Las reformas económicas de Cuba: ¿salvar la revolución o caer en brazos del capital?

Unos lo llaman realpolitik, otros pragmatismo. Unos lo interpretan como una cesión, otros como resistencia. Más allá de las etiquetas, lo cierto es que Cuba acaba de aprobar un paquete de 176 medidas que prometen provocar el mayor cambio en el modelo socialista desde 1959, desde la revolución de los barbudos. El objetivo es transparente: la supervivencia en un contexto de crisis económica desconocida en décadas, con la presión norteamericana disparada hasta el punto de amenazar con un golpe y un cambio de régimen, a la venezolana. 

El giro es significativo y fue acordado el pasado 19 de junio en la Asamblea Nacional. Cuenta con el visto bueno del expresidente Raúl Castro y del grueso del Partido Comunista de Cuba (PPC). Nadie votó en contra, el apoyo fue unánime. Tras el aplauso, vienen los interrogantes. El primero es cómo y cuándo se van a implementar los cambios, los tiempos y los mecanismos, que no contemplan por ahora alteraciones políticas del régimen pero sí forzarán a reformas legislativas o a la aprobación de nuevos articulados. El segundo, si estamos ante el abandono del modelo defendido durante 67 años y el acercamiento al enemigo, al mercado, al capitalismo. 

"No estamos renunciando al socialismo", clamó el presidente Miguel Díaz-Canel el día que se hicieron públicos los cambios, ante las dudas. "Lo que se debate aquí es el dilema de cómo continuar con el proceso de construcción socialista, que ha sufrido el bloqueo más largo de la historia por parte de la mayor potencia mundial", ahondó. 

El El HuffPost pasamos revista a las nuevas apuestas de la isla, su contexto y el debate ideológico que generan. 

176 medidas, 23 áreas, mucho por hacer

La magnitud de las transformaciones es de envergadura, porque van a repercutir de manera directa en casi la totalidad de los sectores económicos del país. Se prevé que estas medidas -176 repartidas en 23 áreas-, descentralicen aún más la economía estatal cubana. Bajo el modelo actual de la isla, el Gobierno es quien determina en gran medida qué se produce, quién lo produce, los precios a los que se venden los bienes y cómo se distribuyen los recursos del país.

A partir de ahora, los capitales foráneos no se verán en la obligación de constituir consorcios mixtos con las autoridades locales, suprimiendo de este modo una condición histórica que imponía a la Administración cubana como copartícipe forzoso en cualquier proyecto de inversión internacional. 

Asimismo, se autorizará por primera vez el establecimiento de entidades bancarias de capital privado en el sistema financiero de la isla, un paso que igualmente quiebra el monopolio gubernamental mantenido durante varias décadas.

Las regulaciones generales sobre los precios -unos mecanismos que las propias autoridades reconocieron como ineficaces para contener la escalada inflacionaria y que, por el contrario, fomentaron la comercialización informal de mercancías- quedarán sin efecto, siendo reemplazadas por un sistema de subvenciones focalizadas. Se promete que estarán dirigidas exclusivamente a los sectores de la población en condiciones de vulnerabilidad. Actualmente, sólo los organismos estatales y los bancos pueden cambiar divisas, por lo que mucha gente recurre a ese mercado heterodoxo. 

En lo concerniente a los derechos de propiedad privada, que es otro de los intocables del sistema hasta ahora, las modificaciones introducidas marcan una ruptura profunda con las políticas que se venían implementando tradicionalmente. De acuerdo con las explicaciones ofrecidas por Manuel Marrero, el primer ministro, en las dos horas de discurso que empleó en la Asamblea para desvelar sus planes, los activos pertenecientes al Estado podrán ser transferidos comercialmente a "organizaciones corporativas y ciudadanos individuales, tanto de origen local como internacional, lo cual contempla a los ciudadanos cubanos radicados fuera de las fronteras nacionales". Además, se dará luz verde a la promoción inmobiliaria de carácter privado por primera vez tras múltiples generaciones.

