El día más largo del Gobierno: de la polémica por el Constitucional a la tragedia de Melilla

El día más largo del Gobierno: de la polémica por el Constitucional a la tragedia de Melilla

El Ejecutivo ha vivido una jornada llena de frentes políticos, con división en la coalición y con sus socios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso.Europa Press News via Getty Images

Y sólo estamos a martes. Eso han debido de pensar muchos en el Gobierno con el pasar de las horas del día y la cantidad de frentes abiertos que, en apenas unas horas, se le han generado.

Acabó la semana pasada con más tranquilidad, con la aprobación de los Presupuestos Generales en el Congreso y la sonrisa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se marchaba al fin de semana a disfrutar de la Internacional Socialista, de la que fue nombrado nuevo presidente en Madrid.

Pero de fondo asomaban nubarrones. Aunque la sensación que quería dar el Ejecutivo era de solvencia y resolución, asegurando a los medios que dedicará el mes de diciembre a sacar adelante las leyes que tiene en el tintero y dando por amortizado lo que queda de año, todo se ha desmoronado en apenas unas horas.

Las grietas internas en el Ejecutivo comenzaron a última hora de la tarde, cuando el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, enviaba a los sindicatos una propuesta para cambiar el sistema de cálculo de las pensiones públicas.

Su propuesta: aumentarlo de los 25 actuales a 30, pudiendo elegir los 28 mejores.

Una idea que no sólo ha chocado con los socios parlamentarios del Ejecutivo, sino con los socios de coalición.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de viaje oficial en México, ha asegurado que esta propuesta, lejos de mejorar derechos, los recorta.

“La ampliación del cálculo de la base reguladora a 30 años es un endurecimiento en el acceso a la jubilación que nosotros no podemos compartir, lo hemos dicho en muchísimas ocasiones”, ha afirmado Díaz.

Poco después, el exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, anunciaba en la antena de la Cadena SER, durante la tertulia del programa Hora 25, que la ley de Familias, cuya aprobación estaba prevista para este martes en el Consejo de Ministros, salía del orden del día.

“El PSOE quiere dar codazos al socio en este nuevo año electoral que inicia. Mañana estaba pactado que fuera al Consejo de Ministros la Ley de Familias y el PSOE tampoco deja que vaya. Yo creo que esto es un error”, afirmó.

Se trataba de una noticia, ya que hasta ese momento nadie conocía que la Ley de Familias se fuera a caer del orden del día de la reunión de los ministros en Moncloa.

Es más, la sensación era que la ley que iba a quedarse en el tintero era la de trata, tras las quejas del Ministerio de Igualdad sobre la norma, que consideraban “insuficiente”, al considerar “imprescindible” incluir en la ley la posibilidad de que las víctimas de trata y explotación sexual que sean identificadas y estén en situación administrativa irregular accedan a un permiso de residencia y de trabajo y reciban atención social integral sin necesidad de colaboración policial o de denuncia, como el resto de víctimas de violencia contra las mujeres.

Poco después del anuncio de Iglesias, el Ministerio de Asuntos Sociales, consultado por diversos medios y agencias, achacaba al socio de Gobierno los retrasos.

Sobre estos disensos ha sido preguntada la ministra Portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Haciendo un ejercicio encomiable, Rodríguez ha querido poner en valor la “acción final” del Ejecutivo y no tanto “el debate previo”.

Reconociendo que al ser un Gobierno de coalición “le resulta más complejo que a uno en solitario”, la Portavoz del Ejecutivo ha asegurado que están siendo “extraordinariamente útiles en un momento de especial dificultad”. “El Gobierno está muy satisfecho con todas y cada una de sus decisiones”, ha aseverado cerrando filas.

La traca final de una noche de infarto ha sido el anuncio con el que ha amanecido este martes: el Gobierno elegía al exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a Laura Díez, exdirectora general de Asuntos Constitucionales de Moncloa, para renovar las dos plazas del Tribunal Constitucional que le corresponden.

El Ejecutivo tomaba esta determinación sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado por el sector conservador, determine los nombres de quienes tienen que ocupar las otras dos vacantes que le corresponde renovar del Constitucional.

Se trata de la primera vez que un exministro entra en el Constitucional en la misma legislatura en la que abandonó el Gobierno, lo que ha generado numerosas críticas, no sólo entre los partidos de la oposición, sino también entre sus socios, tanto de coalición como parlamentarios.

Muy crítico se ha mostrado Pablo Echenique, portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, quien ha asegurado que esta propuesta desmonta los “falsos” argumentos que esgrimió el PSOE para vetar el nombramiento de la jueza Victoria Rosell, actual delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, como vocal del Poder Judicial.

El más crítico sin duda ha sido el PP, que, de boca de su vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ha hablado de “un mal día para la separación de poderes”. “Nunca habíamos visto que el Gobierno entrara en el Constitucional”, ha expresado el eurodiputado, quien ha lamentado que el Ejecutivo haya nombrado a personas que “han sido hasta hace bien poco miembros del Gobierno”.

