Venezuela, represión y desesperanza al año de la cuestionada victoria de Maduro

28 de julio. Hace justo un año, Venezuela votaba en unas elecciones presidenciales distintas. Dejando atrás las divisiones, las tendencias y los liderazgos, la oposición concurría en piña, con un único propósito por encima de cualquier programa electoral: derrotar en las urnas y por derecho al chavista Nicolás Maduro, en el cargo desde 2013. Aunque su candidata, María Corina Machado, había sido inhabilitada, su puesto lo ocupó el exdiplomático Edmundo González Urrutia. Lograron movilizar a miles de apoderados para vigilar el proceso en las mesas electorales. Salieron a la calle, tras años de renuncia a participar en comicios por miedo al fraude, convencidos de la victoria. 

Sin embargo, cuando la Comisión Nacional Electoral (CNE) que controla el Gobierno de Caracas dio los datos, sus esperanzas quedaron hechas añicos: el oficialismo había ganado con el 52% de los sufragios. Comenzó entonces un tiempo de ruido y furia, de impugnaciones y pruebas, de denuncia interna y de la comunidad internacional por un proceso que había sido "falso", un "fraude". Los disidentes llegaron a hacerse con la práctica totalidad de las actas e informaron de que Urrutia había ganado en todos los distritos, logrando el 87% de los apoyos. 

Recibieron una ola de apoyo de la comunidad internacional, conforme llegaban las confirmaciones de que la elección no había sido clara: lo dijo primero el Centro Carter, que había enviado observadores a la zona ("no se adecuó a los parámetros democráticos", dijo en su informe) y luego un panel de expertos de Naciones Unidas ("careció de medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para celebrar elecciones creíbles"). Maduro no se inmutó. Lanzó a sus fuerzas armadas y del orden a las manifestaciones opositoras y forzó a que Machado y Urrutia se refugiaran en lugares secretos, hasta que mandó a la Fiscalía contra el candidato y terminó forzando su salida. En septiembre ya estaba en España, refugiado. Maduro se rió de él por "escapar". González defendió que libre, aunque fuera lejos, era más válido que en la cárcel. El ejemplo de Machado, que fue arrestada o "secuestrada", servía de ejemplo. 

Entonces, inició una intensa ronda por medio mundo tratando de trasladar los datos y la postura de la oposición y reclamando medidas de presión, como sanciones, que acaben poniendo al actual Gobierno contra las cuerdas, forzándole a una salida democrática. No ha tenido éxito, por mucho que haya concienciado y muchos premios que haya recibido, como el Sájarov 2024 del Parlamento Europeo. Las cosas no es que sigan igual, es que siguen peor en su país. 

Este mismo domingo, se han celebrado elecciones municipales y a consejos legislativos en las que Maduro ha hecho rodillo, con sus opositores llamando a la abstención como vía para demostrar su rechazo. Han vuelto a decidir que es mejor no presentarse, como ya pasó con las elecciones regionales y parlamentarias de mayo, porque el fantasma del fraude es real. Como dice Machado, la clave es "dejarlos solos", pero a la par, también se les queda el camino expedito para la victoria. Es enorme el debate interno en las formaciones de la llamada Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que aglutina a los partidos no chavistas, sobre lo que hay que hacer ante esta coyuntura. 

Saben que es urgente la necesidad de "restablecer el orden constitucional, el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad electoral". Lo que no saben es cómo en un contexto de asfixia que, si ya era duro antes del 28-J, ahora directamente es "insoportable".

Opacidad, radicalización, parálisis

Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) de Caracas, ha publicado un informe para hacer balance de este año pasado y sus conclusiones son desalentadoras. Expone que Venezuela "enfrenta un escenario de creciente opacidad política, deterioro económico sostenido, fragmentación política y social, parálisis de la oposición democrática y radicalización paulatina del autoritarismo gubernamental". A ello se suma el "contexto complejo de inflación desbordada, pérdida de capacidades institucionales, debilidad opositora interna y presiones crecientes en el entorno internacional". Contundente. 

Para el analista, como se ha visto en las municipales recién celebradas, el ambiente es "aún más opaco y desmovilizado, con una oposición debilitada y una sociedad civil sometida a presiones crecientes". Lo afirma a partir de los informes propios de la UCAB y de organizaciones independientes, nacionales e internacionales, aunque el acceso también se complique. 

