La regularización extraordinaria de inmigrantes divide a España: un país fracturado entre el apoyo y el temor
El 38% respalda la medida frente a un 33% que la rechaza. La mayoría de la población teme un impacto negativo en los servicios públicos y la vivienda, mientras la "prioridad nacional" gana terreno como el criterio favorito para las ayudas.
La sociedad española se encuentra en un profundo estado de división ante el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que el Gobierno ha puesto en marcha. Según el último barómetro de 40dB. para El País y la Cadena SER, conocido este lunes, la medida no sólo fragmenta la opinión pública por bloques ideológicos, sino que despierta una notable inquietud sobre la sostenibilidad de los servicios públicos.
Los datos son elocuentes: un 37,6% de los encuestados valora la medida de forma positiva (bien o muy bien), mientras que un 33% la rechaza frontalmente (mal o muy mal). En medio, un 21,5% de la población se mantiene en la tibieza, calificando la iniciativa simplemente como “regular”.
A pesar de la puesta en marcha del proceso, el estudio revela que el marco discursivo de la derecha y la extrema derecha parece estar calando con más fuerza en la ciudadanía. Un 60% de los españoles con nacionalidad considera que ya hay "demasiados" inmigrantes en el país.
Esta percepción se traduce en expectativas mayoritariamente pesimistas sobre las consecuencias de la legalización masiva (que afectará a cerca de 500.000 personas). Más de la mitad de los consultados cree que la regularización “afectará negativamente al acceso a la vivienda y al sistema sanitario”.
Fractura por intención de voto
La encuesta muestra un abismo insalvable entre los votantes de los distintos partidos. El apoyo a la medida es abrumador en la izquierda, aunque con matices:
- Podemos: 70% a favor.
- Sumar: 63% a favor.
- PSOE: 59% a favor.
En el extremo opuesto, el rechazo es mayoritario en el bloque de la derecha:
- PP: El saldo de opinión es de -29 puntos (predomina el rechazo).
- Vox: El saldo cae hasta los -52 puntos, siendo los votantes de Santiago Abascal los más críticos.
“La regularización extraordinaria divide a la población española: el 37,6% la ve con buenos ojos, al 21,5% le parece ‘regular’ y al 33% mal o muy mal”, destaca el informe del sondeo.
El diario galo de referencia publica un texto con las "exageraciones" e "inexactitudes" que los conservadores azuzan a un año de las elecciones presidenciales en el país.
La "prioridad nacional": de consigna a opción popular
Uno de los hallazgos más relevantes del barómetro es la aceptación de la denominada "prioridad nacional". Esta cláusula, que Vox ha convertido en bandera y exigencia en sus pactos de coalición autonómicos con el PP, propone que los ciudadanos españoles tengan preferencia frente a los extranjeros en el acceso a ayudas públicas.
A pesar del rechazo frontal de los obispos y de sectores progresistas, la encuesta confirma que esta es ya “la opción más popular entre los votantes” a la hora de establecer criterios para la concesión de subsidios y apoyos del Estado.
El sondeo, basado en 2.000 entrevistas online realizadas entre el 24 y el 27 de abril, coincide con un momento de alta tensión social. Durante esas fechas, se registraron “largas colas en La Farga de L'Hospitalet (Barcelona) para pedir la regularización” y se produjeron incidentes graves, como la detención de dos jóvenes en Aldaia (Valencia) por un presunto delito de odio tras atacar a migrantes.
“En la eterna batalla de relatos políticos, la derecha parece imponerse en el que tiene que ver con la población inmigrante”, concluye el análisis de la encuesta, que firma Natalia Junquera.
Mientras el Gobierno avanza con el decreto ante la falta de una mayoría parlamentaria sólida, la calle muestra que el camino hacia la integración administrativa está asfaltado con dudas sobre la capacidad de España para absorber este cambio sin tensionar aún más sus costuras sociales.
Apoya el término en los acuerdos programáticos de Extremadura y Aragón, pero lo rechaza en la moción presentada por Abascal en el Congreso. "De lo que se habla en el pacto para investir a Guardiola es de arraigo", defienden.
