El derecho internacional, en "punto crítico": la brecha entre la justicia y los crímenes de guerra es cada vez mayor
La Academia Ginebra de Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Derechos Humanos publica un análisis global "que examina las violaciones más graves del DIH cometidas entre julio de 2024 y diciembre de 2025".
El derecho internacional no ha perdido todavía toda su eficacia, pero sí está en un "punto crítico". Es la conclusión a la que ha llegado la Academia Ginebra de Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Derechos Humanos tras un análisis global "que examina las violaciones más graves del DIH cometidas entre julio de 2024 y diciembre de 2025". "El informe documenta crímenes de guerra generalizados y, a menudo, sistemáticos, cometidos con impunidad en 23 conflictos armados", explica el centro, que ha publicado un informe de más de 500 páginas, que concluye que "el asesinato, la tortura y la violación fueron generalizados; los civiles, sus hogares, escuelas y hospitales fueron bombardeados con regularidad, y a veces de forma sistemática".
Según la Academia Ginebra, los dos últimos años han resultado "devastadores" para la población civil, "con escasas muestras de voluntad entre las partes beligerantes para limitar la barbarie infligida a los más vulnerables". Si bien los autores del estudio no pueden dar una cifra exacta del número de civiles que han sido asesinados en 2024 y 2025, sí saben que "el número es muy superior a 100.000 en cada año".
Muchos de estos muertos eran palestinos en Gaza, un "campo de exterminio" según el secretario general de la ONU, António Guterres. Desde el 7 de octubre de 2023, "la población de Gaza se redujo en aproximadamente 254.000 personas, una disminución del 10,6% en comparación con las estimaciones previas al conflicto. [...] A finales de 2025, entre las víctimas había 18.592 niños y unas 12.400 mujeres, mientras que unas 11.000 personas seguían desaparecidas y los heridos ascendían a 171.195", recoge el estudio.
El informe alerta del incremento del uso de drones para la guerra, unos aparatos que también han sido utilizados contra población civil y a sabiendas, como en Ucrania, que la Academia Ginebra considera un "ejemplo flagrante". "El uso de drones aéreos contra civiles ucranianos causó la muerte de 207 personas e hirió a 1.365 personas solo entre diciembre de 2024 y mayo de 2025", recoge el estudio, donde atestiguan que "las circunstancias de los ataques no dejan lugar a dudas de que los operadores de los drones sabían que los objetivos contra los que disparaban eran civiles".
Entre otros crímenes, la investigación revela la violencia sexual y de género "generalizada" en "casi todos los conflictos armados". En la República Democrática del Congo, por ejemplo, "los múltiples conflictos armados han sido testigos de una epidemia de este tipo de violencia, perpetrada por casi todas las partes" y con víctimas de todas las edades: desde bebés de un año a personas mayores de 75, con las mujeres y las niñas como principales víctimas, pero también hombres y niños.
"No es inevitable ni ineludible"
¿Y contra todo esto, qué hacer? Los autores piensan que, pese a lo que pueda parecer, lo que describen en el informe "no es inevitable ni ineludible". Se trata de decisiones que "tomamos como especie: asesinar, torturar, violar y abusar de los nuestros". Y para evitarlas, o juzgarlas, existe el derecho internacional. "Abordar la impunidad generalizada por las violaciones graves del derecho internacional debería considerarse una prioridad política; esto incluye garantizar un apoyo político y financiero sostenido a las instituciones judiciales y los mecanismos de rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como internacional", reclaman los investigadores, que denuncian que "la persistente falta de recursos, junto con las medidas políticas que limitan o socavan la independencia judicial, corre el riesgo de debilitar la aplicación del DIH y erosionar su efecto disuasorio".
Asimismo, desde la Academia Ginebra recuerdan que "todo Estado del mundo tiene el deber de respetar y garantizar el respeto del derecho internacional humanitario en todas las circunstancias", unos deberes que muchos incumplen de manera sistemática, por ejemplo, con relación a la compraventa de armas. "El derecho internacional prohíbe a los Estados ayudar a cualquier actor, estatal o no estatal, a llevar a cabo ataques contra civiles. Si bien el Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU ha sido ratificado por un gran número de Estados, sus obligaciones se dejan de lado con demasiada frecuencia en favor de consideraciones políticas. Esto debe cambiar", defienden los autores.