"El abismo moral": las claves de la pena de muerte selectiva de Israel y su doble estándar judicial

El Parlamento israelí (Knesset) aprobó este lunes una ley que establece la pena de muerte en la horca como sentencia por defecto para los palestinos condenados en tribunales militares por ataques mortales con motivaciones "terroristas". Espanta el contenido, pero no sorprende el visto bueno al articulado, porque el primer ministro, Benjamin Netanyahu, está cumpliendo sencillamente con lo prometido a sus aliados de extrema derecha, los que lo mantienen en el poder, apoyando guerras, agigantando ocupaciones y protegido de la justicia.

La ley únicamente (que logró el voto favorable de 62 de los 120 miembros de la Cámara) se aplicaría a los israelíes condenados por asesinato cuyos ataques tengan como objetivo "acabar con la existencia de Israel", lo que significa que, de facto, impondría la pena de muerte a los palestinos, pero no a los israelíes judíos que cometieran crímenes similares.

La legislación ha suscitado intensas críticas internacionales y nacionales. Un grupo de nueve ONG israelíes han llegado a afirmar, por ejemplo, que es una prueba del "abismo moral" del país, pero se trata de una doble vara de medir que no es nueva, sino que está presente en al menos 70 legislaciones en vigor, denuncian ONG locales.

La disrupción histórica

La norma es disruptiva porque supone un cambio formidable para Israel, que no ha ejecutado a nadie en más de 60 años. Fue en 1962 cuando aplicó la pena capital por única vez. Es la única ejecución civil oficial en la historia de Israel. Fue a Adolf Eichmann, condenado por crímenes contra la humanidad y crímenes contra el pueblo judío por su papel central en el Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Fue ejecutado en la horca el 31 de mayo de ese año. 

Hay un caso previo, el de Meir Tobianski, ejecutado por un tribunal militar durante la Guerra de Independencia de Israel, en 1948, tras ser acusado erróneamente de traición. Posteriormente fue exonerado de todos los cargos de manera póstuma. En su caso, no se considera una muerte del Estado, por el contexto de guerra y las irregularidades del proceso. 

Ahora, se revierten décadas de avances mundiales hacia la abolición de la pena de muerte, rompiendo con el simbolismo de aquel nazi que espantó al único y que fue el único al que un Gobierno parido por sus supervivientes mandó matar. A la vez, se normalizan las ejecuciones en una población que sigue siendo sometida y ocupada, pese a que sucesivas resoluciones de las Naciones Unidas confirman derechos como a tener un Estado propio o al retorno de sus refugiados. Tanto da igual que hoy, salvo los diarios progresistas de Israel, como Haaretz, ni se destaca la votación en la Knesset. 

Todo esto se construye, además, sobre una base muy blanda: las autoridades israelíes utilizan la calificación de "terrorista" para referirse a palestinos que atacan a sus soldados, pero no podemos tener en la cabeza la idea al uso de terrorista, porque para ellos engloba prácticamente todo, desde el lanzamiento de piedras a los uniformados en una manifestación a una respuesta violenta a los colonos que viven ilegalmente en la zona (700.000 si se suman los del este de Jerusalén, según la ONU), pasando por los que cometen atentados como tales en suelo de Israel. 

Las novedades

Las novedades se integran en una reforma del Código Penal de Israel, una legislación impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, y su partido de extrema derecha Otzma Yehudit (Poder Judío), que llevaba días enseñando en vídeos una soga y sus ganas de pasar por ella a los palestinos.  

Tanto sus siete escaños como los 14 del HaTzionut HaDatit (Partido Sionista Religioso) de Bezalen Smotrich, el titular de Finanzas, han sido esenciales para mantener hasta ahora la estabilidad del gabinete y esta es una concesión más que le hace Netanuyahu. Sin críticas destacables en el seno de su propio partido, el Likud, ese que antes se veía como la derecha clásica de Israel. 

El proyecto de ley penal modifica tanto la legislación civil israelí, aplicable a los colonos israelíes en Palestina, como la legislación militar israelí, que es la aplicable a los palestinos en la Cisjordania ocupada. Gaza está ocupada ahora por la guerra iniciada el 7 de octubre de 2023 pero no se considera que Tel Aviv sea responsable de la franja, como sí pasa con el 62% de la tierra cisjordana catalogada como área C, con pleno control civil y militar de Israel. 

