La UE endurece su política migratoria, con la oposición de España: estas son las claves
Bruselas pone las bases legales para abrir centros de retorno en el extranjero: ahora se elimina la obligación de que haya una "conexión significativa" con el país de retorno.
Los países de la Unión Europea (UE) acordaron en la tarde de ayer un giro a la derecha en sus políticas migratorias, esperado a la vista de las negociaciones previas pero no por ello menos preocupante para la defensa de los derechos humanos. Los Veintisiete han decidido apoyar en 2026 a los Estados miembros bajo mayor presión migratoria con unas 21.000 reubicaciones de migrantes y 420 millones de euros de asistencia financiera, un contingente inferior al que había propuesto Bruselas y que defendía España, es decir, 30.000 reubicaciones y 600 millones. Nuestro país se ha quedado en minoría.
El Consejo (o sea, los países de la UE) precisó en un comunicado que esa ayuda tiene en cuenta el hecho de que el primer año del ciclo de gestión de migración "empezará a implementarse a partir del 12 de junio de 2026", cuando comenzará la aplicación íntegra del pacto migratorio.
"El contingente de solidaridad no puede convertirse en un regateo de cifras", lamentó el ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante el Consejo en el que se tomó la decisión, que opinó que se deben "identificar las necesidades de los Estados miembros bajo presión migratoria y atenderlas de la mejor forma".
Las cifras sobre reubicaciones, ayuda financiera u otras medidas alternativas acordados ayer son una referencia y este lunes no se reveló el detalle exacto ni cuánto aportará cada país, datos que en estos momentos son confidenciales, según indicaron fuentes diplomáticas. Las mismas fuentes precisaron que hay más disposición a ayudar aportando dinero que acogiendo migrantes.
Un coordinador de la Comisión Europea trabajará con los Estados miembros bajo presión migratoria en los próximos meses para repartir el fondo de solidaridad en función de las necesidades. La ayuda se canalizará después a través de sistemas ya existentes y se creará una línea presupuestaria para los Estados miembros que deben ser apoyados.
Los centros en el exterior, la polémica
Según lo pactado, ahora se permitirá la creación de centros en el extranjero para expulsar a migrantes que hayan recibido una orden de expulsión tras el rechazo de su solicitud de asilo, uno de los puntos más polémicos. Hasta ahora, la normativa vigente ordena que debe existir una "conexión significativa" entre el solicitante de asilo rechazado y el país al que sería devuelto. Ese nexo podía ser por nacionalidad, residencia anterior, o vínculos familiares.
Sin embargo, ahora el nuevo marco jurídico elimina ese requisito al aclarar que los Estados miembros podrán considerar "seguro" un país para una devolución si el migrante transitó por él en su camino hacia Europa, aun cuando no haya llegado a detenerse allí.
El otro supuesto es la existencia de un tratado bilateral entre el país en el que se encuentra el migrante y una tercera nación.
Se trata de la primera base legal europea para crear centros de detención de migrantes en terceros países, que funcionarán bajo acuerdos bilaterales entre Estados miembros de la UE y países terceros no comunitarios, inspirados en el modelo italo-albanés.
La idea tampoco fue bien recibida por Grande-Marlaska, quien expresó "serias dudas jurídicas, políticas y económicas" sobre los centros de retorno. Además, advirtió posibles repercusiones en un “impacto negativo” en las relaciones bilaterales con socios clave en la prevención de la migración irregular en origen.
El reglamento aprobado por el Consejo de la UE establece las condiciones para la firma de acuerdos o convenios para crear los centros de retorno en terceros países. Por ejemplo, solo podrán instalarse en una nación donde se respeten las normas internacionales de derechos humanos y los principios del derecho internacional.
Las familias y los menores no acompañados no podrán ser enviados a estos centros. Además, la UE establecerá un mecanismo de supervisión para monitorizar posibles violaciones de derechos fundamentales, aunque los detalles de estas comprobaciones aún no están definidos. "Estas nuevas leyes de migración de la UE tienen como objetivo establecer procedimientos de asilo más rápidos y eficaces para quienes no deberían recibir protección dentro de la UE", señaló el Consejo.
En mayo de 2025, Amnistía Internacional calificó los esfuerzos europeos por reformar el concepto de tercer país seguro como "un cínico intento de degradar derechos y descargarse de responsabilidades en materia de asilo". Sundberg Diez, responsable de la entidad ante la UE sobre cuestiones de migración y asilo manifestó que la alianza comunitaria "debería invertir en sus propios sistemas de asilo y permitir que quienes han solicitado asilo comiencen a rehacer sus vidas, en lugar de dedicar tiempo y recursos ingentes a descargar sus responsabilidades en otros países".
Seis meses después, la UE ha compartido la primera lista de países que considera "seguros", en la que se incluye a Colombia, Marruecos, Bangladesh, Egipto, India, Kosovo y Túnez.
Los solicitantes de asilo que apelen una decisión de inadmisibilidad basada en el concepto de tercer país seguro ya no tendrán derecho automático a permanecer en la UE, mientras dure el proceso, aunque aún podrán solicitarlo ante un tribunal.
Contingente anual de solidaridad
El Consejo ha alcanzado hoy un acuerdo político sobre el llamado "contingente anual de solidaridad", un fondo común de asistencia que constituye uno de los principales elementos del Pacto de la UE sobre Migración y Asilo.
Está previsto para aliviar la carga de los países a los que llegan la mayoría de los migrantes, España entre ellos, y reducir a largo plazo la presión migratoria en todos los Estados miembros. El ministro español dijo a su llegada que España iba a abstenerse en la votación del contingente.
Ese fondo común de solidaridad prevé tres tipos de medidas: reubicaciones, contribuciones financieras y medidas de solidaridad alternativas. Cada Estado miembro decide qué tipo de medida de solidaridad promete, incluyendo la posibilidad de comprometer una combinación de diferentes medidas.
En noviembre pasado la Comisión Europea concluyó, tras evaluar una serie de criterios, que España, Chipre, Grecia e Italia se encuentran bajo presión migratoria y pueden beneficiarse de las medidas de solidaridad del fondo común.
Por su parte, identificó a Austria, Bulgaria, Croacia, Chequia, Estonia y Polonia como países que se enfrentan a una situación migratoria significativa debido a la presión migratoria acumulada en los años anteriores y dijo que tenían la posibilidad de solicitar una deducción total o parcial de sus contribuciones al fondo común de solidaridad.
Todos ellos, menos Bulgaria, han pedido ser eximidos de esas contribuciones con vistas a 2026, aunque uno de ellos solo quiere una reducción parcial. Bulgaria aún podría solicitar en el futuro quedar exento pero fuentes diplomáticas consideraron poco probable que así ocurra.
Tras el acuerdo político de este lunes sobre el fondo común de solidaridad, el Consejo deberá adoptar formalmente la decisión de ejecución, lo que ocurrirá antes del 31 de diciembre de 2025. El mecanismo de solidaridad se prevé en el Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración, que es uno de los elementos del Pacto sobre Migración y Asilo.