España propone a la UE romper el Acuerdo de Asociación con Israel: qué es, qué supone y en qué lo argumenta

España vuelve a la carga, por principios. Este martes, va a defender en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) que se rompa el Acuerdo de Asociación con Israel. No es una petición nueva, porque ya se planteó en el verano de 2025, pero ahora es distinta: porque hay más apoyos a la iniciativa, porque han crecido las violaciones de derechos esenciales y porque hubo un compromiso de Bruselas de limitar sus relaciones con Tel Aviv que no ha llevado aún a la práctica. Toca apretar. 

El presidente español, Pedro Sánchez, lo anunció el domingo, en un mitin de precampaña para las elecciones andaluzas, en Gibraleón (Huelva). Defiende que saca del cajón la propuesta con el fin de "parar los pies" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su gabinete de ultranacionalistas y religiosos. "Aquel que viola el derecho internacional y, por tanto, viola los principios y valores europeos, no puede ser socio de la UE", señaló en su intervención. 

"Lo vamos a hacer, no porque tengamos nada, al contrario, somos un pueblo amigo del pueblo de Israel. Pero no estamos de acuerdo con las acciones que está llevando a cabo su Gobierno", decía el socialista, anticipándose a unas reacciones que sabía que iban a llegar. Fueron inmediatas: el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, aseguró en un mensaje en la red social X que "no aceptarán una lectura hipócrita de alguien que tiene una relación con regímenes totalitarios que violan los derechos humanos como la Turquía de Erdogán o la Venezuela de Maduro", en referencia a Sánchez. "Un Ejecutivo que recibe agradecimientos del régimen brutal de Irán y de organizaciones terroristas y que se ha dedicado a difundir antisemitismo", atacó. 

Hay quien interpreta el movimiento de Sánchez como un intento de mantenerse en la cresta de la ola internacional que tanto rédito le está dando en cuestiones de imagen y respeto. Viene del macroencuentro progresista de Barcelona del pasado fin de semana y sigue siendo un personaje viral, especialmente en el mundo árabe, por su oposición a la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, hasta el punto de impedir que se usen en ella las bases norteamericanas en suelo español y su espacio aéreo. 

Sin embargo, hay una realidad indudable: los hechos en Palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania como en el este de Jerusalén, y ahora también en Líbano y en Irán, constatan que se están produciendo violaciones de los derechos humanos por parte de Israel, justamente la condición esencial para que los acuerdos con la UE se mantengan en vigor. O se respetan los principios democráticos y el derecho internacional, incluso en tiempos de guerra, o el convenio debería ser papel mojado. 

De qué hablamos cuando hablamos del Acuerdo

El Acuerdo de Asociación UE-Israel, como explica la propia Comisión Europea en su web, es "la base jurídica de las relaciones comerciales de la UE con Israel es el Acuerdo de Asociación UE-Israel, que entró en vigor en junio de 2000", aunque ya fue suscrito por ambas partes en 1995. "Tiene por objeto proporcionar un marco jurídico e institucional adecuado para el diálogo político y la cooperación económica entre la UE e Israel", expone. 

Básicamente, el acuerdo de marras pone negro sobre blanco el marco de relaciones entre la UE e Israel, un pacto que estaba dormido y se reactivó en 2000. Tres meses más tarde, estallaba la Segunda Intifada tras la visita de Ariel Sharon (entonces líder de la oposición y más tarde primer ministro de Israel) a la Explanada de las Mezquitas, en Jerusalén. No es que naciera en un entorno muy calmado y respetuoso con el derecho internacional, tampoco. 

Los objetivos principales que persigue este acuerdo son:

Tiene importancia a nivel económico y comercial para ambas partes, toda vez que contiene un pilar por el que se impone un régimen de preferencias recíproco entre las partes como socios mediterráneos de la UE que hace que se den las condiciones para el libre comercio, según explica en su web el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de España. Como se indica en el BOE, a través de este acuerdo se elimina cualquier tipo de restricción a las importaciones y exportaciones entre Israel y la UE.

Es la herramienta fundamental del comercio de ida y de vuelta entre los dos territorios y los números que arroja son formidables: la UE es el mayor socio comercial de Israel, representando el 28,8% de su comercio total de bienes (en 2022, el año previo a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y el genocidio posterior ordenado por Tel Aviv). Israel, por su parte, es el 25º socio comercial de la UE, representando el 0,8% del comercio total de bienes de la UE en dicho año, pero uno de los principales en la cuenca mediterránea. 

