de la libertad de reunión pacífica”.

El de Ortiz no es el único caso. Amnistía relata otros de manifestantes a los que se ha multado sin haber sido identificados el día de la concentración, pero sí en días posteriores. En algunos casos, las sanciones llegan a los mil euros.

La organización dice tener "indicios claros" de que estas multas "pueden estar teniendo un efecto disuasorio, desalentando a la gente de participar en protestas públicas y ejercer su derecho a la libertad

de reunión pacífica". Según Amnistía, hay miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que acumulan hasta 40.000 euros en multas. Con los graves problemas económicos que sufren por la crisis, muchos no se pueden permitir el lujo de abonar estas sanciones.

Según datos de la Delegación del Gobierno en Madrid incluidos en el informe, sólo en 2012 se tomaron medidas para imponer sanciones administrativas en un total de 1.117 casos. Amnistía identifica estas multas como un método de represión.

RODEA EL CONGRESO (25 DE SEPTIEMBRE DE 2012)

Respecto a la manifestación del 25 de septiembre de 2012 Rodea el Congreso, Amnistía critica básicamente dos reacciones por parte de las autoridades: intento de criminalizar a los organizadores y malos tratos a los detenidos.

El informe refleja cómo, tras el 25-S, se llegó a imputar a 8 personas (de entre la treintena de detenidos) que fueron interrogadas ante un juez en la Audiencia Nacional. Finalmente, la causa quedó archivada el 4 de octubre porque, según el magistrado, “la gravedad aventurada por la policía no era tal”.

Se acusó a estas personas de un delito contra las altas instituciones del Estado, pero en el informe policial entregado al juez no se alude a tal delito y en las actas del Congreso no consta “alteración alguna del normal funcionamiento de la sesión”. Según Amnistía, “no se podía decir que los acusados en esos procedimientos fueran los promotores o lideraran un grupo (calificado en el informe como “radical”) con el propósito aducido por la policía”.

MAREA CIUDADANA (23 FEBRERO DE 2013) Y ANIVERSARIO DEL 15-M (12 MAYO 2012)

Respecto a los malos tratos a los detenidos, el informe de Amnistía recoge varios casos de personas que denunciaron haber sufrido vejaciones por parte de los agentes de la Policía.

El caso más conocido es el de Leandro Acosta, de 19 años, cuya imagen siendo reducido por varios policías que le llegan a agarrar hasta por la nariz, fue la representación de las cargas del 25-S. Acosta denunció haber sido agarrado por un brazo, por la cabeza y haber sido arrastrado por el suelo. "Me trataron de apretar los huevos y la garganta, se veía que disfrutaban haciéndome daño", indica en el informe, donde denuncia que le dieron patadas, golpes en la cara y que los agentes se mofaban de él.

Pasó varias horas detenido hasta que fue atendido por los médicos. Tras ser examinado, fue trasladado a un hospital, con traumatismos múltiples en cabeza, cara, pecho y cuello, según consta en el informe médico hospitalario.

El documento también recoge el caso de otra joven que fue detenida durante el primer aniversario del 15-M, celebrado el 12 de mayo de 2012. Denuncia que los policías la obligaron a ella y a otros detenidos a sentarse durante varias horas en un pasillo, donde les amenazaron e insultaron. Entonces ella dijo a uno de los agentes que era muy valiente amenazar a alguien cuando se va armado:

"El policía me dijo que me iba a partir la cara, cuando hice el amago de levantarme, me golpeó con la mano y me tiró al suelo. Me golpeé la cabeza en el suelo, y me partí el labio, el policía me dio patadas por todo el cuerpo, hasta que otros policías se lo llevaron de allí".

Cuando fue liberada, acudió al hospital, donde el informe relataba las siguientes lesiones: traumatismo craneoencefálico, abrasiones superficiales en los miembros inferiores, contusiones bilaterales tanto en los brazos como en los antebrazos, contusiones en la región intraclavicular derecha, abrasiones dispersas y superficiales en las extremidades superiores e inferiores, cervicalgia postraumática y contusión en la muñeca derecha. Todas relacionadas con la paliza sufrida en comisaría.

Otro de los casos denunciados es el de una joven que fue detenida tras la 'Marea Ciudadana' del 23 de febrero de 2013. Denuncia que estando en comisaría, uno de los agentes se dirigió a ella en los siguientes términos: “Qué quieres, ¿agua o sexo?”. Amnistía denuncia que en muchas ocasiones, existe trato degradante infligido a mujeres detenidas en el contexto de las protestas.

MARCHA NEGRA (11 JULIO 2012) Y HUELGA GENERAL (14 NOVIEMBRE 2012)

El uso excesivo de la fuerza y utilización indebida del material antidisturbios es otro de los puntos que trata el informe de Amnistía. Según la organización, habitualmente se producen cargas con porras contra manifestantes pacíficos, golpes de porra en la cara y el cuello a manifestantes que no estaban agrediendo ni amenazando a nadie, golpes a agentes de paisano, disparos de pelotas de goma “directamente contra la multitud”, y policías sin sus insignias o números visibles para poder ser identificados individualmente, tal y como establece la ley. A esto se suma la denuncia de periodistas que han sido objeto de malos tratos y otras medidas de obstrucción por parte de la policía.

Amnistía recuerda que las normas internacionales indican que, incluso aunque los manifestantes actúen de manera violenta, la policía debe reaccionar de forma proporcionada, utilizando únicamente la fuerza mínima necesaria para contener la situación y restablecer el orden. Y que los agentes deben distinguir entre quienes actúan de forma violenta y quienes no.

Respecto al uso excesivo de la fuerza, Amnistía destaca el caso de Ester Quintana, que perdió un ojo por un disparo con una pelota de goma el 14 de noviembre de 2012 en Barcelona, durante las manifestaciones de la huelga general. Recibió el impacto cuando regresaba a casa.

Otro caso es el de Consuelo Baudín, que participó en las manifestaciones de la Marcha Negra de los mineros en Madrid el 11 de julio de 2012. Recibió un impacto con una pelota de goma cerca del riñón derecho. Recibió el disparo directamente tras haber gritado a los agentes que los recortes también les iba a afectar a ellos. Permaneció ingresada dos meses en el hospital con fracturas costales, neumotórax, contunsión pulmonar, fractura de vértebras y laceración hepática. Permaneció 40 días en la UCI y requirió ventilación mecánica. Necesitó de 20 sesiones adicionales de rehabilitación.

Por todo ello, Amnistía Internacional insta a las autoridades españolas a que faciliten el derecho a la libertad de expresión y de reunión, a garantizar que la actuación policial se ajuste a Derecho y a evitar abusos policiales.

La organización propone para ello, entre otras cosas, un mejor entendimiento entre fuerzas del orden y organizadores de las marchas; limitar el uso de la fuerza policial en la medida de lo posible y, si es necesario, evitar el uso de pelotas de goma; un mayor compromiso con los derechos de los detenidos; y un mayor control sobre la labor de los agentes.

Informe Amnistía Internacional derecho de manifestación by Nathan Jones

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