Siete historias salvajes de arrestos del ICE en EEUU: lo que sea por cumplir con la promesa electoral

"En mi primer día de vuelta en la Casa Blanca, pondré en marcha el programa de deportación más grande de la historia de Estados Unidos". Lo dijo Donald Trump en la campaña electoral de 2024, resumiendo en una frase el principal eje de su programa electoral. Ahora, recién cumplido un año de su reelección, sus palabras son hechos: apoyándose sobre todo en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), está "barriendo" a miles de migrantes indocumentados. Sólo le importa el cuánto y por eso se encoje de hombros ante las denuncias de violencia policial, abusos, persecución injustificada y errores. 

Mientras vacía departamentos como el de Educación o elimina áreas completas en Exteriores, el presidente republicano desvía medios del FBI o de la Patrulla Fronteriza a esta persecución y acaba de destinar 75.000 millones de dólares sólo para el ICE, una inversión a cuatro años vista para que se convierta en una máquina de echar gente. Insiste Trump en que busca acabar con "asesinos, violadores, pederastas, ladrones, delincuentes, en suma", pero lo que documentan las ONG locales y la prensa es que también, indiscriminadamente, va a por ancianos, menores y adultos con el expediente limpio, que trataron de buscar una vida mejor y que hoy sostienen los trabajos menos cualificados en un país que casi roza el pleno empleo. Una cacería. 

John Sandweg, director de ICE en tiempos del demócrata Barack Obama (de 2013 a 2014), se desgañita estos días en medios norteamericanos como POLITICO, para explicar que no ha visto "nada igual" en su vida. "Estamos ante un esfuerzo sin precedentes por reducir la población migrante del país", sostiene. No nos llamemos a engaño, los llamados progresistas también llevan décadas expulsando a migrantes pero, afina Sandweg, antes "se priorizaba a las personas con antecedentes". "Había operativos mucho más selectivos, menos llamativos, con un perfil mucho más bajo y menos controvertido", pero a la Administración Trump no le gusta ese enfoque porque "no genera un gran número de arrestos". Así que apuesta por lo grueso, lo masivo. 

Por poner números, el ICE se ha planteado una media de 3.000 arrestos diarios y, aunque no se ha llegado aún a ese pico, el promedio mensual está siendo ya el triple del registrado en tiempos de Joe Biden. Se pretende llevar a cabo 600.000 deportaciones en el primer año de esta segunda legislatura trumpista -se cumple en enero- y, según datos oficiales, se han superado las 300.000 hasta septiembre. Con Obama, hubo 316.000 en el año más activo. El Gobierno federal informa de que el 70% de los deportados tienen antecedentes penales, pero una investigación de CNN Investigate lo desmiente: los arrestados con delitos graves no llegan al 10% y hay un 75% que, de tener algo, sólo tiene delitos de tráfico (los de migración se sobrentienden). 

Esos son los números, el qué, pero vayamos al cómo. Las redes sociales están inundadas de vídeos grabados por la prensa, por activistas o por testigos que cortan la respiración por la violencia o la desesperación que muestran. Los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU están entrenados "para usar la mínima cantidad de fuerza necesaria para resolver situaciones peligrosas y priorizar la seguridad del público y de ellos mismos", defiende la vicesecretaria adjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en un comunicado. Los agentes federales bajo su mando están "altamente capacitados" en tácticas de desescalada y "reciben regularmente capacitación continua sobre el uso de la fuerza", insiste. Pero la "presión" por lograr números cada vez mejores, denuncia Sandweg, los lleva a ser cada vez más agresivos y a buscar arrestos "fáciles, baratos y rápidos". 

Por ejemplo, se están investigando múltiples asaltos con balas de pimienta y con aerosoles de esa misma base y gases lacrimógenos, más el uso de esposas o bridas en menores de edad, golpes (desde porrazos a coches embestidos contra grupos de civiles), inmovilizaciones severas, falta de luz natural y luz artificial al máximo y hasta desapariciones de personas durante semanas. Prácticas que violan incluso las propias normas internas de Seguridad Nacional, cuando se ataca en cabeza, cuello, inglés... En ocasiones, avalados con la presencia de la Guardia Nacional, militares desplegados en ciudades con gobierno demócrata para asegurarse que las detenciones se llevan a cabo. Nunca se había visto una trama así, de ataques contra la ciudadanía, en los que hasta se desenfundan armas reales. 

Lo impensable

Una encuesta del New York Times realizada por la Universidad de Siena entre el 22 y el 27 de septiembre de 2025 revela que, si bien la mayoría de los estadounidenses apoya la deportación de inmigrantes que viven ilegalmente en el país, también creen que las acciones de Trump están yendo demasiado lejos.