“Son corresponsables de las grandes decisiones que han tomado, vulnera la separación de poderes”, ha criticado Pons, quien ha asegurado no tener “nada en contra” de Campo y Díez.

A todo esto se ha sumado la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘caso Arandina’, en el que varios futbolistas de la Arandina fueron condenados por agredir sexualmente en 2017 a una menor. Fueron condenados a 38 años por la Audiencia Provincial de Burgos, pero posteriormente el Superior de Justicia de Castilla y León les rebajó las penas a cuatro y tres años al contemplar circunstancias atenuantes.

Circunstancias que este martes el Supremo ha desestimado, elevándoles la pena a nueve años a cada uno de los dos condenados.

Sin embargo, para escarnio del Gobierno, en su nota informativa el Alto Tribunal indicaba que la sentencia recoge que las penas podrían haber sido mayores si no estuviera en vigor la ley del ‘sólo sí es sí’, dado que la Fiscalía reclamaba diez años de cárcel.

De hecho, uno de los magistrados, Ángel Luis Hurtado, ha emitido un voto particular en el que entiende que se debía mantener la atenuante a los condenados e incluso rebajar más la pena por la ley del ‘sólo sí es sí’.

Tras conocer la sentencia ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que la sentencia demuestra que con la nueva norma “el caso Arandina no es abuso, es agresión”. “La ley es sólida, combate la impunidad y sobre todo protege a todas las víctimas, también las que no denuncian, frente a todas las violencias. Hay que aplicar toda la ley”, ha asegurado.

Preguntada por el auto, la ministra de Justicia, Pilar Llop, no ha descartado cambios en la norma, a la espera de estudiar la sentencia, pero se ha mostrado una firme defensora de la ley, que ha asegurado que protege a las víctimas.

Y a la tarde, Melilla. Según las informaciones que publicado este martes ‘El País’ junto a otros medios como ‘Le Monde’, ‘Der Spiegel’ y ‘Enass’, uno de los testigos de la tragedia de la valla de la ciudad autónoma acaecida el pasado 24 de junio asegura que una persona murió del lado español, mientras que en las imágenes se ve a los propios agentes marroquíes tomando el pulso y confirmando la muerte.

Este testigo identifica a un amigo como el fallecido que se ve en el vídeo, en el que se muestra a los agentes marroquíes arrastrándolo de su lado de la frontera desde la zona que se ha identificado en la investigación como española.

134 subsaharianos de los 2.000 que intentaron cruzar a España consiguieron llegar al Centro de Internamiento de Extranjeros de Melilla. Según el Defensor del Pueblo, 470 fueron devueltos ‘en caliente’ a Marruecos desde el lado español. Aquel día fallecieron al menos 23 personas, aunque hay organizaciones que cifran en más los muertos.

El Ministerio del Interior, en una nota publicada durante la tarde, ha negado la mayor. El departamento dirigido por el ministro Fernando Grande-Marlaska asegura que estas informaciones “difunden hipótesis y conjeturas que carecen de cualquier base probatoria seria”.

“Desvirtúa la realidad de los hechos”, indica Interior en su comunicado, en el que insiste, como ha hecho el ministro en numerosas ocasiones, en que “la actuación de la Guardia Civil fue absolutamente proporcional, profesional y ajustada a derecho”. “El trabajo de la Guardia Civil no tuvo ninguna incidencia en los fallecimientos y ninguna muerte tuvo lugar en territorio nacional”, agrega el texto.

Explicaciones que no convencen ni a sus socios, que han sido habitualmente muy críticos con Marlaska y que han pedido reiteradamente su dimisión por este asunto, ni por supuesto al PP, que ha convocado con urgencia una rueda de prensa para exigir el cese del titular de Interior.

Esteban González Pons ha sido el encargado de poner cara a la respuesta del PP a las publicaciones periodísticas sobre Melilla. Compungido, el dirigente del PP ha asegurado que este martes es “uno de los peores días para el Estado de Derecho”.

El vicesecretario de Institucional del PP ha exigido la dimisión “esta misma noche” del ministro del Interior y ha reclamado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que si no se produce la dimisión a medianoche sea él quien le cese “por la mañana”.

“No vamos a entrar en la hipocresía, en lo hipócritas que suenan ahora todas las frases de Podemos y PSOE sobre el rechazo en frontera”, ha dicho González Pons, quien no ha querido entrar a valorar por qué le parece distinto este caso al del Tarajal, cuando en 2014 la Guardia Civil disparó a varios migrantes que trataban de entrar a Ceuta a nado, muriendo una quincena ahogadas. “Si me pregunta por algo que pasó en el 2014, pues no lo sé”, ha contestado.

Acababa así un día largo para el Gobierno, al que se le han acumulado muchos frentes en muy pocas horas y que tendrá que lidiar con todas estas polémicas durante los próximos días.

El primer envite llegará este miércoles en la sesión de control en el Congreso. Será el propio Sánchez quien dé la cara y responda desde el mismo escenario del que salió, hace apenas unos días, con una sonrisa de oreja a oreja tras aprobar los Presupuestos.

La semana se promete larga para el Ejecutivo. Como lo ha sido este martes.