La Fiscalía pide 10 años para los dueños de Magrudis por la listeriosis en la carne mechada

La Fiscalía pide 10 años para los dueños de Magrudis por la listeriosis en la carne mechada

Por un delito contra la salud pública, por imprudencia grave, con homicidio, por lesiones, por defraudación del fluido eléctrico y falsedad en documento oficial.

Antonio Marín, responsable de Magrudis, llevado por la Guardia Civil a los juzgados de Sevilla, en septiembre de 2019. Europa Press News via Getty Images

La Fiscalía ha pedido en sus conclusiones provisionales 10 años de prisión y distintas multas para los dueños de la empresa sevillana Magrudis, entre otros acusados, por el brote de listeriosis en carne mechada de 2019, el mayor en España hasta el momento y que provocó cuatro fallecimientos, siete abortos y lesiones a unas 240 personas.

Según recoge el escrito del Ministerio Público, al que ha tenido acceso EFE, los hechos constituyen un delito contra la salud pública en concurso ideal, por imprudencia grave, con cuatro delitos de homicidio, siete de lesiones al feto y 235 de lesiones, además de otro de defraudación del fluido eléctrico, y uno más de falsedad en documento oficial.

En concreto, la Fiscalía reclama para el administrador de hecho de Magrudis, sus dos hijos y su mujer cuatro años de prisión y una multa de 1.620 euros por el delito contra la salud pública, además de otros seis años de prisión y la inhabilitación para comerciar con productos cárnicos durante ocho años por el de homicidio por imprudencia grave.

Por el delito de defraudación eléctrica, a raíz de una derivación ilegal detectada en una nave, solicita para todos ellos multa de 1.440 euros, mientras que por el delito de falsedad pide adicionalmente un año y medio de cárcel y multa de 1.620 euros para dos de los principales acusados y un arquitecto que fue contratado por la empresa.

En concepto de responsabilidad civil, los acusados -a excepción del arquitecto-, deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Sevilla en la cantidad de 141.040 euros y a la Junta de Andalucía en 800.000 euros por los gastos originados en ambas administraciones, de los que podrá responder la compañía de seguros.

En cuanto al procesamiento de una veterinaria del Ayuntamiento de Sevilla, la Fiscalía no cree que su conducta constituya una imprudencia grave que determine su responsabilidad penal en los resultados lesivos producidos, aunque sí cree que deben generar responsabilidad de tipo civil para el Consistorio.

Todo ello, añade el Ministerio Público, por la falta de control sanitario y de autorizaciones que le competen.

Una ocultación “deliberada”

La Fiscalía recoge en su escrito que las actuaciones se iniciaron a raíz de los casos de intoxicaciones por listeria registrados en diferentes comunidades autónomas, causados por una bacteria denominada “listeria monocytogenes” y asociada al consumo de carne mechada de la marca La Mechá.

Este brote de intoxicación alimentaria dio lugar a declarar el nivel 1 de estado de alarma, con fecha en agosto de 2019.

Los principales acusados, como responsables de Magrudis, sabían que estaban llevando a cabo un proceso de elaboración “con deficiencias sanitarias”, y riesgo “grave o muy grave” para los posibles consumidores en caso de comercialización.

Al respecto, explica que no pusieron los hechos en conocimiento de las autoridades sanitarias, ni al Ayuntamiento de Sevilla ni a la Junta de Andalucía, por lo que lo “ocultaron de forma deliberada”. Ello implicó que un producto nocivo para la salud fuera puesto en el mercado, se perdiera el dominio sobre el riesgo creado y se causasen daños graves de diversa consideración, “eludiendo todas las obligaciones legales para que los productos alimenticios cumplan los criterios biológicos pertinentes”.

Según la Fiscalía, la responsabilidad civil del Ayuntamiento de Sevilla, que deberá asumir las consecuencias de su inacción, responde a su “acción deficiente y tardía”.

Este escrito del Ministerio Público se produce después de que el Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla acordara este verano continuar el proceso contra siete de los investigados y declarar responsable civil al Ayuntamiento de Sevilla, junto a la compañía de seguros AXA.