La balanza comercial entre la Unión Europea e Israel muestra un claro superávit para la UE. En 2022, el comercio de bienes entre Israel y la UE sumó 46.800 millones de euros. Se centra en la exportación de maquinaria y productos eléctricos de la UE a Israel, así como en la exportación de productos electrónicos de Israel a la UE. Los porcentajes que vimos antes son claros: hay 28 puntos de diferencia entre lo que Tel Aviv necesita de Bruselas y sus estados y lo que Bruselas y sus estados necesitan de Tel Aviv. La asimetría es clara, digamos que uno necesita más los productos del otro que a la inversa, que uno sufriría más que otro de romperse el pacto. Por eso es un arma importante, entiende Madrid. 

La clave del artículo 2

La clave para impugnar este acuerdo es al artículo 2 del mismo, que establece que "las relaciones entre las Partes, así como todas las disposiciones del presente Acuerdo, se fundamentan en el respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos, que inspira sus políticas interiores y exteriores y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo".

El artículo 1, apartado 2, del Acuerdo de Asociación define sus objetivos y guarda silencio sobre la cuestión de los derechos humanos. Sin embargo, el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados estipula que los acuerdos deben interpretarse de buena fe y recalca que el texto vinculante incluye el preámbulo. 

El Tribunal Internacional de Justicia también ha recalcado en su jurisprudencia que la interpretación de los acuerdos debe basarse en una apreciación de los acuerdos en su conjunto. El carácter vinculante del artículo 2 también se confirma por la decisión del Tribunal de Justicia Europeo en el asunto República Portuguesa contra Consejo de la Unión Europea (Asunto C-268/94). 

No hay que irse a observadores externos: el propio Servicio Exterior de la UE, en junio del año pasado, publicó un informe en el que afirmaba literalmente: "Sobre la base de las evaluaciones realizadas por las instituciones internacionales independientes, existen indicios de que Israel incumpliría sus obligaciones en materia de Derechos Humanos en virtud del artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel".

Por tanto, Europa hoy está incumpliendo su propio acuerdo, lo redactado por sus técnicos y aprobado por sus políticos, por no velar por el cumplimiento de dicho artículo. 

El debate sobre la anulación

En todos estos años transcurridos desde su firma, el acuerdo no se ha anulado ni parcial ni totalmente, a pesar de que -más allá de Gaza o Líbano- se ha seguido ahondando en la política de ocupación de Cisjordania y Jerusalén Este (donde 700.000 israelíes residen de forma ilegal, según Naciones Unidas) o se han multiplicado los ejemplos de apartheid contra la población palestina. 

El gran debate sobre la necesidad de tumbarlo o mantenerlo lo puso sobre la mesa el exjefe de la diplomacia comunitaria, el español Josep Borrell, quien en noviembre de 2024, poco antes de ser relevado por la estonia Kaja Kallas en la CE, pidió la suspensión del texto. "La Historia nos juzgará a todos, a todos", dijo el socialista, al asumir el rechazo de su propuesta. Y añadió: "He hecho una propuesta que creo que era la que, de acuerdo con mi juicio, correspondía hacer (…) Los Estados miembros no tienen por qué aprobarlas, y en este caso no la han aprobado. Han considerado, la mayoría de ellos, que era necesario seguir manteniendo en contacto diplomático con Israel", señaló. 

Borrell, viendo que nadie en la Comisión movía un dedo, quiso así zarandear a los Veintisiete, que estaban silenciosos ante la petición que meses antes habían hecho tanto España como Irlanda para que se hiciera un estudio del grado de cumplimiento de Israel de las obligaciones contraídas en el acuerdo de asociación. El ministro italiano de Exteriores, Antonio Tajani, resumió en buena medida el sentir de los críticos con la iniciativa: dijo que "boicotear el dialogo con Israel no tiene sentido" y "si se quiere trabajar por la paz, no se puede no hablar con Israel". La propia Italia ha cambiado con el tiempo, como veremos más adelante. 

En la primavera de 2025, Bruselas prometió que revisaría el acuerdo si el Ejército de Israel no dejaba de atacar lo que se llamaba "campos seguros" en el sur de Gaza, en Rafah, ciudad fronteriza con Egipto hasta donde se había desplazado el 80% de la población de la franja (2,3 millones antes de la guerra) intentando buscar un espacio de protección. La Corte Internacional de Justicia (CIJ) reclamó que se detuvieran estas prácticas y la UE se apoyó en ello para hacer uno de sus escasos reproches a Tel Aviv. Netanyahu, como el que oye llover. 

