ECONOMÍA
19/08/2020 14:31 CEST

¿Está España preparada ante el reto laboral de una segunda ola del coronavirus?

Mirando de reojo la subida de los contagios, el Gobierno acelera la ley para regular el trabajo en casa y la ampliación del paro temporal

Miguel Pereira via Getty Images
Virginia Béjar, fotógrafa, trabajando el pasado mayo en su casa de Majadahonda (Madrid) con su hija Olivia, de seis meses, en brazos.

Nos las prometíamos muy felices, pero no. Pensamos que con el estado de alarma, el encierro y el esfuerzo colectivo, oxigenado fase a fase, el coronavirus estaría derrotado para el verano. Y, sin embargo, aquí estamos, con el sudor frío de la nueva escalada, debatiendo si ya se puede hablar o no de “segunda ola”. Si llega, en estas semanas o entrado el otoño, ¿estamos preparados para abordarla en el plano laboral?

Faltan dar pasos concretos. Desde el Gobierno prometen que serán “inmediatos” en tres frentes: el teletrabajo, la conciliación y los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE). El trabajo en remoto ha sido una de las revoluciones de este tiempo extraño: si en 2019 sólo el 4,8% de los trabajadores desempeñaba su jornada desde casa, hoy la cifra supera el 30%, según datos de Eurofund. El pasado abril, durante los peores días del confinamiento, se alcanzaron picos de hasta 3,2 millones de teletrabajadores.  

Ha sido un tiempo de adaptación urgente, ya que el 68% de las empresas no contaba con un protocolo de teletrabajo, según el informe Conversaciones: remuneraciones y el Covid-19, de KPMG, que pese a todo reconoce que ha habido un éxito razonable a la hora de emplear los medios existentes y de organizar los recursos de partida. Javier Hervás, socio responsable de Laboral de KPMG Abogados, explica que “el teletrabajo masivo ha sido consecuencia de un proceso de reacción ante la crisis, sin que haya existido un proceso de reflexión y aceptación entre la empresa y el trabajador. Tendremos que ver cómo resulta finalmente su encaje en la normativa”. 

Es lo que más preocupa ahora: sacar adelante la ley que regule una práctica hasta ahora minoritaria y sobre la que hay demasiadas lagunas. Como dice la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es “insuficiente” lo que ahora mismo recoge el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 13. Hace falta un marco legal que contemple esta nueva realidad y justo eso es lo que se está negociando con sindicatos y patronal, en unos contactos que han dado como fruto ya varios borradores y que se retoman en septiembre. 

“El teletrabajo ha sido sin duda una medida muy eficaz para proteger la salud de los trabajadores, y ha quedado demostrado que en determinados sectores es posible prestar servicios a distancia, aunque el trabajo presencial presenta algunas ventajas frente al teletrabajo, por lo que una fórmula mixta puede ser una buena solución”, afirma Hervás. Es lo que más repiten los expertos: equilibrio, sentido común, prioridades.

Todo el debate se juega entre los límites y las oportunidades de un modo de empleo al que la España de los horarios tardíos y la silla caliente no estaba acostumbrada. Los borradores adelantados por medios como Eldiario.es o El Mundo avanzan como pilares de la norma la delimitación del tiempo laboral y el personal -en la práctica, las lavadoras se mezclan con las llamadas de clientes, la cocina con los zooms-. Se está evaluando la igualdad de salario y de trato de quien va a la oficina o se queda en casa, la voluntariedad de la medida, el uso de equipos o herramientas laborales... 

Dos de los puntos cruciales son los horarios (los periodos de descanso, la duración máxima de la jornada, el horario flexible, las franjas de disponibilidad obligada, la desconexión digital) y la compensación de gastos (habrá derecho a compensaciones, por ejemplo por ordenadores, pero no se pagará la luz, el agua o el gas que se gaste en casa, y todo dependerá de los bonos que se pacten en los convenios colectivos). La CEOE pone pegas a que sea suficiente con realizar un 20% de la jornada en remoto –el equivalente a un día a la semana– para que se considere teletrabajo, un punto que posiblemente no salga adelante. 

Los principales sindicatos, CCOO y UGT, avisan de que hay que afinar en cuanto al control de la intimidad -el uso de cámaras, la grabación de audios, la geolocalización o la descarga de programas- y la protección de datos y la ciberseguridad, además de en cómo se aplica el teletrabajo en el caso del funcionariado. Igualmente, consideran imprescindible el registro de jornada, otra incógnita. 

Empleadores y centrales sindicales, más allá de los típicos roces de toda negociación, confían en un acuerdo temprano, porque no queda otra. La ministra Díaz parte con dos grandes conquistas previas, las del salario mínimo y la de los ERTE, que auguran un nuevo entendimiento. 

Hay grandes firmas que, aprovechando los buenos datos que ya se estaban logrando contra el virus y las vacaciones de verano, estaban comenzando a retomar el trabajo presencial. Habrá que ver la evolución de los datos para ver si es posible mantener ese medio gas o volver al cerrojazo. Por ahora, consultoras, firmas de capital, petroleras o incluso medios de comunicación empiezan a abrir con presencia rotatoria de empleados, espacios acotados, mascarillas en zonas comunes, control de temperatura y protocolos de contacto. 