La nueva ley establece expresamente que los palestinos de la Cisjordania ocupada, condenados por terrorismo en tribunales militares, se enfrentarán a una pena de muerte obligatoria. "Su sentencia será la muerte, y sólo esta pena", se lee literalmente. Únicamente si el tribunal determina que existen "razones especiales", podrá conmutar dicha condena por una cadena perpetua. 

Un apunte antes de seguir: ¿por qué hablamos de tribunales militares? Porque es el Ejército israelí el controla el territorio ocupado y no hay estructuras judiciales civiles a las que recurrir. 

Bajo este cambio, los fiscales no necesitan solicitar la pena de muerte, porque ya viene de serie. El ministro de Defensa (cargo que ahora mismo ocupa Israel Katz, del partido de Netanyahu) puede presentar una opinión al panel judicial de tres oficiales militares que solamente necesitan una mayoría simple para imponer la pena de muerte. Habitualmente, a la justicia militar se le suele exigir un veredicto por unanimidad. Otra garantía que se va al suelo. 

Los jueces deben dejar constancia de sus razones excepcionales para imponer una cadena perpetua en lugar de la pena de muerte y las vías de apelación estarán estrictamente restringidas. La tasa de condena entre los palestinos, de todas formas, supera ya el 99%, por lo que prosperan pocas reclamaciones. No se plantea la posibilidad de un indulto, figura que no se da ya de por sí entre la población palestina, pero sí entre la judía, especialmente los colonos. 

Las personas condenadas a muerte por este nuevo articulado serán recluidas en instalaciones aisladas, con acceso restringido para visitas, y sus abogados sólo podrán prestarles asesoría legal por videoconferencia.

Las ejecuciones, siempre por ahorcamiento, se llevarían a cabo dentro de los 90 días posteriores al veredicto final. Antes de llegar a ese momento, el condenado se mantendrá separado del resto de prisioneros, aislado. En su ejecución deberán estar presentes el director de la prisión, un juez, un clérigo, un médico y un representante de las familias de las víctimas que causó. 

Otro proyecto de ley que aún no ha sido aprobado y que podría presentarse ante la Knesset, el de enjuiciamiento de los participantes en la masacre del 7-0 (cuando Hamás mató a 1.200 personas y secuestró a 251 más en suelo israelí) también conllevaría un aumento de las condenas a muerte, centradas específicamente en esa jornada. 

El texto, según ha difundido la prensa nacional, establecerá tribunales militares ad hoc con jurisdicción retroactiva para enjuiciar a los acusados de participar en aquellos atentados, concentrados en el sur del país. 

No hay dudas de que también saldrá adelante, si no cambian las cosas. En este supuesto, los tribunales constarán de un juez de distrito jubilado y dos funcionarios cualificados para ejercer como jueces, que estarán autorizado a apartarse de las normas ordinarias en materia de pruebas y procedimiento, imponer la pena de muerte por mayoría simple y sin que los fiscales la soliciten y limitar extremadamente, de nuevo, los mecanismos de apelación y de indulto.

En conjunto, las dos enmiendas amplían significativamente el alcance de la pena capital en Israel. Además, eliminan abundantes garantías procesales habituales en Estados democráticos occidentales, con los que se suele comparar a Israel. 

Quienes apoyan la pena capital argumentan que podría disuadir a los atacantes de futuros atentados e impedir la toma de rehenes para intercambios de prisioneros. Sin embargo, históricamente, los servicios de inteligencia israelíes se han opuesto a la pena de muerte, argumentando que podría alentar a grupos armados a secuestrar israelíes para usarlos como moneda de cambio y evitar las ejecuciones.

En el caso de los ciudadanos israelíes, actúen en la Cisjordania ocupada o en su país, son juzgados por tribunales penales ordinarios. En este caso, la reforma añade una nueva condición para condenar a pena de muerte, además de que sea un asesinato terrorista: si se prueba que actuó con la finalidad de "dañar al Estado de Israel". "Esto es algo extraordinario en la ley israelí", explica a la agencia EFE la abogada Miriam Azem, coordinadora del centro legal palestino Adalah, quien explica que ello dificulta extremadamente que se aplique a un judío israelí.

Qué dice el derecho y la comunidad internacional

Las críticas a la norma son numerosas entre ONG y organizaciones humanitarias. También en Naciones Unidas. Sus opositores argumentan que los nuevos cambios suponen una violación del derecho internacional humanitario por parte de Israel. 