Más: se habilitará la creación de firmas comerciales de carácter privado que no estarán sujetas a restricciones en cuanto al volumen de su personal, abriendo un abanico de posibilidades para aquellos individuos que posean los fondos necesarios para emprender o hacer crecer sus actividades comerciales. Incluso permite que cadenas de comida rápida se establezcan en la isla.

El sistema de racionamiento cubano posterior a la revolución, que garantizó durante mucho tiempo el acceso a productos básicos a precios bajos y controlados, ahora será eliminado gradualmente. Sin subsidios, los alimentos y otros bienes irán llegando a precios de mercado.

Los locales también gozarán de la facultad legal de poseer más de un establecimiento de negocios y participar como accionistas en múltiples firmas comerciales, porque se introducirán nuevos modelos de organización empresarial, tales como las sociedades anónimas, configuraciones frecuentes en las economías liberales pero que habían estado ausentes en la historia reciente de Cuba, dado que la transacción de títulos accionarios introduce el riesgo de acumulación de riquezas y disparidades financieras.

En el terreno de las relaciones de trabajo, los empleadores del sector privado tendrán la potestad de contratar personal de manera autónoma, al tiempo que se autorizará la realización de operaciones de comercio exterior -tanto de compras como de ventas internacionales- sin que se requiera la mediación forzosa del aparato gubernamental. Las empresas, incluidas las pequeñas y medianas empresas , podrían pues importar y exportar mercancías directamente, en lugar de hacerlo a través de las entidades estatales que actualmente supervisan el proceso y fijan las tarifas. Estas medidas también ofrecerían incentivos para la importación de insumos y materias primas utilizadas en la producción.

Los inversionistas locales y los extranjeros contarán ahora, también, con la opción de comprar cuotas de propiedad en corporaciones que previamente operaban bajo el control del Estado. El país caribeño cuenta con aproximadamente 2.000 empresas estatales actualmente.

Los municipios también tendrán una mayor autoridad para aprobar negocios que operen dentro de sus jurisdicciones y para gestionar las relaciones con los agentes económicos, incluidas las empresas estatales, las cooperativas y las empresas privadas. Estarán capacitados para importar y exportar bienes y administrar sus propios ingresos en divisas. Cuba cuenta hoy con 168 municipios, distribuidos en sus 15 provincias.

Las recientes sanciones estadounidenses contra el conglomerado empresarial cubano Gaesa han obligado a cadenas hoteleras históricas como Meliá e Iberostar a suspender sus contratos con sus contrapartes cubanas. Por eso, entre las nuevas medidas se incluye la búsqueda de nuevas formas de aprovechar la infraestructura casi abandonada de la isla.

Como expuso Marrero ante la Asamblea, el conjunto de estas disposiciones jurídicas otorga una validación oficial al mercado en su condición de "herramienta idónea para la distribución óptima de los recursos". Lo político no se toca, salvo para una cuestión formal: se ha presentado legislación para reducir el número de ministerios de 27 a 21 con el fin de lograr una "mayor eficiencia", dice el Gramna, el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba.

El argumentario

El presidente Díaz-Canel ha declarado que el plan de emergencia y el documento político elaborado por el Comité Central del PC se basan en las experiencias de China y Vietnam, dos países comunistas que introdujeron reformas económicas orientadas al mercado manteniendo al mismo tiempo un régimen de partido único.

Aparte de buscar un aval histórico e ideológico, el mandatario ha reconocido en público que que muchas de estas propuestas se habían debatido internamente durante años, al menos desde el congreso del Partido Comunista de 2011, y que el Gobierno ha estado "posponiendo decisiones que ahora considera esenciales durante más de 15 años". "Creo que esto debía hacerse de todos modos, estuviéramos viviendo este momento o no", dijo, ante las evidentes presiones norteamericanas que han llevado la situación al límite. 