¿Es eso conciliar?

La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles (ARHOE) tiene claro que no ha habido teletrabajo como tal, sino “un tiempo de trabajo en casa forzado”, y que eso tampoco ha permitido conciliar empleo y familia, sino que ha habido una “estancia obligada en casa con las unidades familiares” de cada cual. Pero sin orden, no son merecedoras de los nombres que les hemos dado con demasiada facilidad. Si no hay ley de teletrabajo y, sobre todo, si no hay escuelas, estaremos de nuevo en las mismas. 

“Lo que pase con los colegios es determinante, obvio. El teletrabajo busca una mejor vida personal y familiar, pero la precipitación, la urgencia de estos meses, más lo inusitado de las decisiones tomadas ha hecho que sea imposible encajar bien ambas realidades. Hay que ser conscientes de que el cuello de botella puede llegar de nuevo y estar preparados para ellos. El desgaste es muy alto”, explica la psicóloga Teresa Ruiz

La experta aplaude la ley de trabajo en remoto, pero reclama que, en paralelo, se apruebe otro “articulado, pacto o disposición” por la conciliación, específicamente. “Es una cuestión de productividad, de salud mental y también de igualdad, porque las mujeres son las que peor paradas salen con la doble carga. Ahí están los datos de cuántos hombres han aprovechado la pandemia para formarse desde casa y cuántas mujeres. No puede ser que una crisis así nos haga aún más invisibles”, señala. 

Ruiz propone que, si hay que repetir el encierro y el trabajo forzoso en casa, los ciudadanos se aferren a cinco principios básicos, “que pueden desmoronarse si hay niños de por medio, según las edades, pero que hay que intentar aplicar”. A saber: hay que imponerse un horario y marcarse objetivos “claros y realizables”, con fechas de entrega a ser posible; hay que entender que “la tecnología es amiga” y usarla para no sentirnos desbordados; evitar la procrastinación, y delimitar espacios de trabajo. El reto: “Podernos centrar, escapar del peligro de los tiempos muertos y ser profesionales y miembros de una familia sin enloquecer”. 

Prórroga para los ERTE

Ese es el escenario para quienes trabajan, pero en el horizonte está también la posibilidad de que se produzca un nuevo frenazo económico, fruto del incremento de casos. Si hay confinamiento, habrá cierre de empresas no esenciales, así que comenzará de nuevo el ciclo de retraimiento del consumo y producción congelada. El verano, que era la esperanza, no ha dado para mucho, y menos aún en el turismo, que sigue siendo la gallina de los huevos de oro. 

Las previsiones son negras para el empleo: el Banco de España prevé que la tasa de paro este año alcance el 18,1% -en el mejor de los casos- y hasta el 23,6% -en el peor escenario-. La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) apunta a que rondará el 20% a finales de año si hay una segunda oleada de Covid-19, que subiría al 21,9% en 2021. 

España es más vulnerable, de inicio, porque partía con la desventaja del alto desempleo previo, los excesivos contratos temporales y la dependencia de sectores muy atacados por la pandemia. De ahí que se actuase rápido aprobando unos ERTE con beneficios para empresas y trabajadores que amortiguaran el golpe. Un millón de trabajadores siguen bajo esta figura en este momento y se espera que el número crezca tras el verano. Entre marzo y mayo, los peores meses, llegaron a estar 3,7 millones de españoles bajo este paraguas.

Gobierno, sindicatos y patronal están negociando, con unos plazos similares a la ley del teletrabajo, para prorrogar los ERTE. Ya se amplió su vigencia inicial hasta pasado el verano y ahora la ministra Díaz pretende extenderlos hasta final de año. “No tendría sentido dejar caer ahora un sistema de protección tan importante como el que ha diseñado el Gobierno (...). Ahora es el momento decisivo. El último trimestre es clave”, dijo a principios de agosto. 

Por los otros dos ministros más implicados en el proceso, los de Industria, Reyes Maroto, y Seguridad Social, José Luis Escrivá, tampoco habrá problemas para la prórroga. En el tiempo por venir, toca pensar diferente en este aspecto, pero con todas las garantías laborales, avisan los sindicatos, que prometen estar muy pendientes. UGT insiste en que hay que revisar todos los sectores, cada cual afectado de una manera, y ser rígidos con los posibles fraudes y con las firmas que quieran las ayudas pese a no tener posibilidad de recuperación.  

Pendiente de debate debe estar otra cosa esencial: el dinero para ayudar a quien se quede sin prestación. Serían 460 euros al mes durante tres meses, que pueden beneficiar a unas 550.000 personas, pero las centrales sindicales aspiran a subir la cuantía y el tiempo de protección. 

Para todo ello, España acaba de pedir a la Comisión Europea 20.000 millones de euros del llamado SURE, un fondo de emergencia contra el desempleo, con el que quiere financiar los ERTE y los cese de actividades de autónomos. Estos últimos reclaman ayudas extra, porque un nuevo confinamiento sería “catastrófico” y, según sus datos, el 72% de los empleados autónomos se planteará cerrar o reducir su negocio si llegamos a ese punto. Son datos de un sondeo de ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos. “Los ERTE han venido a quedarse estructuralmente”, se lamenta justamente el ministro Escrivá.

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