Una regularización histórica desde dentro: "Es una victoria de toda la sociedad y de los migrantes que malviven"

Ha terminado la espera. Después de años de lucha y esfuerzo de incontables personas, este martes se abordará en el Consejo de Ministros la regularización extraordinaria de migrantes que se encuentran en situación administrativa irregular. En otras palabras, que carecen de papeles en España y que en la mayoría de casos trabajan de forma precaria, explotados y sin garantías laborales y sanitarias, además de que tampoco pueden contribuir a las arcas del Estado como hacen el resto de trabajadores del país. Una medida de gran alcance que beneficiará a cientos de miles de migrantes que llevan tiempo reclamando sus derechos. El miércoles la tinta se plasmaría en el Boletín Oficial del Estado (BOE) iniciando el proceso de la regularización que, pese a que también la realizará José María Aznar cuando se encontraba en Moncloa, ha recibido el rechazo de toda la derecha parlamentaria. 

Sin embargo, y a falta de escasas horas para que el tema se aborde en la mesa de los ministros, dudas y certezas siguen presentes en este hito que encarrila su proceso de aprobación. El informe emitido por el Consejo de Estado —que ha analizado el encaje jurídico de la medida y ha introducido una serie de recomendaciones que el Gobierno aún debe concretar, y al que El HuffPost ha tenido acceso— apunta las diferentes luces y sombras que todavía se deben abordar para que la medida tenga éxito. No es un informe más, se trata de un documento que se apoya en los trabajos de la Fundación para la Ciudadanía Global, promotora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización que ha sido el sustento del proyecto durante años y que agrupa a decenas de agrupaciones que llevan trabajando años en lo que previsiblemente hoy se convertirá en realidad.

"Llevamos esperando desde principios de abril para que salga en el BOE. Es una alegría inmensa que este martes el Consejo de Ministros vaya a abordarlo porque corría el riesgo de caducar, así que estamos ansiosos de que por fin salga plasmado en el texto", asegura a este periódico Augustin Ndour, aquel que puso su firma en la ILP de la regularización extraordinaria de migrantes, incluso llegó a ser el primer candidato negro de la historia de España a la presidencia del Gobierno y que ya manifestó su alegría en El HuffPost horas después de conocerse la aprobación de la medida. 

Dos vías claras de acceso

De acuerdo con el planteamiento actual y el que se pondrá en consideración durante el Consejo de Ministros, existen dos grandes vías para que los migrantes accedan a la regularización extraordinaria. 

Como se barajaba tras el anuncio de Podemos y Partido Socialista el pasado 26 de enero, la primera vía de acceso es la de protección internacional. Podrán acogerse quienes hayan solicitado asilo antes del 1 de enero de 2026 y cuya solicitud siga pendiente de resolución. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable, atrapado en largos procesos administrativos y donde el Estado tendrá que poner álgidos esfuerzos para que el proceso transcurra con normalidad.

La segunda es la denominada vía de arraigo de cinco meses. En este caso, deberán acreditar su presencia en España antes del 1 de enero de 2026, haber permanecido al menos cinco meses en el país, carecer de antecedentes penales y cumplir una de estas condiciones: haber trabajado por cuenta ajena, disponer de una oferta de empleo, poder ser beneficiarios de reagrupación familiar o encontrarse en situación de vulnerabilidad. 

"Siempre hay cuestiones complejas por su tecnicidad. Nosotros, como agentes sociales y promotores de la ILP, lo que queremos es que entren el máximo de personas posible en esta regularización. Con ello volvemos a poner el contador a cero porque si con el arraigo son cinco meses nos puede ayudar a mantener el cupo de personas irregulares muy bajo y poner los contadores a cero", asegura Ndour a este periódico que se muestra especialmente optimista después de años de lucha para poder sacar adelante la regularización. "Va a ser una maravilla. Al conjunto de la sociedad nos va a venir bien por la cotización en la Seguridad Social y también a los migrantes sin papeles que malviven, sufren y trabajan en negro", se reafirma.

Las incógnitas que siguen abiertas

Pese a que el esquema general está definido y la noticia será un paso inmenso para centenares de miles de migrantes que están siendo explotados en España, el informe del Consejo de Estado apunta  los aspectos aún sin resolver y que podrían ser determinantes. Uno de los puntos más sensibles es la relación entre la regularización y el derecho de asilo, una materia que ha despertado contradicciones y debates tanto dentro como fuera del Ejecutivo. El Gobierno planteaba inicialmente que quienes se acogieran a la regularización renunciarían en la práctica a la protección internacional. Sin embargo, el órgano consultivo asegura que ambas vías deberían ser compatibles.