En aquellos meses, se mutliplicaron las voces que reclamaban un castigo a Israel por su comportamiento. Se acumulaban las imágenes de matanzas y de niños que morían de hambre y, entonces, hasta el presidente de Francia, Emmanuel Macron, país donde vive la mayor comunidad judía de Europa, dijo que estaba "abierto" a reconsiderar el acuerdo. En junio, España ya pidió lo que va a plantear este martes, añadiendo un embargo de venta de armas por parte de la UE y sanciones individuales a todos aquellos que malogren la solución de dos estados.

No fue hasta pasado el verano que la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, anunció en el debate del estado de la Unión, en el Europarlamento, que se iba a plantear la suspensión parcial del pacto. "Soy consciente de que será difícil obtener mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos y se quedará corta para otros, pero todos debemos asumir nuestras responsabilidades comunes", fueron sus palabras, tras calificar de "inaceptables" las matanzas en Gaza. 

Sin embargo, poco se ha hecho desde entonces. Los ministros de Exteriores de la Unión acordaron en octubre pasado "no avanzar" en la aprobación de las sanciones propuestas por Bruselas contra Israel ante el nuevo "contexto", o sea, el alto el fuego logrado entre Israel y Hamás a instancias de EEUU. Tampoco decidieron retirarlas de la mesa por la "frágil" situación en la franja. Han quedado en el aire, sin aplicación, mientras pasan las fases del mal llamado proceso de paz. 

¿Cómo están los apoyos?

La Comisión Europea ya ha advertido, ante la iniciativa retomada por La Moncloa, de que hace falta la unanimidad de los Veintisiete para que pueda prosperar la suspensión parcial del acuerdo. Precisamente en junio de 2025, cuando España ya pidió su anulación inmediata por la masacre de Gaza, Alemania e Italia se opusieron tajantemente y no hubo nada. Austria, República Checa y Hungría son otros de los estados que nunca se han apartado de la amistad con Tel Aviv. Fueron 17 los que dijeron sí. 

Ahora tiene el apoyo seguro de Eslovenia e Irlanda, que son los dos países que se han sumado a la propuesta en una carta enviada a Kallas. Por el momento, no está claro quién más se va a adherir, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Italia decidió la semana pasada no prorrogar su propio acuerdo de defensa con Israel, viejo de 2016. La ilegalidad de sus acciones en Irán, la muerte y desplazamiento de civiles en este país y en Líbano y las críticas a la ofensiva del papa León XIV sumaron para que la primera ministra, Giorgia Meloni, se plantase. 

No obstante, es sabido que siempre habrá un no, el de Alemania, que no se desembaraza de su culpa inmemorial por el Holocausto nazi y que es y seguirá siendo el mayor valedor de Israel en el club comunitario. 

Aún así, el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha pedido a los socios de la UE valentía para romper el pacto y ha recordado que puede haber varios grados de compromiso. "Hay dos posibilidades", dice: la suspensión total, que es la que plantea España, o la suspensión de la parte comercial, lo cual "sería también un gesto y para eso se necesita mayoría cualificada". Asume el canciller español que estamos ante un "un proceso", que no será en cualquier caso este martes cuando se adopte una medida "directamente", dijo en una entrevista en Radio Nacional de España. 

A su juicio, todos los socios de la UE "piensan exactamente igual que España" en lo que se refiere al comportamiento de Israel, por eso les ha pedido que "sean fieles a los valores de la Unión Europea y valientes, como lo está siendo el Gobierno de España, para sumarse a esa unanimidad".

¿Y ahora qué hay nuevo?

El contexto ha cambiado en estos meses, haciendo aún más acuciante, entiende España, un freno en el convenio. Por ejemplo, se ha impulsado una Iniciativa Ciudadana Europea que ha logrado reunir más de un millón de firmas en al menos siete Estados miembros para reclamar la suspensión del acuerdo. El objetivo quedó superado el 14 de abril. 

Si se validan los apoyos recogidos, la Comisión dispondrá de hasta seis meses para pronunciarse y explicar qué medidas prevé adoptar. Se momento, más allá de las masivas manifestaciones de estos dos años de contienda en Gaza, es el gesto popular de más calado de los que se han producido en este tiempo. 

