12 'points' en genocidio, ocupación y apartheid: las credenciales de Israel para Eurovisión

El pasado diciembre, la Unión Europea de Radiodifusión (UER) aprobó un nuevo reglamento que, en la práctica, blindaba la participación de Israel en Eurovisión. La norma hecha ex profeso llevó a la retirada del festival de España y otros cuatro países (Eslovenia, Irlanda, Islandia y Países Bajos), como señal de protesta. No sólo se estaba atentando, entendían los críticos, contra los principios fundacionales del concurso, sino que se aplicaba un doble rasero, si miramos a otros conflictos. 

Basta con reparar en Rusia y su invasión de Ucrania, vieja ya de cuatro años largos, para ver esa vara dispar: su expulsión se justificó por la violación de "valores", por el riesgo de politizar este "evento cultural", por los problemas posibles que traería -de la seguridad a la reputación, pasando por el boicot de otras naciones- y por la incompatibilidad con el "servicio público" del ente público ruso. Desde 2022, no ha vuelto. 

Todo ello, hoy, se puede decir de Tel Aviv y, sin embargo, este sábado el cantante Noam Bettan se subirá al escenario de Viena (Austria) en representación de su país, como si nada pasase. Pero el caso es que pasa. Pasan los crímenes de guerra, el genocidio, la ocupación y la política de apartheid. Pasa en Palestina, en Líbano y en Irán. 

En El HuffPost hacemos repaso de los frentes que hoy tiene abiertos el Gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, las credenciales para Eurovisión que unos no ven y otros denuncian. 

Gaza, la barbarie

El ensayista Pankaj Mishra, autor de El mundo después de Gaza (Galaxia Gutenberg), sostiene que la ofensiva de Israel sobre la franja "es una profecía de la barbarie del futuro, como lo fue la Guerra Civil española en el siglo XX con los nazis". "Nos queda un mundo sin normas, sin reglas ni protocolos (...). Lo que está sucediendo en Palestina no es algo que pueda limitarse a Palestina. Nos afecta a todos, en todo el mundo", advierte. "Los vídeos que llegan de Gaza tendrán la misma trascendencia y resonancia que el Gernika de Picasso", augura, además. 

La visión del escritor indio señala una toma de conciencia futura. Hoy, sin embargo, aún pesa la inacción. Ni hay soluciones justas y duraderas para la franja (y toda Palestina, por extensión) ni hay asunción de responsabilidades por lo ocurrido y lo que sigue ocurriendo. 

El 7 de octubre de 2023, el partido-milicia Hamás lanzó una serie de ataques coordinados en suelo israelí que dejaron 1.200 muertos y 251 secuestrados. La mayor tragedia desde la creación del Estado, el día más negro desde el Holocausto. En respuesta, su Ejército lanzó una operación sistemática que mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Causó también 172.555 heridos también. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de personas desaparecidas entre las ruinas.

Para quien sospeche de la ONU como partidista: dice el Peace Research Institute of Oslo (PRIO), en un informe verificado y publicado por la revista científica The Lancet, que "las investigaciones muestran que el número de muertos en Gaza es mayor que el reportado". Cuando el Gobierno de Hamás ya reportaba 49.000 muertes, en realidad superaban las 75.200. "Las mejores y más fiables fuentes de datos sobre conflictos sólo contabilizan las muertes de las que tienen certeza. Dado que existe tanta incertidumbre, esto conlleva una subnotificación sistemática", sostienen los expertos. Y lo que queda por saber. 

Eso, hasta octubre de 2025, cuando las dos partes enfrentadas firmaron un alto el fuego que sólo existe sobre el papel, porque se incumple a diario: la ONU sostiene que al menos 786 palestinos más han muerto a manos de Israel desde entonces. Los heridos son unos 2.217. A septiembre de 2025, al menos 41.844 personas vivían con lesiones graves relacionadas con el conflicto, como amputaciones, que requerían rehabilitación a largo plazo.