A Trump no le parece excesivo. En una entrevista a la CBS, en el programa 60 Minutes, se le preguntó días atrás si está de acuerdo con esa manera de actuar y él respondió: "Sí, porque hay que sacar a la gente". Denunció que los "jueces liberales" nombrados por los presidentes Obama y Biden habían "retrasado" las operaciones de inmigración y a él lo toca acelerar ahora el trabajo y que la "izquierda radical" calienta el ambiente en las protestas a favor de los migrantes y eso también fuerza a sus agentes a intervenir. Las redadas, resume, aún "no han ido lo suficientemente lejos" y cualquiera que haya entrado sin papeles en EEUU es un "objetivo potencial". 

Y eso que, violentas o no, se están llevando a cabo en sitios impensables antes de su retorno, en espacios que desde los años 80 del siglo pasado son considerados como santuarios, como zonas seguras para los migrantes, de escuelas a hospitales, de iglesias a supermercados. También los espacios de trabajo: sonada fue la entrada, en septiembre, en una fábrica de Hyundai en Georgia que aún estaba en construcción, en la que se arrestó y deportó a 300 trabajadores surcoreanos, contratistas de esa firma y de LG. En granjas y hoteles, las operaciones han sido anuladas. 

En los propios tribunales de justicia, la escena es increíble: arrestos allí donde los extranjeros acuden a citaciones por su proceso para legalizar su situación en el país. El Instituto norteamericano de Políticas Migratorias pone de relieve lo evidente: si un migrante acude a los tribunales es porque tiene voluntad de seguir el proceso, porque quiere ser "legal", un ciudadano más, no quiere ocultarse para delinquir. Están, además, atrapados en un "círculo vicioso", porque si no se presentan a las citaciones por miedo al ICE, pueden ser deportados en ausencia. 

Hoy, los pasillos están llenos de personal, esperando a que acudan sus víctimas para ponerles las esposas, empleados del ICE encapuchados, que ocultan su identidad, otra novedad en un país donde los funcionarios y fuerzas del orden son respetados y ejercían, hasta ahora, su labor a cara descubierta. Las ONG de asistencia a los migrantes denuncian que, con esta práctica, aumenta la "impunidad", porque es más complicado identificar a los agentes si hay abusos, cuando además se niegan a decir sus nombres o número de identificación cuando se les reclama. El Instituto expone que el país confía en estos trabajadores hasta el punto de ponerles un arma en las manos pero no se puede ni saber quiénes son. 

Seguridad Nacional y el propio Trump lo justifican diciendo que el personal del ICE está siendo amenazado, junto a sus familias, por llevar a cabo las redadas. Las agresiones verbales y físicas, dicen, han crecido más de un 1.000% en estos meses, un dato que los medios locales no han podido verificar. "Hay que proteger a nuestra gente", insiste el mandatario, "arriesgan su vida a diario para hacer cumplir la ley". La Administración se aferra a un caso sucedido en Dallas, a finales de septiembre, cuando un hombre armado accedió a unas instalaciones del ICE y acabó matando a dos migrantes e hiriendo a un tercero. 

Unos pocos nombres

Cada historia, de cada arrestado, es un mundo. Poner rostro y nombre a quienes sufren esta persecución baja a la arena todas esas denuncias que acabamos de exponer. En El HuffPost hemos elegido apenas siete de ellas, muchas viralizadas en las últimas semanas, que ejemplican lo que supone hoy ser extranjero en EEUU: angustia, ansiedad y miedo, incluso entre los que tienen papeles. 

Especialmente llamativa en estos días ha sido el drama de Julia Milena Ojeda Montoya, una mujer ecuatoriana de 24 años llegada en 2023 a EEUU a la que agentes federales de migración detuvieron mientras viajaba junto a su esposo y su bebé. El pasado 6 de noviembre, a primera hora de la mañana, estaban parados en un semáforo de la calle Kimball, en Fitchburg (Massachusetts), cuando su turismo fue abordado. Varios viandantes captaron en vídeo el arresto, que ha dado la vuelta al mundo: hombres tirando de una mujer para llevársela, mientras su esposo, al volante, convulsionaba con una crisis por los nervios. En brazos del hombre, una niña de un año que lloraba en medio del forcejeo. 

La policía local, a través de un comunicado en su cuenta de Facebook, explicó que agentes de ICE intentaron, en dos ocasiones, solicitar asistencia durante ese arresto, porque supuestamente sus agentes estaban "en peligro" debido a una aglomeración en el lugar. Dicha aglomeración no se aprecia en las imágenes. 

