A Vodafone le sale cara la sanción de un mal cobro

Revés para Vodafone. La Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía ha multado a la empresa con 20.100 euros por cobrar a una usuaria servicios que ella misma había deshabilitado expresamente.

Curiosamente, la perjudicada por esta acción de la compañía de telecomunicaciones es la presidenta de FACUA a nivel nacional, Olga Ruiz.

Tal y como ha precisado FACUA en un comunicado, Ruiz, en su factura de marzo de 2021, detectó que Vodafone le cobró 2 cargos no autorizados de 4,50 euros + IVA en concepto de Pagos a terceros referidos como Twistbox Vip Club.

Ante estas irregularidades, FACUA Sevilla envió una instancia a la compañía el 25 de marzo y le requirió la rectificación de la factura, con la anulación y la devolución inmediata de las cantidades que le cobraron de forma indebida. En la reclamación adjuntaron tanto la factura, donde aparecían los cargos no autorizados, como la captura de pantalla del área de clientes con la que acreditaron que esta usuaria desde hacía años había restringido expresamente los servicios de pagos a terceros con Vodafone.

La compañía se limitó a devolver los conceptos facturados en marzo como pago a terceros, y confirmó a la asociación que, en efecto, Olga tenía restringidos los servicios de Pagos a terceros. Sin embargo, volvió a cobrarle por dichos servicios varias cantidades más en abril y en mayo.

Dos incumplimientos y dos multas distintas

Los incumplimientos de Vodafone se han dado en dos vías. Por una parte, la operadora desatendió de forma reiterada el mandato expreso dado por la usuaria de no atender pagos solicitados por otras empresas (conocidos como Pagos a terceros). Consumo, al calificar la infracción como leve, le ha impuesto a Vodafone una multa de 1.000 euros.

Y por otro lado, la compañía obstaculizó las indagaciones de la autoridad de Consumo en el caso. En concreto, Vodafone no respondió a los requerimientos que el organismo le efectuó para que demostrara mediante pruebas ese supuesto consentimiento o autorización de la titular del contrato al servicio de pago a terceros facturado. Por esta causa, se le ha impuesto a la empresa otros 32.501 euros de multa.

Vodafone finalmente ha aceptado su responsabilidad por eludir la legislación en materia de defensa de los consumidores y usuarios y no ha recurrido. De esa forma, se ha beneficiado de la reducción del 60% en la cuantía de las multas que prevé la legislación en estos casos y ha asumido el abono de 20.100 euros de sanción.