No sólo es que se vuelva a imponer una pena de muerte, arrebatando la vida a una persona desde el Estado y obviando la posibilidad de rescate que puede suponer el paso por una cárcel, sino que a eso se suman las restricciones de las apelaciones, los juicios puramente militares, los plazos escasos...

ONG israelíes como B'Tselem, Médicos por los Derechos Humanos o Adalah sostienen que la ley es un "sello de aprobación oficial a la política de venganza y violencia racista hacia los palestinos" del Estado de Israel. "Tiene a los palestinos por objetivo mientras exime a los israelíes, pisa el principio del derecho a un juicio justo, mina la posibilidad de descubrir errores judiciales o confesiones falsas, incluyendo confesiones extraídas con tortura", denuncian.

La imposición por parte de Israel de nuevos delitos capitales en el territorio ocupado, después de que la Corte Internacional de Justicia concluyera que la ocupación israelí viola aún más el derecho internacional, ahondan. 

Conforme al derecho internacional de los derechos humanos, las personas deben tener garantizada la igualdad ante la ley y estar protegidas contra la discriminación, pero esta norma evidencia un mundo a dos velocidades o, como denuncia la ONU, una política de apartheid, con la que se trata a las personas de diferente forma por su origen. Un sistema discriminatorio a tas luces. "Esta ley revela una vez más la naturaleza del sistema colonial israelí, que busca legitimar las ejecuciones extrajudiciales bajo el amparo legislativo", decía el comunicado de ayer de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina ha instado a Israel a "derogar de inmediato la ley discriminatoria de pena de muerte", señalando que la medida viola las obligaciones del país en virtud del derecho internacional. “Las Naciones Unidas se oponen a la pena de muerte bajo cualquier circunstancia. La aplicación de esta nueva ley violaría la prohibición del derecho internacional de castigos crueles, inhumanos o degradantes”, declaró en X. "Además, esta ley afianza aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, ya que se aplicará exclusivamente a los palestinos de Cisjordania ocupada e Israel, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos", añade. 

La Unión Europea ha advertido que las ejecuciones por ahorcamiento también violarían la prohibición absoluta de tratos crueles, inhumanos o degradantes. El Consejo de Europa ha tildado la votación de "grave retroceso". Israel tiene estatus de observador en este organismo, por lo que prometen "seguir de cerca" lo que ocurre. 

En España, el presidente, Pedro Sánchez, ha publicado un mensaje en X en el que "condena la pena de muerte contra palestinos", por entender que se trata de "una medida asimétrica que no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos".

"Mismo crimen, distinta pena. Eso no es justicia. Es un paso más hacia el apartheid", ha agregado.

La Asociación por los Derechos Civiles en Israel ha sido la primera en anunciar que ha presentado una apelación contra la ley ante la Corte Suprema del país.

Los excesos y la doble vara

Desde los ataques de Hamás del 7 de octubre, cerca de 100 detenidos palestinos han muerto entre rejas, según datos obtenidos por la ONG Médicos por los Derechos Humanos Israel (PHRI), una cifra récord y no actualizada hace meses.

En muchos casos, fallecieron aparentemente como consecuencia de torturas, negligencia médica y privación de alimentos, en lo que diversas ONG describen como un sistema que ha convertido los centros de detención y prisiones en "campos de tortura".

Como denuncia Amnistía Internacional (AI), estamos ante un suma y sigue en los desequilibrios y excesos judiciales de Israel para con los palestinos. Erika Guevara-Rosas, directora sénior de investigación, promoción, políticas y campañas de Amnistía Internacional, recuerda que la aprobación de la ley se produce apenas unas semanas después de que Israel retirara todos los cargos contra los soldados acusados de agredir sexualmente a una detenida palestina.

"Durante años, hemos observado un patrón alarmante de aparentes ejecuciones extrajudiciales y otros asesinatos ilegales de palestinos, de los que además gozan los perpetradores con una impunidad casi total", declaró en un comunicado. "Esta nueva ley, que permite las ejecuciones autorizadas por el Estado, es la culminación de dichas políticas", concluye. 

El principio, por duro que suene, es que la población judía está por encima de la palestina y merece leyes diferentes y procesos más garantistas. Ayer, de nuevo, en el Parlamento se volvieron a escuchar gritos contra los "terroristas palestinos" que lo son, parece, "desde la cuna". Un menor es menor si es israelí; si no, no se le aplican leyes especiales a su edad, por el contexto de ocupación y de juzgados militares ya referido. 