Tanto un comunicado de ICE como McLaughlin afirmaron más tarde que Ojeda apuñaló presuntamente, en dos ocasiones, a una compañera de trabajo con unas tijeras, en agosto pasado, durante una disputa por mensajes de texto que creía que la mujer había intercambiado con su esposo. Por eso estaba siendo buscada. La mujer ingresó de manera ilegal hace dos años y medio y fue arrestada en Arizona. No obstante, en marzo de 2023, durante el gobierno de Joe Biden, fue liberada. Las mismas fuentes oficiales denunciaron que su esposo fingió la crisis, que no fue real, y que se escapó con la niña de seguido para no ser detenido también. 

Su esposa, al final, fue trasladada rápidamente a la cárcel del condado de Cumberland en Maine, pero el día 11 se ordenó su liberación. La jueza Stacey D. Neumann estuvo de acuerdo con la afirmación de la joven de que su detención "sin la oportunidad de ser escuchada viola sus derechos al debido proceso". Es inminente una vista sobre su caso. La mujer insiste en su inocencia en el caso de agresión. 

Las redadas del ICE le han costado no ya la libertad, sino la vida, a Silverio Villegas González, de 38 años y originario de Michoacán (México). Fue abatido a tiros por uno de sus agentes en Chicago, cuando se opuso a su arresto supuestamente. Este padre de dos niños y cocinero de profesión, dice el ICE, no sólo se negó a ser detenido sino que intentó arrollar a los funcionarios con su coche. "Temiendo por su vida, un agente disparó". No se ha mostrado evidencia de ello y la familia y congresistas locales lo reclaman. 

Sus hijos, de siete y tres años, han quedado bajo la protección de su novia, que insiste en que el hombre no tenía delitos en su expediente. Medios como Noticias Telemundo lo han verificado, pese a que EEUU insiste en que era un delincuente: sólo tenía el carnet de conducir cumplido y una multa de tráfico por exceso de velocidad. Desde 2019 no tenía "ninguna falta". 

También ha muerto Chaofeng Ge, de 32 años, un ciudadano chino que, aislado y desesperado, supuestamente se ahorcó en un centro de detención de Pensilvania. La familia no se lo cree y acaba de poner una demanda. Su hermano, en EEUU, pide cuentas al ICE. Según la denuncia presentada el jueves pasado en el Distrito Sur de Nueva York, el hombre fue encontrado colgado del cuello en una cabina de ducha pero "con las manos y las piernas atadas a la espalda". Chaofeng no era peligroso y si estaba aislado era porque nadie en las instalaciones hablaba chino y "el personal no hizo ningún esfuerzo por comunicarse con él", dice.

La familia lleva tres meses reclamando información de lo sucedido, sin éxito, y sólo pueden insistir en que en los contactos con trabajadores sociales y con la familia el joven siempre se quejó de la desatención que sufría. "Era un hombre bondadoso, un amigo leal y un buen hermano. Su mayor defecto era que era demasiado dulce, demasiado confiado y demasiado sensible", insiste su hermano, llegado desde China. 

El inmigrante había estado bajo custodia del ICE durante aproximadamente cinco días tras ser arrestado en enero por presuntamente usar una tarjeta de crédito robada. Se le había impuesto una fianza de 150.000 dólares antes de su traslado a la custodia del ICE.

También hay casos como el de Mónica Moreta Galarza, ecuatoriana que el 25 de septiembre acudió al 26 Federal Plaza, un edificio gubernamental en Manhattan (Nueva York), que alberga un tribunal de inmigración. Tenía una cita rutinaria de su caso de petición de asilo. Tanto ella como su marido, Rubén Abelardo Ortiz López, y sus dos hijos, de 10 y 12 años, salieron de la sala esperanzados, porque la jueza había fijado la siguiente audiencia para mayo de 2026. Tenían un tiempo de respiro. Sin embargo, al salir al pasillo, se encontraron a agentes del ICE dispuestos a detener al hombre. La familia estalló en lágrimas y en gritos, intentando que no la separaran. 

"Uno de ellos me embistió tan agresivamente que sentí terror y terminó arrojándome al suelo" ante los periodistas, fotógrafos y personal jurídico que pronto los rodearon, relató a las horas Moreta. "Nos trataron como animales". Su rostro también se ha viralizado, contraído, clemente, agarrada por el pelo por el agente, estampada contra la pared y el suelo de las instalaciones. 

El incidente quedó registrado en una serie de videos ampliamente difundidos en las redes sociales y el agente, quien no ha sido identificado, fue "relevado de sus funciones", según informó Seguridad Nacional. La BBC, sin embargo, sostiene que, tras una indagación preliminar, ya vuelve a estar en su puesto. Ella acabó en el hospital. "Lo único que hicimos fue agarrarnos bien entre los cuatro: mi hija estaba sosteniendo fuerte a mi esposo y mi hijo a mí", ha explicado. No hubo insultos, sólo gritos reclamando que los soltasen. Se nuevo, Seguridad Nacional dijo que en el edificio, ese día, había muchos "alborotadores". 