También genera incertidumbre la exigencia de certificados de antecedentes penales. Para personas procedentes de países donde estos documentos son difíciles o imposibles de obtener, el Ejecutivo baraja permitir declaraciones responsables provisionales, una opción que, según hemos podido saber, el Consejo de Estado cuestiona por posibles problemas de seguridad jurídica.

Otro foco de discusión es la acreditación de la vulnerabilidad. El Gobierno propone que entidades del tercer sector actúen como certificadoras, además de intermediarias en los trámites. El informe del Consejo de Estado advierte de la posible duplicidad de funciones, aunque no rechaza frontalmente la idea.

Una reivindicación expuesta a la presión

La magnitud del proceso es otro de los grandes desafíos que tendrá que afrontar el Gobierno desde el miércoles, cuando la norma salga publicada en el BOE. Se estima que podrían presentarse hasta 750.000 solicitudes en un plazo inicialmente fijado hasta el 30 de junio. Sin embargo, el informe presentado por el Consejo de Estado y las fuentes consultadas consideran difícil gestionar tal volumen en apenas dos meses y medio. Además, no esperan que se amplíe el plazo por parte del Ejecutivo, aunque desde su posición debería ser algo a tener en cuenta dada la magnitud que se baraja.

En cuanto a los canales de tramitación, el Gobierno pretende habilitar múltiples vías: oficinas de correos, dependencias de la Seguridad Social y plataformas telemáticas. Además, se contempla el apoyo de personal de la empresa pública Tragsatec en tareas administrativas, sin capacidad de decisión sobre los expedientes, para gestionar el elevado número de solicitudes que se prevén en las próximas semanas. Aunque, desde el informe destacan que esto es otro de los puntos que deberán de aclarar de forma definitiva. "Veremos a ver cómo solventa este nudo el Consejo de Ministros y estaremos pendientes. Felices también, claro, pero pendientes", afirma Augustin Ndour.

Una demanda histórica que no entiende de partidos 

Ya comentó Augustin Ndour cuando salió la noticia del acuerdo entre Podemos y el Partido Socialista que la regularización extraordinaria no era un fenómeno propio de la izquierda, sino de principios y respeto a los derechos humanos. "Necesitan un mínimo de derechos para poder cumplir también con sus deberes", nos comentaba entonces. Se trata de la séptima ocasión que se lleva a cabo una medida como esta en la historia de la democracia. La última tuvo lugar en 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se normalizó la situación de cerca de 600.000 personas extranjeras. Cifra similar que la que realizó su predecesor en La Moncloa, José María Aznar, que también regularizó a más de medio millón de personas apenas unos años antes. 

Desde entonces, distintas organizaciones sociales y plataformas ciudadanas han reclamado nuevas regularizaciones ante el aumento de población migrante en situación irregular. La pandemia reactivó este debate, al evidenciar la precariedad de muchos trabajadores esenciales sin papeles. Activistas, asociaciones, partidos políticos.. Esta es una lucha que no se puede asociar a nadie, sino a todos aquellos que llevan años trabajando para poder sacarlo adelante. Augustin Ndour fue regularizado precisamente en la medida que tomó José María Aznar y, desde entonces, lucha porque sus hermanos puedan tener los mismos derechos que él un día consiguió. 

La actual iniciativa tiene su origen en una ILP impulsada por diferentes organizaciones sociales, que logró un amplio respaldo ciudadano y situó la cuestión en la agenda política incluso llegando al Congreso, donde la ILP tuvo la firma de Ndour. Aunque el Gobierno ha optado finalmente por una vía reglamentaria, el espíritu de la propuesta se mantiene: ofrecer una salida administrativa a una realidad estructural que oprime a cientos de miles de personas que no pueden disfrutar ni de vacaciones, ni de bajas médicas, ni siquiera de cotizar a la Seguridad Social. 

Un paso decisivo, pero no definitivo

La inminente aprobación de la regularización marcará un hito en la política migratoria reciente de España después de más de 20 años desde que tuviera lugar la última. Sin embargo, su impacto real dependerá de cómo se resuelvan las dudas jurídicas pendientes y de la capacidad administrativa para gestionar el elevado volumen de solicitudes, dudas que se espera que el Consejo de Ministros aclare en las próximas horas y definitivamente cuando la norma se plasme en el Boletín Oficial del Estado.

En juego no solo está la situación de cientos de miles de personas, sino también el modelo de integración y gestión migratoria que el Ejecutivo tendrá que llevar a acabo no sólo por sus obligaciones, sino para otorgar los derechos que les corresponden a cientos de miles de personas que llevan siendo explotadas y marginadas del escudo social desde hace años.