El informe Evaluación Rápida de Daños y Necesidades de Gaza, elaborado por la ONU, el Banco Mundial y la Unión Europea, difundido el 20 de abril pasado, expone que la franja ha retrocedido 77 años por los ataques de este tiempo. Casi 1,9 millones de personas se han tenido que desplazar de sus hogares -dentro del territorio, ya que Israel controla sus fronteras e impide las salidas de los civiles- y más de 1,2 millones de palestinos en la zona han perdido sus hogares (60% del total). Aproximadamente el 90% de los edificios residenciales han sufrido daños o destrucción total. 61 millones de toneladas de escombros siguen en sus calles, pero Israel limita la entrada tanto de medios como de personal y fondos para su retirada. 

Hoy, menos de la mitad de los hospitales y menos del 38 % de los centros de atención primaria de salud siguen funcionando parcialmente. Más del 40 % de las embarazadas y los lactantes padecen ahora mismo desnutrición grave, y dos tercios sufren anemia. Todos los centros educativos han sido alcanzados. La economía de Gaza se ha contraído un 85%, mientras que la ayuda humanitaria prometida entra a un ritmo menor del acordado en el armisticio impulsado por Estados Unidos, denuncia la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en el Territorio Palestino Ocupado (OCHA oPt).

La franja mediterránea está hoy supuestamente inmersa en la segunda fase de la hoja de ruta propuesta por Washington, que deben llevar a la desmilitarización de las milicias palestinas, el establecimiento de una administración tecnócrata local, el inicio de la reconstrucción (para la que se necesitan 71.400 millones de dólares en los próximos diez años) y el despliegue de una fuerza internacional, todo bajo la supervisión norteamericana. Israel sigue dominando el oeste de la franja, parapetado tras la llamada línea amarilla, que marca su nivel de ocupación por tierra, sobre poblaciones civiles o campos de labor. 

En este tiempo, Israel ha sido señalado por cometer crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos y genocidio, pero niega la mayor: insiste en que su Ejército es "el más moral del mundo" y que sus ataques son en legítima defensa. Las escasas investigaciones que se han llegado a abrir se han cerrado sin grandes consecuencias para los implicados. En el caso del "genocidio", la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los territorios palestinos ocupados afirmó en septiembre de 2025 que se estaba cometiendo. Fue la primera vez que se reconoció formalmente. 

Tras una revisión de los acontecimientos desde el 7-O, sus expertos entendieron que "al matar, causar lesiones físicas o mentales graves, someter deliberadamente a condiciones de vida para destruir a los palestinos, e impedir la natalidad en Gaza, las autoridades y fuerzas israelíes perpetraron cuatro de los cinco actos genocidas definidos en  la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948, para evitar ese crimen". "Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio", declaró la presidenta de dicho organismo, Navi Pillay.

Unas palabras que se repiten, altamente coincidentes, en informes previos y posteriores de organizaciones de referencia en la defensa mundial de los derechos humanos, de Cruz Roja a Amnistía Internacional, pasando por Human Rights Watch.

El comisario australiano Chris Sidoti dijo entonces que "las muertes no son accidentes, no son daños colaterales. Son el resultado de una estrategia militar de bombardeos intensivos y tierra quemada en lo que respecta a la infraestructura de Gaza y a la población de Gaza". "Residencias, casas, hospitales, universidades, escuelas, museos, iglesias, mezquitas, sitios arqueológicos, carreteras, instalaciones agrícolas, la industria pesquera (…) Nuestro informe ha dibujado la imagen completa durante dos años de la destrucción. Y la destrucción es tal, unida a la política de hambruna, que las condiciones para la vida son insostenibles", añadió. 

En las conclusiones, se recordaba que las operaciones entre 2023 y 2025 no eran nuevas, sino que se sumaban "a décadas de ocupación ilegal y represión bajo una ideología que exigía la expulsión de la población palestina de sus tierras y su reemplazo". Gaza está sometida al cerco de Israel por tierra, mar y aire desde 2007, tras la victoria electoral de Hamás, y en todo este tiempo ha limitado la entrada de alimentos o medicinas o la salida de civiles enfermos. Hasta ha llegado a calcular las calorías justas que podía dejar pasar para que los gazatíes no se murieran de hambre y tener al mundo en contra. 