Díaz-Canel hizo hincapié repetidamente en la necesidad de que la economía creciera, de que el nivel de vida material del pueblo cubano mejorara rápidamente y de que el socialismo hiciera una revisión profunda y renovada de sus principios. "Sin riqueza, no hay nada que distribuir", avisó, subrayando que para que la justicia social tenga sentido, primero es necesario generar abundancia material. Hace casi 40 años, cuando China se encontraba en las primeras etapas de las reformas de mercado, Deng Xiaoping ya expresó una idea similar, afirmando que la pobreza generalizada no equivale al socialismo.

"El reto consiste en producir en estas condiciones, crear riqueza y luego distribuirla con justicia social y equidad, no con igualitarismo", defendió el presidente, declarando que la economía cubana tenía que deshacerse de su sistema de salario plano. Con mínimas diferencias salariales entre trabajadores con distintas cualificaciones y responsabilidades, el presidente afirmó que no existían suficientes incentivos materiales para motivar a las personas a esforzarse más o a progresar tanto a nivel personal como profesional. Su mensaje fue que el trabajo arduo, duro, no se ha visto recompensado y que los incentivos morales por sí solos no bastan para mantener la motivación a largo plazo.

Ha reconocido que pagar a los trabajadores salarios fijos complementados con raciones y subsidios era una práctica intrínsecamente mala y ha admitido que se trataba de distorsiones del socialismo y que debían cambiarse independientemente de las presiones externas a las que se enfrenta Cuba. "Existen obstáculos que no vienen de fuera ni de bloqueos. Hay lentitud, burocracia, regulaciones que asfixian a quienes quieren producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros debe ser cambiado por nosotros mismos, y necesitamos cambiarlo ahora", afirmó en su intervención de defensa del cambio.

Marrero fue en la misma línea y reiteró que las reformas "no constituyen una desviación del proyecto socialista". "Al contrario, responden a su desarrollo", dice, y a un intento de mejorarlo. En su largo discurso, mencionó los esfuerzos del expresidente Raúl Castro por actualizar el modelo económico y social de Cuba: "No ser dogmático ni inflexible, desterrar la asociación mecánica entre socialismo e igualitarismo, y reconocer que la planificación socialista no excluye, sino que debe incorporar y regular las reglas del mercado", resumió como ideario. 

Hubo una reflexión importante de Marrero al hablar del mercado, al que reconoció como "un instrumento para la asignación eficiente de recursos", una afirmación "sumamente inusual para un funcionario del Partido Comunista en Cuba", como la define la agencia Reuters. A renglón seguido, insistió en la idea de la fidelidad a las raíces socialistas de Cuba. "La actualización del modelo económico y social tiene como objetivo fundamental mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas", justificó. 

Raúl Castro participó también en la sesión por videoconferencia y envió una carta al politburó del PC y a la Asamblea calificando las medidas de "beneficiosas" e instando a su rápida implementación. Era la bendición esperada. La sesión concluyó con Díaz-Canel haciendo referencia al icónico lema de Fidel Castro: "¡Socialismo o muerte!". Fin. 

"Los Gobiernos revolucionarios ocasionalmente enfrentan circunstancias en las que la flexibilidad táctica se vuelve necesaria para preservar objetivos estratégicos", escribe, en esa línea el profesor Isaac Saney, de la Universidad Dalhousie (Nueva Escocia, Canadá), en un análisis de las medidas. Entiende que no se ha cedido el control de Cuba a los "capitalistas", las "grandes corporaciones" o las "instituciones financieras internacionales". "No hacer nada habría sido, en sí mismo, una decisión de consecuencias potencialmente devastadoras para el pueblo cubano y la supervivencia de la revolución", anfatiza. La clave es que "la independencia nacional sigue siendo innegociable", a sus ojos. 

Una cosa es la "restauración capitalista" y, otra, una "reorientación socialista". Sin los cambios, avisa, puede haber un colapso económico "profundo" que llegue a una escasez mayor, más emigración, el deterioro creciente de los servicios públicos (que han sido bandera del Ejecutivo) y el "debilitamiento de los cimientos de la revolución". Lo que había, sencillamente, era "insuficiente". 