Además, de cara a la reunión de los ministros de Exteriores, más de 60 organizaciones humanitarias, de derechos humanos y sindicales (como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Oxfam), han mandado una carta dirigida a la presidenta del Consejo de la UE, Ursula von der Leyen, en la que denuncian "una reiterada falta de voluntad política para actuar" y piden medidas concretas: suspensión de las transferencias de armas, prohibición del comercio con los asentamientos israelíes ilegales y suspensión del Acuerdo de Asociación. "No son meras decisiones políticas, recuerdan los firmantes, "sino obligaciones legales".

En su contundente misiva, dan cuenta de las razones por las que reclaman estos movimientos, como España, y no se conforman con los noes del pasado. Empezando por lo más reciente, Israel lanzó contra Irán una guerra, el 28 de febrero, que llamó de legítima defensa, pero ante la que no ha presentado pruebas sobre los supuestos avances para lograr un arma nuclear de los ayatolás, por ejemplo. Según la Carta de las Naciones Unidas, los países tienen prohibido utilizar la fuerza unilateralmente, excepto en dos casos: el primero, cuando lo autorice el Consejo de Seguridad de la ONU; el segundo, cuando lo hagan en defensa propia, ante un ataque armado real o inminente. No es el caso. Las cifras oficiales hablan ya de al menos 3.468 muertos en las casi seis semanas de guerra

Además, el partido-milicia libanés Hezbolá, el 2 de marzo, empezó a atacar suelo israelí como represalia por la guerra contra su patrocinador, Teherán, y Tel Aviv inició una andanada por tierra y aire contra su vecino del norte. Hasta ahora, van 2.294 muertos libaneses, entre ellos 177 niños, además de más de un millón de desplazados. 

El ejército israelí ha atacado centros y personal sanitarios, periodistas e infraestructura civil, incluidos puentes, lo que afectará gravemente la capacidad de distribuir alimentos a las personas que no pueden o no quieren abandonar sus hogares y que deberían seguir estando protegidas por el derecho internacional humanitario. Las autoridades israelíes han indicado que la zona se convertiría en una "zona de seguridad" en la que todas las viviendas libanesas en las aldeas fronterizas serían destruidas e Israel mantendría el control sobre el sur del Líbano hasta el río Litani, según declaró el ministro de Defensa del país, Israel Katz.

En la Cisjordania ocupada, Israel "está acelerando sus políticas y prácticas de anexión ilegal e intensificando la represión y los graves abusos contra la población palestina", denuncian las ONG, una situación que "se ha agravado considerablemente" desde el inicio de la crisis iraní. Las autoridades israelíes han impuesto estrictas restricciones de movimiento en los Territorios Palestinos Ocupados y, además de los puestos de control preexistentes, desde octubre de 2023 se han instalado decenas de nuevos puestos de control en Cisjordania, la mayoría de los cuales se encuentran cerrados, "lo que dificulta gravemente el acceso de las y los palestinos a sus tierras, lugares de trabajo, escuelas, servicios de salud y emergencia". 

Además, "las fuerzas israelíes y los colonos respaldados por el Estado han intensificado los ataques, registrándose más de 200 sólo en marzo, incluyendo denuncias de abusos sexuales". Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), este año las fuerzas israelíes y los colonos han asesinado a 34 palestinos, entre ellos siete menores, y herido a 771, incluyendo 97 niños y niñas. Los ataques se dirigen cada vez más a las aldeas palestinas más grandes de la zona B, extendiéndose por toda Cisjordania. 

Desde octubre de 2023, la violencia de los colonos respaldados por el Estado ha provocado el desplazamiento de 38 comunidades palestinas enteras. A menos de tres meses de iniciado 2026, 1.700 palestinos han sido desplazados, superando ya el total de todo 2025. Para los colonos violentos, la impunidad sigue siendo la norma: según ONG israelíes, apenas el 3 % de los casos resultan en una condena total o parcial. En contraste, para los palestinos, la tasa de condenas en tribunales militares es del 99 %.

"La violencia cada vez más letal de los colonos, respaldada por el Estado, va de la mano con la aceleración de la expansión ilegal de los asentamientos y las políticas de anexión mediante una serie de medidas adoptadas recientemente por Israel para desplazar y despojar a la población palestina de Cisjordania", insiste la carta. En agosto de 2025, el Consejo Superior de Planificación israelí aprobó el plan E1, destinado a dividir el territorio palestino ocupado. 

El primer ministro israelí, Netanyahu -sobre el que pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos crímenes de guerra-, declaró públicamente que el objetivo del E1 es garantizar que "no exista un Estado palestino". En Jerusalén Este, anexionada ilegalmente, las autoridades israelíes desalojaron por la fuerza a 15 familias palestinas, incluyendo 29 niños y niñas, de sus hogares en Batn al-Hawa, Silwan, el mes pasado. Al menos otras 200 familias del barrio se enfrentan al riesgo de un desalojo forzoso para permitir la toma ilegal de sus hogares por parte de organizaciones de colonos.