Ahora, esa barrera también se ha cruzado. Así, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por cargos que incluirían crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en esta guerra. Por lo mismo, se perseguía a tres líderes de Hamás ya dados por muertos. En el caso de los dirigentes israelíes, los jueces indicaron haber encontrado "motivos razonables" para creer que "son responsables penalmente de los siguientes crímenes como coautores por haber cometido los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de hacer morir de hambre como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos".

La Corte -que ya había reclamado ese mismo año que se hicieran hacer mayores esfuerzos para evitar más muertes y daños en Gaza- también halló bases para pensar que Netanyahu y Gallant tienen responsabilidad penal, como superiores civiles, por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil. Las atrocidades se habrían perpetrado “al menos” desde el 8 de octubre de 2023 hasta “al menos” el 20 de mayo de 2024, detalló la instancia penal. 

Hay constancia de que este tipo de comportamientos siguieron durante toda la ofensiva, documentados por ONG internacionales (con presencia limitada sobre el terreno, pero suficiente para denunciar lo que ven) y la prensa local (los únicos ojos en la zona, toda vez que Israel impidió e impide la entrada de informadores internacionales a la franja). La sala también concluyó que los presuntos crímenes contra la humanidad "formaban parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil de Gaza".

Gallant no se ha movido de Israel en este tiempo, pero sí lo ha hecho Netanyahu. Sin embargo, ha viajado a países amigos que sabía que no iban a proceder a su detención, como EEUU o Hungría. 

En el plano judicial, el 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó también una denuncia contra Israel por "genocidio" en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el tribunal de la ONU encargado de dirimir disputas entre Estados. Pretoria, que históricamente ha mostrado una formidable solidaridad con Palestina y ha denunciado las políticas de "apartheid" de Israel, como las que los blancos impusieron contra los negros en su país, invocó "sus derechos y obligaciones" para impedir el genocidio y "proteger a los palestinos de Gaza de la destrucción". Estos derechos y obligaciones se ejercen en el marco de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

La denuncia se ha visto reforzada, con los meses, por países como España: hasta 18 naciones se han sumado a la solicitud, presentando intervenciones formales ante la CIJ, indica la Observer Research Foundation. 

En marzo de 2025, además, la misma Comisión Internacional Independiente de la ONU había publicado otro informe específico que concluye que Israel ha utilizado la violencia sexual y reproductiva contra los palestinos "como parte de un esfuerzo más amplio para socavar su derecho a la autodeterminación, y ha cometido actos genocidas mediante la destrucción sistemática de instalaciones de atención de la salud sexual y reproductiva". Se aplica "como una estrategia de guerra de Israel para controlar y destruir al pueblo palestino", ahonda. 

Aunque hace referencia a toda Palestina (Gaza, Cisjordania y el este de Jerusalén), añade casos de la franja muy representativos. Un testigo del hospital de al-Awda declaró: "Vi a una mujer embarazada a la que dispararon y mataron cuando se acercaba al hospital. La dejaron allí desangrándose. Nadie consiguió rescatarla porque el hospital estaba sitiado por las fuerzas israelíes. La encontraron en estado de descomposición unos 20 días después".

Todas las naciones del mundo aprobaron los Convenios de Ginebra para proteger a los más vulnerables durante los conflictos armados, pero en Gaza todos los días se pasan por alto esas reglas o hasta se las tergiversa para justificar la violencia. Matar a civiles, disparar a edificios no militares o a infraestructuras esenciales como las del agua o la electricidad, usar el hambre como arma de guerra, desplazar forzosamente a la población... El catálogo es amplio. Y dura. 