Hay ciertas prácticas, recogidas por ejemplo por el Arab Center de Washington (EEUU) que dan cuenta de esa dualidad: desde la retención de los cadáveres de los presos palestinos muertos en prisión a las condiciones de aislamiento, tortura y hambre en las instalaciones carcelarias, pasando por las desapariciones forzosas y la detención administrativa, que permite a los militares israelíes mantener a los detenidos indefinidamente en "información secreta", sin acusarles de nada ni permitirles someterse a juicio, a veces incluso sin posibilidad de asistencia letrada. 

Amnistía Internacional destacó en su última memoria anual, con datos de 2024, que ese año las fuerzas israelíes "arrestaron a más de 10.000 palestinos y sometieron a palestinos de Gaza a desaparición forzada o detención incomunicada". Según la ONG Hamoked, a finales de año unos 5.262 palestinos permanecían detenidos sin cargos ni juicio: 3.376 bajo órdenes de detención administrativa y 1.886 bajo la Ley de Combatientes Ilegales. En noviembre, el Ministerio de Defensa anunció que Israel dejaría de emitir órdenes de detención administrativa contra los colonos judíos, en cambio. 

Según la ONG Centro Mossawa, al menos 10 de los 156 ciudadanos palestinos de Israel arrestados en 2023 bajo cargos vagos y desproporcionados de "consumo persistente de material terrorista" -basados en acusaciones de que habían visto imágenes de Gaza en las redes sociales- permanecían en prisión preventiva en febrero.

Además, tanto liberados como personal penitenciario denuncian irregularidades, como el  el uso sistemático de violencia física grave en las cárceles, incluyendo agresiones sexuales y violaciones; algo común a todos los centros de detención. La negación de alimentos, agua, sueño, luz natural y atención médica suficientes era sistemática. La Corte Suprema de Israel obligó en 2017 a que al menos hubiera 4,5 metros cuadrados por preso, pero hoy la media es de 2,1. Un claro hacinamiento. Al menos 54 detenidos palestinos murieron bajo custodia, según la Sociedad de Prisioneros Palestinos. 

El Fiscal General Militar abrió 44 investigaciones penales por muertes ocurridas bajo custodia y ocho por denuncias de tortura, que sólo derivaron en una acusación formal en ese año. 

Las autoridades israelíes suspendieron las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y de las familias de los detenidos a los palestinos en centros de detención israelíes, lo que contribuyó a la falta de rendición de cuentas en torno al trato que reciben los detenidos.

La abogada Nareman Shehadeh-Zoabi, de Adalah, recuerda que todas estas violaciones se han disparado tras el 7-O. Pone un dato como ejemplo: antes de la guerra, el número de presos palestinos en centros de seguridad rondaba los 6.000; con la ofensiva, su número aumentó a más de 10.000. Y estamos hablando sólo a mayo de 2025. 

En su tribuna para el Arab Center, añade una lectura más, datos aparte, que ayuda a entender la situación actual y las medidas adoptadas ayer mismo. "Es fundamental mencionar -dice- que el sistema judicial israelí forma parte integral del sistema político y se ve afectado por el conflicto interno israelí sobre la independencia del Tribunal Supremo y por la presión del gobierno de extrema derecha". 

"No se puede pasar por alto el papel que desempeña la extrema derecha en la influencia de las decisiones judiciales", resalta. En muchos de los casos mencionados, grupos de derecha y otros que representan a las familias de las víctimas de la guerra y los secuestrados se han dirigido "sistemáticamente" al tribunal para unirse como parte en diversos casos u obtener el derecho a examinar detenidamente los documentos y procedimientos judiciales. 

"Estas demandas se enmarcan en el contexto más amplio de los intentos de la extrema derecha por imponer su hegemonía sobre el sistema judicial, mediante su presencia en el vestíbulo y las salas del Tribunal Supremo durante las deliberaciones de los casos presentados por peticionarios palestinos y mediante ataques a abogados y otras partes interesadas, obstaculizando así el funcionamiento del tribunal. En conjunto, estos factores constituyen un mayor deterioro en el comportamiento de los tribunales en asuntos palestinos y limitan la posibilidad de lograr justicia para los palestinos a través del poder judicial israelí, especialmente después del 7 de octubre de 2023", zanja.