Mercado e inversión

De aplicarse de manera coherente, y siguiendo el modelo de Canel, todas estas disposiciones podrían aproximar a Cuba a esquemas como los de China o Vietnam, otorgando un rol bastante más vasto al mercado y a la gestión privada del conocido hasta ahora. No obstante, la repercusión de las transformaciones estará supeditada menos a lo divulgado que a su ejecución real, explica el economista Martín Recio. 

"Si nos alejamos de la ideología, nos queda el engranaje, la maquinaria. Cuba lleva casi 70 años haciendo las cosas de una manera y ahora se ve en la tesitura de cambiar -sabiendo que hay cosas que pudo hacer antes y que ahora le habrían ayudado- y de hacerlo rápido. Por delante tiene un trabajo importante de reformas legislativas, nuevos reglamentos o decretos, leyes de nueva creación... Aunque ha habido unanimidad en el plan, ahora es peliagudo ponerlo por escrito y llevarlo a la práctica", indica el analista. 

Recio valora como "notable" el hecho de que La Habana, una vez que se ha decidido a dar el paso, lo haga con reformar integrales, "de conjunto", que abarcan realidades y necesidades muy variadas. "Se toca a las empresas, también a las públicas, a la inversión y a algo tan cotidiano como los subsidios. El cambio lo alcanza todo", sostiene. Sin embargo, es cauto sobre el efecto inmediato que pueden tener las reformas. "No sólo es el calendario, que desconocemos, sino la complejidad del tablero y su volatilidad, con EEUU acechando. El aparato productivo está muy desgastado, como el sistema bancario y la moneda, tan depreciada; no es la base más sólida para construir un tiempo nuevo", avisa. 

Además, existen otros obstáculos que podrían frenar reformas significativas, desde la desconfianza de los posibles inversores hasta la propia burocracia cubana, demasiado lenta e poco eficaz. Eso, sin contar con el elefante en la habitación de siempre, el embargo de EEUU, aplicado desde 1960, "sin comparación" en la historia de las sanciones internacionales. 

El "dominio bancario" de Washington y su política de sancionar a entidades que comercien con Cuba es el mayor freno para las reformas en la isla, insiste Recio. Modificar todo eso requeriría un movimiento financiero drástico de China o de EEUU. Así que, a su entender, si estas medidas se cumplen se abren dos escenarios de inversión preferentes. 

La primera es la opción china, con Cuba aspirando a recibir inversiones de Pekín en sectores clave como la minería, la energía, el turismo y la agricultura. Aunque China tiene interés geopolítico y experiencia evadiendo sanciones, "no es seguro que esté dispuesta a asumir el costo político y económico de aliarse más con la isla", alerta. La segunda, la norteamericana, supone que la administración de Donald Trump use las sanciones como palanca de negociación. "Esto implicaría una flexibilización intermitente del embargo a cambio de permitir que corporaciones de EEUU compren empresas e infraestructura cubanas", recuerda. Es muy posible que esta idea surja en las negociaciones que están manteniendo actualmente EEUU y Cuba, centradas sobre todo en cuestiones migratorias.

Esta apertura permitiría que antiguos propietarios de la era prerrevolucionaria recuperen bienes expropiados desde 1959, algo muy sensible, muy polémico. Aunque sectores en Florida, del exilio cubano, buscan el colapso del socialismo mediante privatizaciones masivas, La Habana rechaza tajantemente este rumbo por considerarlo una traición ideológica. "No parece un escenario factible", asume el sevillano. 

El contexto que todo lo cambia

Muchas de las medidas para liberalizar la economía se han debatido, tanto dentro como fuera de Cuba, durante años, pero la fuerte presión de EEUU es la que las ha vuelto a poner en primer plano. Y la que, a la postre, ha llevado a Díaz-Canel, Marrero y Castro a dar pasos nuevos. Si antes contemplados, nunca aplicados. 

