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28/11/2018 10:24 CET | Actualizado 28/11/2018 10:34 CET

Le diagnostican una intoxicación por cannabis cuando sufría un ictus

La paciente ha sido indemnizada con un millón de euros, pero arrastra graves secuelas que la obligan a necesitar ayuda de terceros en su vida diaria.

Un paciente se somete a un TAC, en una imagen de archivo.
Vladimir Smirnov via Getty Images
Un paciente se somete a un TAC, en una imagen de archivo.

Esta es la historia de un mal diagnóstico por la que la aseguradora Zurich tendrá que pagar 1.074.000 euros a una paciente catalana. La noticia, adelantada por El Periódico, se remonta a 2011: en septiembre de ese año, una mujer de 33 años se levantó de madrugada para dar de beber a su hijo y notó de pronto que perdía fuerza en el pie izquierdo, que hablaba mal y que tenía algo torcida la boca.

"El personal del Servicio de Emergèncias Médiques (SEM) que fue a su casa no la valoró correctamente y tampoco activó el denominado Código Ictus (conlleva medidas para atender estas dolencias)", sostiene la información. Por eso, la mujer fue enviada al hospital de Calella, que no está preparado para atender infartos cerebrales.

Como cuenta El Periódico, la mujer tardó cuatro hora en ser monitorizada en ese centro y sus síntomas -irritabilidad, cefalea, vómitos- se vieron como de una intoxicación por cannabis. No la revisó ni un neurólogo. Su estado se volvió comatoso y con convulsiones y entonces los sanitarios vieron que en realidad tenía un ictus.

Se decidió el traslado a otro centro mejor preparado, el Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, pero se produjo más de 14 horas después de que la ambulancia llegase a su casa, por lo que los efectos del infarto fueron importantes. Según indica el periódico, la mujer tiene graves secuelas y necesita ayuda de terceros para desenvolverse en su vida diaria.

La paciente pasó 114 días ingresada en el segundo centro sanitario y acabó denunciando, un caso que acaba de ganar y por el que recibirá poco más de un millón de euros en concepto de indemnización, intereses de demora y costas procesales, una de las mayores cuantías por negligencias médicas pagadas en España.

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