Las políticas israelíes en Palestina contravienen las obligaciones establecidas en la opinión consultiva de julio de 2024 de la Corte Internacional de Justicia, que declaró la ocupación israelí ilegal y plagada de graves abusos, incluyendo la violación por parte de Israel del Artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, que prohíbe la segregación racial y el apartheid. La Corte aclaró que Israel debe poner fin a su ocupación, desmantelar sus asentamientos, permitir que las y los palestinos regresen a sus hogares y proporcionarles reparaciones por los daños sufridos.

Mientras tanto, más de 9.560 palestinos y palestinas permanecen detenidos en Israel, la mitad de ellos sin cargos ni juicio, ya sea bajo detención administrativa o en virtud de la Ley de Combatientes Ilegales. Israel mantiene actualmente detenidos a 351 niños y niñas palestinos, más de la mitad bajo detención administrativa sin cargos ni juicio. Personas expertas de la ONU, ONG palestinas e israelíes han documentado torturas sistemáticas y tratos inhumanos y degradantes contra prisioneros palestinos, y las autoridades israelíes siguen negando al Comité Internacional de la Cruz Roja el acceso a todos los centros de detención.

Hablando de presos y de penas: la Knesset, el parlamento israelí, acaba de aprobar una reforma legislativa que establece la pena de muerte en la horca como sentencia por defecto para los palestinos condenados en tribunales militares por ataques mortales con motivaciones "terroristas". "Una flagrante violación de los derechos a la vida y a un juicio justo de las y los palestinos". Una discriminación más. 

Y está Gaza, corazón de todo el dolor imaginable durante dos años de ofensiva, hoy olvidada de la ayuda y los medios, de los políticos y sus agendas, pese a aque persiste la catástrofe humanitaria provocada por Israel. Los de Netanyahu "siguen incumpliendo tres órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia en el caso presentado por Sudáfrica por presunta violación de la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, entre ellas, garantizar el acceso sin trabas a la asistencia humanitaria y preservar las pruebas", dice el escrito. 

La Comisión de Investigación de la ONU, junto con numerosas organizaciones de derechos humanos y juristas, ha constatado que las autoridades israelíes han cometido y siguen cometiendo genocidio contra el pueblo palestino en la franja. Desde el inicio del llamado alto el fuego en octubre de 2025, al menos 736 palestinos han sido asesinados. Los ataques aéreos, los bombardeos y los tiroteos continúan a ambos lados de la denominada "Línea Amarilla", una demarcación militar temporal que ahora corre el riesgo de convertirse en una división territorial permanente. 

Mientras tanto, los nuevos requisitos de registro, que violan los principios humanitarios establecidos y las leyes de protección de datos, han permitido a las autoridades israelíes restringir aún más el espacio operativo de decenas de organizaciones humanitarias internacionales. Y, como castigo por la guerra en Irán, se ha bloqueado la salida de pacientes hacia Egipto, que estaba siendo un pequeño alivio para los gazatíes más graves. La ayuda humanitaria entra a cuentagotas y la reconstrucción aún es una quimera. 

Por todo eso, creen que Europa tiene argumentos sobrados para dejar en suspenso el acuerdo con Israel. "Esta inacción corre el riesgo de dejar sin efecto en la práctica la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Asociación, menoscaba aún más la credibilidad de la UE y fomenta la sensación de impunidad que alimenta los crecientes abusos de Israel", denuncian los cooperantes. "Hacemos un llamamiento a los Estados miembros para que apoyen la suspensión del acuerdo e instamos al Consejo a reflexionar sobre las consecuencias reputacionales, jurídicas y, sobre todo, humanas de la continua inacción ante las crecientes pruebas de crímenes de derecho internacional cometidos por Israel tanto en Palestina como en el Líbano".

Este martes sabremos hasta qué punto ha calado el mensaje de Madrid y de los oenegeros. Mientras, sólo pasan los días, sin asunción de responsabilidades alguna y sin abordar siquiera el uso de herramientas de presión verdaderamente eficaces, como serían un embargo de armas –que el respeto al derecho internacional exige– o el respaldo formal a la demanda de Sudáfrica contra Israel por "genocidio" en Gaza ante el Tribunal internacional de Justicia. ¿Cuánto crédito moral le queda a Bruselas?