Cisjordania y Jerusalén, el ángulo ciego

Las violaciones de derechos humanos de Israel van más allá de Gaza y saltan a Cisjordania y Jerusalén Este, los otros dos territorio de lo que, un siglo de estos, los palestinos esperan que sea su Estado. En el caso cisjordano, al iniciarse la ofensiva sobre la franja, se declaró una especie estado de excepción que mantiene la zona prácticamente bloqueada. Se han multiplicado los controles, las redadas, los cortes de carreteras y accesos, los permisos de trabajo o paso... hasta hundirla económicamente y cortar lazos esenciales de vecindad y familia. 

La Comisión de Investigación Independiente sobre los Territorios Palestinos Ocupados, en septiembre del pasado año, publicó otro informe en el que afirma que Israel tiene la "clara intención de trasladar por la fuerza a los palestinos y expandir la presencia civil israelí y anexar la totalidad de Cisjordania, impidiendo cualquier posible autodeterminación y la creación de un Estado palestino, manteniendo una ocupación indefinida". "Estos planes no son ocultos. Son proclamados con orgullo. Confirman lo que venimos documentando: una política sistemática de despojo territorial y limpieza étnica", denunció Pillay.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, en su informe de situación más reciente, expone que hoy hay 925 obstáculos a la circulación en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, "la cifra más alta registrada en los últimos 20 años y un 43% superior al promedio de las últimas dos décadas". Desde enero de 2023, 45 comunidades palestinas han sido desplazadas por completo en Cisjordania debido a los ataques de los colonos y las restricciones de acceso relacionadas, incluidas nueve comunidades en el presente año. Asistir a la escuela, en esas circunstancias, es milagroso. 

Sobre los ataques de colonos (unos 700.000 residentes ilegales, dice la ONU), desde principios de 2026 se han registrado unos 680 ataques de sus miembros en más de 200 comunidades palestinas. Eso supone una media de seis diarios. En este territorio, desde octubre de 2023, los ataques de tropas y colonos de Israel han dejado más de 1.070 palestinos muertos. Sólo desde enero de 2025, han sido asesinados 70 menores, mientras que otros 850 resultaron heridos. Son datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), de esta misma semana. "Lo que está ocurriendo no es solo una escalada de violencia contra los niños palestinos, sino el desmantelamiento progresivo de las condiciones que necesitan para sobrevivir y crecer", sostiene su último informe.

En julio de 2024, la Corte Internacional de Justicia declaró ilegal la ocupación de Israel de los territorios palestinos y pidió la evacuación de todos los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este. "El abuso continuado por parte de Israel de su posición como Potencia ocupante, mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el Territorio Palestino Ocupado y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, viola principios fundamentales del derecho internacional y hace ilegal la presencia de Israel en el Territorio Palestino Ocupado", se lee en su resolución. 

Desde dentro de Israel, la ONG israelí B'Tselem (el Centro de Información Israelí para los Derechos Humanos en los Territorios Ocupados) publicó en marzo de 2025 un dossier titulado La doctrina Gaza en el que da cuenta de cómo las acciones de Tel Aviv en Cisjordania se asemejan a las de la franja, donde han afinado "tácticas y estrategias" de combate que ahora reproducen a otra escala. El objetivo de esta "gazificación" es similar: sacar al máximo de población de sus hogares, forzar su desplazamiento y, más tarde o más temprano, su marcha, y ahondar en la ocupación cisjordana. Hay posiciones, como en Yenin, donde el Ministerio de Defensa israelí ya ha dicho que su gente no se irá "en un año". En esas circunstancias, el retorno es imposible.

Más de 10.000 palestinos (al menos 3.000 menores de edad) han sido desplazados por demoliciones, ataques de colonos y restricciones de acceso en los dos últimos años: se han destrozado, confiscado, sellado o forzado 3.590 residencias en este tiempo, pero la cifra, asume la ONU, es conservadora, porque es complicado acceder a determinados puntos, al aumentar el control y el veto de Israel. 