La economía estatal cubana, burocrática e ineficiente, ha tenido dificultades para abastecer a su población desde el colapso de la Unión Soviética (URSS), que durante mucho tiempo contribuyó a sustentar el socialismo cubano. Sin embargo, las severas sanciones de la Administración Trump han dejado a Cuba con escaso margen de maniobra, devastando su ya debilitada economía, provocando un éxodo de empresas extranjeras y diezmando la vital industria turística.

Lo peor viene desde que la Casa Blanca ordenó controlar y restringir el suministro de petróleo a Cuba mediante un esquema de sanciones y licencias de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros). El Gobierno estadounidense autoriza el envío de combustible a la isla bajo la condición estricta de que sea gestionado y utilizado exclusivamente por el sector privado y los ciudadanos, excluyendo a las empresas estatales y militares. Su decisión ha provocado que las empresas internacionales que operan en la isla -especialmente las del sector turístico, como cadenas hoteleras, navieras, aerolíneas y bancos- se han apresurado a abandonar Cuba, por temor a sanciones secundarias.

Tras el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense, el 3 de enero pasado, Washington anunció sanciones para los países o empresas que pretendan exportar crudo a Cuba, lo que condujo a La Habana a una situación crítica. Hasta entonces, Venezuela había sido durante más de 25 años el principal proveedor de crudo de la isla, aliada política e ideológicamente cercana. 

Para rebajar ese puño, EEUU exigió negociar con la Habana en cuestiones como seguridad nacional, drogas e inmigración. Actualmente, hay canales de diálogo directo y de alto nivel sobre estos temas, aunque las conversaciones se desarrollan bajo el peso de las sanciones y el bloqueo y, también, del oscurantismo. Muy muy pocos detalles salen a la luz. Una postura entendible cuando desde Washington se repite con ligereza que Cuba va a caer y que Díaz-Canel está acabado. 

El fantasma de una acción armada a la venezolana que descabece al régimen no se ha disipado, dice EEUU de cuando en vez, aunque internamente la propia Administración Trump arrastra una visión importante, entre los que se conforman con reformas económicas que hagan de Cuba un lugar más amable para sus intereses y quienes quieren el vuelco político total, con Florida a la cabeza.

La Habana ha movido algunas fichas. Por ejemplo, por primera vez en casi 70 años, se autorizó la importación de combustible por vías privadas. No obstante, Díaz-Canel declaró ante los legisladores en la Asamblea ue la decisión de abrir la economía nacional "no estaba relacionada con las negociaciones" entre ambos países, que comenzaron a principios de este año pero que parecen haberse estancado conforme pasaba la primavera.

En esta ola de presión, el propio Raúl Castro enfrenta desde mayo pasado una acusación penal en EEUU por el derribo en 1996 de un avión de la organización Hermanos al Rescate, que, durante la década de los 90 del pasado siglo se dedicaba a sobrevolar las aguas del estrecho de Florida para localizar balseros cubanos que intentaban llegar a suelo norteamericano. Murieron cuatro personas en este suceso, ahora recuperado como arma de guerra.

Lo más grave es que el grito de "petróleo cero" que lanzó Trump y que se ha cumplido casi al 100% ha generado una escasez de combustible que tiene ya un impacto crítico en la agricultura y la industria cubanas. Los cortes de luz y la falta de suministro eléctrico son habituales en La Habana y sus alrededores -hasta 20 horas sin luz-, y la iluminación escasea casi todas las noches. El deterioro de la situación ha provocado protestas poco frecuentes en la isla. 

La mayoría han sido pequeñas y pacíficas, como concentraciones en plazas o esquinas en las que la gente golpea ollas y sartenes o quema la basura que se acumula al suspenderse los servicios de recogida pero, pese a todo, se trata de una rara expresión pública de descontento con el Estado de partido único. Nadie sabe en qué más pueden desembocar.