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09/06/2014 11:00 CEST | Actualizado 09/06/2014 13:51 CEST

Posada advierte del "serio peligro" de un referéndum en el que no voten los contentos con la monarquía

EFE

El presidente del Congreso, Jesús Posada, se quedó "muy afectado" con el anuncio de la abdicación del rey. Y no quiere más sorpresas.

Preguntado en la Cadena Cope por la reacción de la calle a la abdicación y los movimientos sobre la república, Posada ha reconocido que es un asunto incierto.

Esta ha sido la respuesta completa

"¿Cuál es la respuesta de la calle? Si yo supiera la respuesta de la calle globalmente, le diría que estos actos tienen una respuesta magnífica. Estoy convencido de que la gente sí quiere volcarse con el rey. Pero corremos un serio peligro. Hay mucha gente que está muy contenta pero lo manifiesta muy poco y hay poca gente que está descontenta pero lo manifiesta con mucho ruido"

"Lo que da la apariencia es que hay muchos en contra, cuando no es así", ha dicho. "Estas cuestiones hay que pensarlas mucho", ha pedido.

Posada, que define al príncipe como alguien muy "entrañable", ha defendido el reinado de Juan Carlos I y ha pedido que tras perder la inviolabilidad sea aforado. A su juicio, es "un tema urgente" porque será "una anomalía total" que no tenga ninguna protección en un país con miles de aforados.

Además, cree que debería seguir teniendo "inmunidad, como ha tenido siempre, en el aspecto político", es decir, mantener la inviolabilidad en este ámbito y no sólo tener que ser juzgado, en su caso, por un tribunal superior.

Posada no cree que nadie le desee "personalmente ningún mal al rey" pero sí opina que ha quien puede buscar "follón" para "apuntarse un tanto en la lucha por la república". Eso sí, ha dejado claro que no sabe aún cómo se instrumentará legalmente la reforma para aforar a don Juan Carlos y si se hará mediante un proyecto de ley o una proposición de los grupos.

Desde su punto de vista, el problema del aforamiento no es tanto el número de personas aforadas en España, aunque pueda ser "excesivo", sino que se extienda a los delitos comunes, y no sólo a la actividad política que es la que debe estar protegida.

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