Lejos de frenarse por la profusión de informes que lo señalan, Israel va a más. El pasado febrero, dio dado luz verde a una propuesta para registrar extensas áreas de Cisjordania como "propiedad del Estado". En la práctica, esto significa incorporarlas al registro israelí como tierras estatales, un movimiento que no se había producido de esta forma desde que el ejército ocupa ese territorio en 1967. Netanyahu da gusto, así, a los socios ultranacionalistas y religiosos que ansían ver cumplido el suelo bíblico del "Gran Israel". El Tribunal Internacional de Justicia de la ONU ya afirmó en 2024 que la ocupación militar en Cisjordania "equivale a una anexión permanente" y denunció una violación de la jurisdicción internacional.

También, Tel Aviv profundiza en su política de apartheid, o sea, de tratamiento distinto a los palestinos a los que ocupa y de cuyo bienestar debería responder, como potencia ocupante, dice el derecho internacional. Fue en 2022, o sea, antes de la guerra en Gaza, que la ONU ya se atrevió a usar este término para definir un sistema que discrimina, separa y privilegia, desde el acceso y el tránsito a la tierra propia a los servicios esenciales. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional considera el apartheid como un crimen de lesa humanidad. 

El último ejemplo de esta política ha sido la aprobación de un texto que establece la pena de muerte para los condenados por asesinato con motivos "terroristas", que de facto afecta sólo a los palestinos. Pasó en marzo por la Knesset y fue celebrada con champán por los coaligados con Netanyahu. 

En marzo, un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos por la relatora Francesca Albanese documentaba, también, el uso generalizado de torturas en centros de detención y como parte de un entorno de destrucción colectiva en toda Palestina ocupada. "Israel ha institucionalizado la tortura como un elemento estructural del genocidio y el apartheid colonial contra el pueblo palestino", se indica. "La tortura no es violencia incidental. Es la arquitectura del colonialismo de asentamiento, construida sobre la base de la deshumanización y mantenida por una política de crueldad y tortura colectiva", destaca. 

Según el informe, más de 18.500 palestinos han sido arrestados desde octubre de 2023, incluidos más de 1.500 niños. Al menos 9245 permanecen en centros de detención israelíes, donde se documentan prácticas como palizas, violaciones, inanición, desnudez forzada, privación de atención médica y uso de perros, descargas eléctricas y aislamiento prolongado. 4.000 están desaparecidos.

En la parte de las violaciones se añaden las sexuales, también, como las desveladas esta semana por el diario norteamericano The New York Times: el reputado reportero Nicholas Kristof afirmó haber entrevistado a 14 hombres y mujeres palestinos que describieron agresiones y otros abusos durante su detención o ataques perpetrados por las fuerzas israelíes y los colonos. El gabinete israelí lo ha tildado de libelo de sangre y sostiene que no tiene pruebas de lo expuesto. 

Líbano, el frente eterno

Tras los ataques de Hamás de 2023, milicias armadas de todo Oriente Medio se sumaron a su guerra con Israel. Formaban parte del llamado Eje de Resistencia, patrocinado por Irán. Hablamos de rebeldes iraquíes, los hutíes de Yemen y, sobre todo, de Hezbolá, el partido-milicia libanés. Los chiíes empezaron a disparar proyectiles al norte de su vecino y, desde entonces, no ha habido paz en esa frontera, pese al alto el fuego de 2024. 

El pasado 28 de febrero, Israel lanzó conjuntamente con EEUU una ofensiva sin precedentes contra Irán que, en pocas horas, fue respondida también por Hezbolá. Desde entonces, la situación se ha descontrolado hasta generar la peor crisis en décadas. Las operaciones israelíes han causado al menos 2.500 muertos y 1,2 millones de desplazados, según el balance oficial. Refugiados que de la noche a la mañana se encuentran sin empleo, sin hogar y sin perspectivas de futuro y que no se atreven a retornar al sur, la zona más afectada, porque sigue la ocupación terrestre por parte de Israel, que ha prometido destruir aldea por aldea. Palabra del ministro de Defensa, Israel Katz.

