De culpable a absuelto en 80 días: el fallo que devuelve al expresidente Álvaro Uribe al ring político de Colombia

El Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, de los delitos de manipulación de testigos y fraude procesal, tan solo ochenta días después de que una jueza lo condenara a doce años de arresto domiciliario. El magistrado Manuel Antonio Merchán, encargado este martes de leer la resolución, ha descrito el fallo anterior como "deficiente en la valoración de pruebas", además de ser una sentencia que contiene “errores metodológicos y falta de rigor lógico”.

Para el tribunal, la jueza Sandra Heredia incurrió en “deficiencias estructurales” al valorar las pruebas, sustentando su sentencia en valoraciones “subjetivas” y “premisas vagas y genéricas”. El magistrado Merchán ha subrayado que no queda acreditado "ni directa ni indirectamente que Álvaro Uribe hubiera instigado el delito de soborno” y ha considerado que la condena por fraude procesal carecía de base jurídica. Con dos votos a favor y uno en contra, la sala absuelve al expresidente colombiano, ha revocado la resolución anterior y deja abierta la posibilidad de presentar recurso ante la Corte Suprema de Justicia, que podrá revisar el caso en un período de cinco años.

La absolución de Álvaro Uribe marca un nuevo giro en una causa que ha acompañado a la vida política colombiana durante trece años y que ha enfrentado a dos de las figuras más influyentes de Colombia en los últimas décadas: Álvaro Uribe e Iván Cepeda.  

El origen del caso se remonta a 2012, cuando el entonces senador Álvaro Uribe denunció a Iván Cepeda por presuntamente manipular testigos para relacionarlo con la creación de grupos paramilitares en Antioquia, el que era su feudo político. El expresidente acusaba a su rival parlamentario de la izquierda de haber visitado cárceles para buscar declaraciones falsas en su contra. Sin embargo, la denuncia dio un giro inesperado cuando la Corte Suprema que lo ha absuelto hoy, concluía que Cepeda no había cometido ningún delito. En cambio, sí halló indicios de que fue el mismo Uribe quien habría intentado influir sobre exparamilitares presos para desacreditar a su acusador.

En los años siguientes, la investigación judicial se convirtió en símbolo de la polarización nacional. Uribe siempre negó los hechos, asegurando que era víctima de una persecución política, pero en agosto de este año, la jueza Sandra Heredia dictó una sentencia que ha hecho historia: culpable de manipulación de testigos y fraude procesal, con una pena de doce años de arresto domiciliario, aunque luego se ordenaría su puesta en libertad, y una multa que supera los 720.000 euros, así como su inhabilitación. Con aquel fallo, Uribe se convirtió en el primer expresidente colombiano condenado penalmente.

“Así se tapa la historia del paramilitarismo"

La absolución de Álvaro Uribe ha tenido un efecto inmediato en el escenario político colombiano. El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza, acusando al tribunal de “tapar la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia”. “Así se oculta la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia”, escribió el mandatario colombiano en su cuenta de X. 

En ese mismo mensaje, Gustavo Petro también denuncia que el tribunal declare ilícita la grabación telefónica en la que se escucha la voz de Álvaro Uribe hablando de sobornos. “Afirma que la interceptación judicial hecha a un delincuente, donde aparece la voz de Uribe, es intimidad”, ha añadido el mandatario. Para él, el fallo no es solo un error jurídico, sino “la repetición de una historia” en la que los responsables de la violencia quedan impunes y la justicia vuelve a colocarse del lado del poder político.

Tras conocer la decisión, el presidente ha convocado una movilización este viernes en la Bogotá, donde comenzará la recogida de firmas para impulsar lo que denomina poder constituyente, una iniciativa con la que pretende reforzar el respaldo ciudadano a su Gobierno. “Ha llegado la hora de las definiciones”, afirmó, en un mensaje que reaviva la tensión entre el Ejecutivo y la oposición uribista.

Por otra parte, el senador Iván Cepeda, denunciante en el caso y uno de los adversarios históricos de Uribe, ha anunciado que presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia. El parlamentario, acreditado como víctima en el proceso, sostuvo que la sala ignoró hechos y pruebas sustanciales que, a su juicio, apuntaban claramente a la responsabilidad del expresidente. Además criticó que los magistrados pasaran por alto elementos esenciales, como las escuchas de las llamadas entre Uribe y su abogado Diego Cadena, condenado a siete años de prisión domiciliaria. También reprochó al magistrado Manuel Antonio Merchán la supuesta tergiversación de los testimonios y de las relaciones del exmandatario con otros intervinientes en el proceso.

El expresidente Iván Duque ha celebrado la absolución de Uriba, afirmando que “se ha hecho justicia” y que “la inocencia que ha probado a lo largo de su vida, y luego de tantas infamias, ha prevalecido”. En su mensaje, publicado en la red social de Elon Musk, en X, ha elogiado la “gallardía, honestidad y compromiso con la legalidad” de su mentor político y aseguró que el tribunal “derrotó todas las irregularidades del proceso con transparencia y rigor”. Más prudente ha sido, Juan Manuel Santos, que gobernó entre ambos, quien ha pedido respeto institucional sobre la sentencia: “Los fallos judiciales se acatan siempre, no según la conveniencia ni el cálculo político. La independencia judicial es la base de una democracia sólida”, ha subrayado en un mensaje para rebajar la temperatura política.

Una absolución con efecto dominó

La absolución de Álvaro Uribe no solo ha agitado la política colombiana, sino que llega en un momento en que las relaciones entre Bogotá y Washington atraviesan una nueva crisis diplomática, después de que Donald Trump acusara al presidente colombiano de ser líder del narcotráfico y amenazara con imponer aranceles a las exportaciones de Colombia. Un ataque que Gustavo Petro interpretó como una forma de injerencia política y ha tensado los vínculos bilaterales, reactivando el debate sobre el papel de EEUU en América Latina.

En ese contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, celebró el fallo del Tribunal Superior de Bogotá y afirmó que “la justicia ha prevalecido tras años de cacería política contra Uribe y su familia”. Las declaraciones, difundidas por Reuters, refuerzan la percepción de que el expresidente colombiano sigue contando con respaldo en los círculos conservadores de Washington, donde se le considera un aliado clave en la lucha antidroga y en la estabilidad regional.

Uribe, que siempre ha negado los cargos y ha denunciado una “persecución política”, podría regresar al Senado si su situación judicial lo permite. De hecho, su nombre figura ya en el puesto número 25 de la lista cerrada del Centro Democrático para las elecciones legislativas del próximo marzo, un gesto que anticipa su retorno al escenario político después de años de desgaste.

Trece años después del inicio del proceso, la figura de Álvaro Uribe continúa dividiendo al país entre quienes lo consideran un símbolo de la impunidad y quienes lo ven como el dirigente que logró contener la violencia en los años más duros del conflicto. El fallo del Tribunal Superior de Bogotá no cierra la causa, pero devuelve al expresidente al centro del tablero político y confirma que, en Colombia, la frontera entre justicia y poder sigue siendo porosa.