El Consejo de Ministros aprueba la nueva reforma laboral

La modificación de la reforma laboral ya es una realidad. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al acuerdo alcanzado entre Gobierno y agentes sociales, en el que ha sido descrito por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, como “hoy no es un día cualquiera”. Ha señalado que tampoco “es una rueda de prensa más”, sino que “hoy es uno de los días más importantes del Gobierno de España”.

“Es un acuerdo de país”, ha señalado la titular de Trabajo destacando todo el trabajo realizado en las duras y exhaustivas negociaciones para materializar un pacto que, a su juicio, “cambia el rostro de la precariedad en nuestro país” y tiene como objetivo “pasar página a la precariedad en nuestro país”.

Aunque la norma entrará en vigor desde este miércoles 29 de diciembre con su publicación en el Boletín Oficial del Estado, las empresas españolas tendrán un plazo para adaptarse a los nuevos términos de temporalidad. “Les damos una vacatio [lego] de tres meses”, ha anotado la vicepresidenta segunda.

Yolanda Díaz ha destacado que se atreve a decir que “hay jóvenes que no han conocido un contrato que no sea basura en la vida” y que la nueva reforma laboral permite “recuperar derechos” para los trabajadores “víctimas de la precariedad”. Además, ha celebrado que la aprobación de la nueva reforma supone dar cumplimiento a los compromisos comunitarios adquiridos con Bruselas.

Las dos ‘palancas’ de la nueva norma

En este sentido, la ministra de Trabajo ha realizado un repaso por las principales claves que ya habían ido saliendo a la luz en los anteriores días, tras conocerse el acuerdo con la patronal y sindicatos. Díaz ha puesto el foco en el cerco a la temporalidad, pero también en la introducción de los dos nuevos modelos de ERTE.

“El cambio más fuerte que más nos ocupó”, ha relatado Díaz, ha sido el “el marco de la temporalidad en España”. “Vamos a un único contrato temporal en el que recuperamos la causalidad que tiene que ser profundamente motivada”. De esta forma, solo habrá dos causas, la de sustitución, un plazo de 3 meses por bajas médicas y embarazos o, por ejemplo, procesos selectivos.

A este se suma el de causa productiva, por el que los trabajadores puede realizar tareas calificadas como ocasionales durante un máximo de 90 días. Díaz ha señalado que este era uno de los principales reclamos y consensos de los expertos, acabar con el contrato por obra y servicio determinado, una figura que “viene desde los tiempos del franquismo, desde aquellas antiguas ordenanzas laborales”.

“Por darles un dato, ahora la temporalidad se aquieta a seis meses”, ha explicado la ministra de Trabajo, puntualizando que por vía de negociación colectiva algunos sectores podrán ser prorrogada a seis meses más. No obstante, ha recordado que actualmente hay empleados que “ahora mismo, se pueden estar firmando contratos por obra y servicio determinado que podían tener una duración de hasta cuatro años”. Son más de ocho millones de contratos que Díaz ha calificado como “el estrella para, digamos, practicar este tipo de desarreglos en el mercado laboral”.

Díaz ha remarcado que el otro gran cambio que introduce la reforma laboral en esta materia está inspirado en el modelo francés, el ámbito de la subcontratación en el sector dela construcción. Cuando finalice el contrato de obra, es decir, un contrato temporal, pasará a ser indefinido. “La empresa deberá hacer dos cosas, la primera cuestión será recolocar a ese trabajador o trabajadora en otra obra de la que tenga en su actividad o, en su caso, deberá reportarle todo tipo de formación y recualificación”, ha desgranado. Esta acción formativa se hará, singularmente, a través de la Fundación Laboral de la Construcción.

Penalización por baja de contrato temporal

Según ha podido confirma EFE, la reforma laboral vendrá acompañadas de nuevas medidas como la penalización por las bajas de contratos temporales. Los contratos temporales inferiores a 30 días tendrán una cotización a la Seguridad Social adicional de 26 euros cada vez que se den de baja, con el objetivo de desincentivar el uso de contratos de muy corta duración.

Supone establecer un malus de importe fijo por cada baja en un contrato temporal de menos de un mes, por lo que será “creciente” frente a la actual penalización lineal. Cuantos más contratos cortos, mayor es el desincentivo. Por ejemplo, con un contrato corto de 10 días la penalización sería de 26 euros, mientras que si el mismo tiempo de trabajo se cubriera con dos contratos de cinco días sería de 52 euros.

Quedan fuera de esta penalización los regímenes especiales de trabajadores por cuenta ajena agrarios, de empleados de hogar, de la minería del carbón y los contratos por sustitución.