Según un estudio publicado la pasada semana por organizaciones de la ONU y el Ministerio de Agricultura libanés, más de un millón de ciudadanos se enfrentan a una grave inseguridad alimentaria. Algunas tierras de cultivo y las cadenas de suministro se han visto alteradas. 

El Consejo Nacional de Investigación Científica del Líbano sostiene que el número total de viviendas destruidas y dañadas, tanto parcial como totalmente, asciendió a 230.436 unidades durante la guerra de 2023-2024, a la que se suman otras 61.056 viviendas afectadas exclusivamente entre el 2 de marzo y el 8 de mayo del presente año, elevando el impacto humanitario y estructural a niveles "críticos". De nuevo, atacar objetivos civiles se considera un crimen de guerra. 

Por todo ello, las autoridades han solicitado un préstamo de emergencia de entre 800 millones y 1.000 millones de dólares para ayudar a las personas más afectadas por el conflicto.

Naciones Unidas ya alertó expresamente en marzo y en abril que Israel estaría cometiendo "crímenes de guerra" con sus ataques contra Líbano, sobre todo por los bombardeos contra trabajadores sanitarios y periodistas. No sólo se ha puesto en la diana a estos colectivos, protegidos por el derecho internacional, sino que la Cruz Roja denunció que se impidió el acceso de sanitarios a zonas afectadas. Israel se defiende diciendo que sus operaciones están dirigidas contra infraestructura de Hezbolá y las ha presentado como acciones defensivas destinadas a proteger su territorio. 

En este conflicto, además, se están produciendo una serie de ofensas religiosas contra población cristiana del sur del país que están siendo investigadas por el Gobierno, de un cristo decapitado por un soldado israelí a una virgen a la que le ponen un cigarro en los labios. El añadido sectario ha encendido a la comunidad internacional y hasta Netanyahu ha tenido que pedir disculpas. 

En este momento, hay conversaciones entre Beirut y Tel Aviv, con el patrocinio de EEUU, para consolidar la tregua, extenderla y abordar también otros asuntos relacionados con una potencial solución negociada al conflicto.

El más reciente: Irán 

Irán siempre ha sido EL enemigo a batir, con mayúsculas, para Benjamin Nertanyahu. La "amenaza existencial" para el pueblo judío, denuncia. Vamos camino del tercer mes de conflicto y por ahora no se ven resultados de la apuesta: ni se ha acabado con el programa nuclear de Teherán ni se ha destruido su arsenal de misiles, ni se ha cambiado al régimen de los ayatolás ni se ha producido una revolución interna. Lo que sí ha pasado es que se ha cerrado prácticamente el estrecho de Ormuz y hay una crisis económica mundial, con las conversaciones estancadas por propuestas maximalistas que ninguna parte acepta. 

Israel no quería negociar, dicho sea de paso. Una vez que ha convencido a Trump de que lo acompañe una andanada largamente soñada, no quiere retirarse sin desactivar por completo los supuestos riesgos que le supone Irán. 

Netanyahu afirmó que los ataques fueron "preventivos", es decir, que su objetivo era evitar que Irán desarrollara la capacidad de convertirse en una amenaza, bien con armas nucleares, bien con misiles más potentes. Sin embargo, la guerra preventiva carece de fundamento jurídico según el derecho internacional. El Consejo de Seguridad de la ONU no autorizó ninguna acción militar, lo que significa que nunca se utilizó la única vía legal para el uso de la fuerza en legítima defensa. Otra violación del derecho internacional. 

El Artículo 2(4) de la Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. La legítima defensa preventiva tiene prescripciones extremadamente limitadas y requiere que la amenaza sea "instantánea, abrumadora y que no permita la elección de medios". Condiciones que no existían con Irán el 28 de febrero pasado.

