Reino Unido mueve ficha y acusa a España de ser una gran "trampa fiscal" para sus expatriados

Un abogado ha lanzado una campaña internacional en algunas de las principales cabeceras de todo el mundo que lleva por título 'Los carteristas fiscales españoles'. Se trata de Robert Amsterdam, quien asegura que España se ha convertido en una "trampa fiscal" para los británicos, que están siendo "estafados" por las autoridades.

Así lo recoge el medio británico The Express en una información en la que también apunta a Amsterdam esgrime que su empresa se ha visto "inundada" de personas que "se enfrentan a la ruina". El artículo alude a decenas de personas que se enfrentan a "reclamaciones fiscales punitivas". Detrás de este escenario se encuentra la conocida como 'Ley Beckham'. 

Gracias a dicha bonificación fiscal, los expatriados podían pagar un impuesto del 24% sobre los primeros 600.000 € de sus ingresos de origen español. Sin embargo, y tal y como recoge la mencionada información, británicos que se beneficiaron de ese plan inicial han acabado enfrentándose a "implacables investigaciones fiscales" y se les ha dicho que no pueden apelar las demandas fiscales sin que primero paguen la cantidad adeudada.

"Se ven envueltas en papeleo arbitrario y contradictorio y se ven arrastradas a largos y costosos procesos"

En este sentido, el abogado ha señalado que "hemos escuchado a muchas víctimas en España decir que se les ha retirado su estatus de beneficiario de la Ley Beckham sin explicación y luego se les han cobrado retroactivamente impuestos atrasados de dichos períodos, lo que está completamente fuera de lo que se parece al estado de derecho".

 Amsterdam también ha apuntado que "estas mismas víctimas dicen que, para demostrar su estatus, se ven envueltas en papeleo arbitrario y contradictorio y se ven arrastradas a largos y costosos procesos legales para desafiar a la autoridad fiscal". 

A su juicio, "cuando llegan al final, para algunos ya es demasiado tarde: lo han perdido todo", por lo que el letrado subraya que es una cuestión "incompatible con el derecho europeo fundamental y los derechos humanos".