En lo político, ponen ejemplos de las lagunas electorales que se arrastran, más allá de lo ocurrido 12 meses atrás. No se divulga, dice, "información relevante sobre candidatos, cronograma ni incentivos para la participación", por lo que la mayoría de la población "desconoce los detalles del proceso y muestra apatía ante la convocatoria", reflejando una "erosión profunda de la confianza" en el voto como mecanismo de cambio para Venezuela. En eso se creyó hace un año, pero es que la lista de desencantos es larga: los opositores ya fueron derrotados "sin serlo", como decía el efímero presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en la reforma constitucional de 2007, en la imposición de leyes orgánicas comunales de 2010, en las elecciones a la Asamblea Nacional de 2015 y, al fin, en las presidenciales del 24. 

Eso hace mella no sólo en las esperanzas de los ciudadanos sino en la propia articulación opositora. Unida con mucho esfuerzo, agotada con la tarea y desarbolada por las detenciones de sus miembros más destacados, ha perdido fuerza y empuje popular. En estos últimos comicios ha habido "dispersión de candidaturas" y "ausencia de campañas robustas", frente a un oficialismo que "recurre a mecanismos clientelares, como la consulta de proyectos comunales, para movilizar a su base y asegurar el control territorial". Difícil superar eso. 

"La oposición democrática atraviesa un momento de parálisis estratégica", afirma rotundo Alarcón. La PUD se encuentra en un proceso de "redefinición de su rol, con una tendencia a la inacción y la publicación esporádica de comunicados". Hoy por hoy, es Machado quien continúa liderando el movimiento, pero la marcha de Urrutia y el arresto de asesores muy queridos y otros opositores de peso la han dejado bastante sola. "Es la única que mantiene una postura de abierta confrontación con el Gobierno, pero su capacidad de movilización interna está limitada por la represión y el exilio de buena parte de su círculo de confianza", sostiene el dossier.

El Gobierno, en paralelo, "ha perfeccionado su estrategia de aislamiento progresivo de los liderazgos opositores", que se concreta en "la represión selectiva, la cooptación de actores y la fabricación de una oposición oficialista" que "han reducido el margen de maniobra de los sectores democráticos". "La desconexión entre la dirigencia y las bases, sumada al temor a la represión, ha debilitado la capacidad de convocatoria y la articulación interna", concluye el análisis. Realmente, esas manifestaciones masivas en defensa de Machado y Urrutia han ido decayendo. Resurgieron en enero, cuando se formalizó la toma de posesión de Maduro para su nuevo mandato, pero no mucho más. 

Aún así, un reciente estudio de la encuestadora Meganálisis, realizado entre el 18 y el 25 de junio con una muestra de 1.127 personas, sostiene que un 86,1 % de los ciudadanos considera que la principal solución a los problemas del país pasa por la salida de Maduro y su entorno del poder. Un 73,6 % estima necesario que Edmundo González Urrutia asuma la Presidencia de la República.

"Lesa humanidad"

En Venezuela hay un auténtico cierre de los espacios políticos, también una permanente persecución de la prensa libre, por lo que se entiende la complejidad de mantener una oposición firme, activa y conectada. Protestar tiene consecuencias serias. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en el último año se han registrado más de 7.000 protestas en el país, con aumentos significativos en julio de 2024 (1.311 protestas, al hilo de las elecciones, en los días previos y posteriores) y en junio y julio de 2025 (alrededor de 1.500 protestas, relacionadas con peticiones de mejoras en los servicios públicos y por motivos económicos como salarios, pensiones y derechos laborales, ante la crisis general). 

"El régimen ha perfeccionado mecanismos de control social y represión selectiva. La respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad ante protestas ha sido sistemática y coordinada, con uso de detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta y vigilancia digital", describe la UCAB. "Esta estrategia busca evitar la expansión nacional de las protestas y desarticular focos en sectores estratégicos como salud, educación y transporte", ahonda. El efecto es claro: disuación de la movilización. Pero el desencanto de base no se ha borrado y tampoco es conformista la sociedad venezolana antiMaduro. Está atrapada, que es distinto. El descontento "se manifiesta de forma diversa, dispersa y cotidiana. La represión selectiva también ha generado un aumento de la migración forzada y el exilio de líderes sociales y políticos", se insiste.

Se calcula que hoy hay unos mil presos políticos en Venezuela. Machado se centra en estos días en denunciar lo que denomina "política de puertas giratorias", por la que el presidente venezolano libera a un grupo de disidentes pero, de inmediato, detiene a otros cuantos más, reequilibrando la balanza. 

Hace una semana, la organización en defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) ha denunciado a través de un informe un "aumento drástico" de las detenciones cometidas de "forma sistemática" en Venezuela desde el 28 de julio de 2024, unos casos en los aprecia "elementos del crimen de lesa humanidad de desaparición forzada". Habla de un "alto nivel de organización, coordinación institucional y recursos estatales puestos al servicio de esta práctica" y constata la implicación de "figuras del más alto nivel del Estado en la identificación y estigmatización pública de las víctimas, así como la subordinación del aparato de justicia a la política represiva del Gobierno de Nicolás Maduro". 