A eso se suma la ejecución en sí de los ataques, porque la diana de Tel Aviv no sólo han sido infraestructuras nucleares o militares, sino que ha causado bajas civiles. Las cifras de muertos oscilan entre los 3.400 y los 3.700. Todo es muy confuso por la opacidad del sistema islamista. La Media Luna Roja iraní no ofrece estimaciones de víctimas, pero sus últimas cifras indican que 61.555 viviendas, 19.000 negocios, 275 centros médicos y casi 500 escuelas resultaron dañados.

Medios internacionales como la BBC o AFP han podido confirmar numerosos edificios civiles dañados en Teherán, incluidos bloques de apartamentos y centros sanutarios alcanzados por disparos o por la onda expansiva de misiles o bombardeos, pero no más allá de la ciudad, porque las limitaciones del Gobierno impiden el movimiento de la prensa extranjera. Según la Media Luna Roja iraní, 67.414 sitios civiles han sido atacados, incluidos 498 escuelas y 236 centros de salud. Se ha reportado la muerte de más de 150 niñas en el ataque a una escuela en el sur de Irán, investigado como posible crimen contra la humanidad, pero en este caso el disparo fue de EEUU. 

También se han atacado puentes y centrales eléctricas, que mantienen desaladoras esenciales para el suministro de agua en un país con carencias, y las autoridades iraníes informaron que ataques aéreos dañaron el Instituto Pasteur, un centro clave de investigación médica, lo que representa "riesgos para la salud pública y la cooperación médica internacional".

La relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Albanese, ha acusado a Israel de estar repitiendo en sus ofensivas paralelas contra Líbano e Irán el mismo "modus operandi" que utilizó para destruir Gaza, y ello con la "complicidad" del resto de países, en particular los occidentales. Se refiere a que se violan las leyes de la guerra, sin consecuencias. Más de 100 expertos de universidades como Harvard, Yale, Stanford y California han publicado una carta en el sitio Just Security en la que denuncian que la conducta de las fuerzas estadounidenses e israelíes "plantean serias preocupaciones sobre violaciones al derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluidos potenciales crímenes de guerra".

"Los ataques directos contra la población civil y bienes de carácter civil, así como los ataques indiscriminados que no distinguen entre personas y bienes de carácter civil, por un lado, y combatientes y objetivos militares, por otro, están terminantemente prohibidos por el derecho internacional humanitario. Los ataques aéreos que afectan a escuelas, instalaciones médicas o edificios residenciales, así como el lanzamiento de misiles balísticos y otras armas explosivas con efectos en una amplia superficie en zonas densamente pobladas, suscitan graves motivos de preocupación y pueden ser constitutivos de crímenes de guerra", insiste Amnistía Internacional, que obviamente recuerda que también lo son a la inversa: Teherán no se ha cortado y ha lanzado sus ataques, también, de forma indiscriminada por países aliados de EEUU en Oriente Medio y en el propio Israel. 

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Israel lanzó una ofensiva sobre Gaza tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023, a la que formalmente puso fin el 10 de octubre de 2025 tras pactar un alto el fuego con el partido-milicia palestino. En ese tiempo, mató al menos a 72.740 personas, en su mayoría niños, mujeres y ancianos, según el Ministerio de Sanidad gazatí. Hay 172.555 heridos. Naciones Unidas reconoce que la cifra de víctimas mortales puede ascender a 100.000 por el elevado número de desaparecidos entre las ruinas. Desde la firma del armisticio, al menos 738 personas palestinas han muerto en Gaza, afirma la ONU. También cifra en 1071 el número de palestinos muertos por fuerzas de seguridad israelíes y colonos en Cisjordania desde el 7-O, incluidos 233 niños.

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado de Naciones Unidas confirmó en septiembre de 2025 que estas matanzas constituyen un caso de "genocidio" por parte de Israel. La Corte Internacional de Justicia ha ordenado a Tel Aviv que tome "todas las medidas" posibles para "prevenir” un genocidio mayor. Sudáfrica ha denunciado al país ante La Haya por este presunto delito.

En noviembre de 2024 la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por crímenes de guerra y de lesa humanidad.