En los mismos días, también ha cobrado protagonismo un hombre que no ha sido víctima directa de los arrestos, pero sí en carne querida, la de su esposa. El grupo de fotoperiodistas independientes humanizingthroughstory, que está documentando profusamente las detenciones ordenadas por Trump, dio hace una semana con un hombre completamente destrozado a las puertas de unas instalaciones del ICE en Broadview, unas de las más denunciadas por abusos. "La policía lo detuvo, visiblemente angustiado y buscando desesperadamente a su esposa, con quien llevaba cinco años casado", explican en sus redes sociales. 

"ICE se la había llevado poco antes en el juzgado. Estaban cumpliendo con todos los requisitos legales y asistiendo a su audiencia cuando, de repente, ICE la llevó a otra habitación y desapareció. No le dieron ninguna explicación y tuvo que rastrear su teléfono hasta Broadview, donde se perdió la señal. Mientras corría por la calle, la policía lo abordó y le dijo que buscara su nombre en internet, pero eso fue todo lo que pudo hacer. Se sentó en un estacionamiento cercano, llorando, confundido, aterrorizado y sin respuestas", abundan los fotoreporteros. En una actualización posterior, la misma fuente indicó que "la esposa fue trasladada del centro de detención a otro estado".

Las desapariciones, a veces indefinidas, son una de las grandes tragedias de esta apuesta electoral de Trump: más de 1.200 personas que fueron internadas en julio en el centro de detención para migrantes Alligator Alcatraz, en Florida, siguen sin aparecer y han sido borradas de las bases de datos del ICE.

Hay casos muy enredados en la justicia, como el de Marimar Martínez, de 30 años, que fue tiroteada en Chicago. Su caso ilustra la violencia, también, contra los manifestantes que rechazan las redadas del ICE. En octubre, los agentes dispararon "en defensa propia" contra ella -estadounidense de pleno derecho- cuando, junto con los conductores de al menos otros diez vehículos, embistió y acorraló a los agentes, supuestamente. Acaba de ser procesada formalmente y la fiscalía insiste en que se trata de un caso de legítima defensa, pero múltiples testigos oculares lo están negando. 

Su defensa sostiene que hay imágenes tomadas desde cámaras corporales de los agentes que evidencian que hubo provocación y amenazas. "Haz algo, puta", se oye, dice, pese a que no se han difundido ni audios ni imágenes. Inicialmente, los agentes dijeron que iba armada y los apuntó, pero se han desdicho de ello. Martínez, eso sí, fue mencionada recientemente en un boletín de inteligencia "por revelar en línea la identidad de agentes sin su consentimiento", además. 

Pero el caso es más complejo, porque se suma la filtración de unos mensajes de uno de los agentes que participaron en los hechos, llamado Charles Exum. "Disparé cinco veces y ella tenía siete agujeros. Anoten eso en su libro, amigos", se mofaba. La mujer está ahora libre, con cargos. 

Lo que queda anotado en la retina es el llanto de un menor llamado Manny Chávez, de 16 años apenas, quien en una reunión vecinal para hacer frente a la amenaza del ICE sólo pudo contar que vive aterrado, que no quiere que sus padres salgan de casa por si no vuelven nunca más. 

El pasado día 4, en el Ayuntamiento de Hillsboro (Oregón), fueron hablando diferentes personas, unas amenazadas por los arrestos, otras solidarias con sus víctimas. Manny se derrumbó al tomar la palabra: "Sólo quiero decirles que tengo miedo de que mis padres salgan de casa porque tal vez no pueda despedirme de ellos si se van a trabajar", dijo. "Puede que no vuelva a despedirme de ellos ni a verlos jamás si no nos apoyan (...). Y me da miedo, porque lucharon tanto para venir aquí y elegir una vida para sus hijos", añadió.

"Mi familia llegó aquí desde México hace 36 años, me preocupa lo que está haciendo el ICE, en esa audiencia no quería hablar, pero vi la necesidad (...) A Trump no le gustamos, a pesar de que la comunidad migrante ha contribuido al crecimiento de los Estados Unidos, hemos hecho lo que nos toca, hemos pagado, hemos aportado", aseguró en W Radio. "No les importa, nos acosan, nos hostigan, son racistas; así las personas estén con niños, tengan bebes, estén embarazadas, simplemente van contra esa persona sin importarles nada", agregó. 

Su único deseo es tener paz, estabilidad y trabajo. Como la inmensa mayoría de los arrestados por el ICE. Y los que vendrán.