El fiscal general del país, Tarek William Saab, ha rechazado estas conclusiones diciendo que parten de datos "falsos", que Amnistía "ha descendido a los sótanos del infundio" y se suma a una campaña "agresiva" contra el chavismo. 

Una economía por los suelos

Maduro se ha aferrado a las distintas citas electorales de este año para tratar de evidenciar que siguen teniendo el favor de su gente. Además, ha remodelado en parte su gabinete, intentando mandar un mensaje de cambio, de querer atender las necesidades de los venezolanos. Sin embargo, con ese movimiento lo que hizo fue enrocarse en el Palacio de Miraflores, cobijado más aún por alguno de los pesos más pesados del chavismo: nombró a Diosdado Cabello, uno de los principales líderes del movimiento, como ministro de Interior y Justicia, mientras que a su fiel Delcy Rodríguez, la videpresidenta, la mantuvo con ese rango pero la designó ministra de Petróleo, una materia clave en la economía nacional. 

La situación en ese campo es desesperada. "El primer semestre de 2025 ha estado marcado por la contracción de la actividad no petrolera y el deterioro de los indicadores macroeconómicos. Según el informe del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB y datos de multilaterales, la economía no petrolera cayó 2% respecto al año anterior, con sectores como alimentos y medicamentos mostrando cierto dinamismo, pero con un comercio afectado por la devaluación y la presión fiscal".

La inflación de este año se proyecta en un 229%, con una inflación mensual estimada en un 25 a 27% de media. El tipo de cambio oficial se sitúa en torno a 111,41 Bs/USD al cierre de la semana pasada. En 2024, Venezuela asumió otros 892.000 millones de dólares de deuda pública, cantidad que se espera que se duplique en 2034. "La contracción del consumo y la pérdida de capacidad adquisitiva han llevado a la población a priorizar gastos en alimentos y medicinas, mientras el gobierno intenta controlar precios y canalizar divisas hacia sectores estratégicos", escribe Alarcón.

La revocatoria de licencias petroleras, como Chevron, Repsol, Maurel & Prom, y la salida de compradores clave como Reliance han provocado una contracción de los ingresos petroleros y, en consecuencia, una mayor presión sobre las finanzas públicas. "El Gobierno ha intentado compensar la caída de ingresos con disciplina fiscal y aumento de la recaudación tributaria (del 5% al 12% del PIB en la última década), pero el margen de maniobra es limitado", asume Alarcón.

En el sector privado, sigue la expropiación ilegal de empresas, el cerco a la industria, el comercio o la agricultura y la destrucción de puestos de trabajo. Aunque la tasa oficial de desempleo se encuentra relativamente baja, en el 5,5%, esta cifra no refleja plenamente el subempleo y el trabajo informal que enfrentan muchos venezolanos. La oposición denuncia que cuesta tener datos reales por la multiplicación de pseudosindicatos, falsas cooperativas o consejos revolucionarios que presionan a los empleados. 

Las sanciones internacionales, mantenidas y ampliadas por EEUU y la Unión Europea, "condicionan a la par la capacidad del régimen para acceder a financiación externa y limitan el margen para concesiones políticas", quedando Maduro a expensas de sus socios de siempre, que precisamente ahora no están para prestarle mucha atención, como se ve en el caso de Rusia o Irán. "La cooperación con China se ha profundizado en áreas productivas y tecnológicas, aunque sin nuevos préstamos directos, tomando ventaja de la situación atendiendo a sus propios intereses", concluye el informe.

El panorama es tan complicado que, sumado a la crisis política, ha llevado al exilio forzado a unos nueve millones de venezolanos, refugiados en 90 países. Se estima que sólo en España hay alrededor de 400.000 venezolanos, una cifra que se ha multiplicado en una década. 

El riesgo de desesperación ha crecido en un año. Hay quien pensó en volver, hay quien pensó en quedarse un poco más, por si acaso algo cambiaba. Todo fue nada. 

La resistencia se sigue organizando en la oposición, las ONG, los grupos vecinales o las comunidades y familias de presos políticos, confiando en un "presidente legítimo" de 75 años que está a casi 7.000 kilómetros de su casa. Por ahora, manda Maduro. Y mandará, porque la Universidad augura una consolidación del autoritarismo, más exclusión de la oposición, el cierre de más espacios políticos, más represión, posibles conflictos sociales al alza y pocas acciones internacionales que frenen a Maduro o busquen una salida negociada.