Cinco claves para explicar la reforma de la Constitución que blindaría el aborto, una modificación que exige el 'sí' del PP
Hasta ahora, los de Alberto Núñez Feijóo se han negado a apoyar la pretensión del Gobierno de coalición: "Que no cuenten con nosotros".
El Gobierno ha dado este martes un nuevo paso en su camino hacia la conversión de España en el segundo país del mundo en blindar y proteger el derecho al aborto en la Constitución, algo que hasta ahora solo ha hecho Francia. Seis meses después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunciara dicha intención, el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana la reforma de la Carta Magna para garantizar constitucionalmente la interrupción voluntaria del embarazo. Pero no es tan fácil.
Una reforma constitucional exige de grandes mayorías tanto el Congreso como en el Senado, por lo que el Gobierno, una vez más, necesita a un Partido Popular que ya ha dicho que no apoyará su propuesta. "Que se olvide de contar con nosotros", espetó hace semanas el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Sánchez. ¿Entonces...? A continuación, cinco claves para explicar la que sería la quinta reforma constitucional.
¿QUÉ PROPONE EL GOBIERNO?
La reforma que propone el Gobierno es un añadido al artículo 43 de la Constitución, que reconoce el "derecho a la protección a la salud". De salir adelante, se incluiría un punto 4 al articulado que diría, textualmente: "Los poderes públicos garantizarán el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en condiciones de igualdad real y efectiva, con cuantas prestaciones y servicios sean necesarios".
LA "DIMENSIÓN PRESTACIONAL"
Esta mañana, la ministra Ana Redondo ha explicado que la reforma de la Constitución pretende blindar la "dimensión prestacional" del aborto, no tanto la libre elección de las mujeres. "No está en riesgo la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad, sobre su propio cuerpo, pero sí su ejercicio, el ejercicio real y efectivo en todo el territorio nacional", ha argumentado Redondo.
Para apoyar su tesis, la ministra de Igualdad ha hecho referencia a un estudio publicado por el Ministerio de Sanidad que muestra las diferencias que se encuentran las mujeres para abortar en la sanidad pública si viven en una u otra comunidad. Mientras en Galicia, Cantabria, La Rioja o Navarra el 60% de los abortos se producen en centros públicos, en Castilla y León el porcentaje baja hasta el 15%. Las cifras son todavía más escandalosas en los casos de Madrid y Andalucía, donde solo el 1% de las interrupciones voluntarias del embarazo se dan en centros de la sanidad pública.
¿POR QUÉ SE NECESITA AL PARTIDO POPULAR?
Una vez que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma de la Constitución, esta requiere el visto bueno de tres quintos de los votos tanto en el Congreso como en el Senado. Sin los votos del Partido Popular, imposible. De no aprobarse así, se crearía una Comisión Mixta entre Congreso y Senado que propondría un nuevo texto, un articulado que precisaría dos tercios de los votos en el Parlamento y mayoría absoluta en el Senado. De nuevo, sin los votos del Partido Popular, imposible.
En el Gobierno son muy conscientes de que, sin los de Feijóo, no lograrán emular a Francia. De ahí que esta mañana la ministra de Igualdad, Ana Redondo, comparara acontecimientos para presionar al PP. "Hasta Marine Le Pen votó a favor en Francia", ha señalado Redondo en referencia al posicionamiento de la ultraderecha francesa.
LA SITUACIÓN ACTUAL
Hasta 1985, a excepción de un breve periodo en Catalunya durante la II República y en plena guerra civil (entre 1936 y 1938), el aborto ha sido ilegal en España. Hace ahora cuarenta años, el Gobierno de Felipe González (PSOE) aprobó una primera ley sobre el aborto; se permitía la interrupción del embarazo, pero solo en tres supuestos: violación, riesgo para la salud física y psíquica de la madre o malformación del feto. Tendrían que pasar 25 años más para que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) aprobara la ley de plazos, que es la que todavía continúa en vigor.
Actualmente, y según la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, es legal el aborto "dentro de las primeras catorce semanas de gestación a petición de la mujer embarazada". Además, de manera excepcional, podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas.
Esta ley fue modificada en 2022, con Irene Montero como ministra de Igualdad. Con esa reforma, que entró en vigor un año después, en 2023, se eliminó la necesidad de consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años y se reguló la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios que no quieren practicar abortos.
SOLO CUATRO REFORMAS DE LA CONSTITUCIÓN
Hasta ahora, ambas Cámaras, Congreso y Senado, han aprobado tan solo cuatro reformas de la Constitución. La última, de hecho, se puso en marcha hace tan solo un mes, después de que el Parlamento diera el visto bueno a que Formentera tenga un senador propio en lugar de seguir compartiéndolo con Ibiza.
Antes de esta última modificación, la Carta Magna fue reformada hasta en tres ocasiones: en 1992, para permitir el sufragio pasivo a personas extranjeras en las elecciones municipales; en 2011, para introducir el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera; y en 2024, para eliminar el término "disminuido", que fue sustituido por el de "personas con discapacidad". Todas fueron apoyadas por el PP.