¿De qué se acusa a Zapatero?: el juez le considera "líder" de un entramado de "tráfico de influencias"

Transcurridas unas horas de conocerse la imputación al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero —la primera de la historia de España a un mandatario— por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y de tráfico influencias en el marco del rescate a la aerolínea Plus Ultra; comienzan a trascender las cuestiones por las que un juez de la Audiencia Nacional ha apreciado la supuesta participación de quien también fue ex secretario general del PSOE.

Según el auto de dicha causa judicial, al que han tenido acceso medio como El País o la Agencia EFE, el titular del juzgado de instrucción número 4, el juez José Luis Calama, Zapatero es considerado como el supuesto "líder" de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" en el que el objetivo final "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".

Según El País, desde el alto tribunal se atribuye a Zapatero y a su entorno el cobro supuestamente irregular de 1,95 millones de euros en comisiones. Concretamente, se le investiga por la tres presuntos delitos: los de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Para llegar a esa conclusión, han sido claves varios pagos que levantaron sospechas y que partieron de tres empresas diferentes yendo a parar al propio presidente o a la empresa de sus hijas, Whathefav.

Un auto de 85 páginas que retrata "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias"

En este sentido, el auto judicial recoge que, supuestamente, se emplearon sociedades instrumentales, así como documentación simulada y canales financieros opacos con el objetivo de  "ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado". 

Según el juez Calama, la investigación ha permitido detectar "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".

Las empresas señaladas: Análisis Relevante, Gate Center y Thinking Heads

La firma que se ha convertido en la gran diana de las pesquisas judiciales se trata de la consultora Análisis Relevante, del empresario ya investigado Julio Martínez Martínez. Desde esta firma se efectuaron pagos por valor de 490.780 euros, a Zapatero, y 239.755 euros, a la empresa de las hijas del expresidente. El juez Calama apunta a que una gran parte de los fondos que percibió Análisis Relevante de la aerolínea rescatada "terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero".

En el auto también se expone el caso de Gate Center, un think tank que preside el propio Zapatero y que pertenece al grupo Thinking Heads, que se dedica fundamentalmente al sector de las plataformas de conocimiento. De nuevo, y según la investigación de la Audiencia Nacional, desde Gate Center se remitieron 352.980 euros al expresidente y 171.727 a Whathefav, mientras que desde Thinking Heads los pagos fueron de 681.318 euros y de 12.297 euros, respectivamente.

Una sociedad constituida en Dubái que preveía ingresos de 2,6 millones y el "reparto funcional de tareas"

Por otro lado, y según recoge El País, el juez del alto tribunal sitúa a Zapatero —pero también con ayuda de su secretaria, María Gertrudis Alcázar Jiménez, y al empresario Julio Martínez—, dando órdenes para que se constituyese una sociedad en Dubái, de la que se cree que serviría para actuar como un entramado off shore que dificultase o impidiese el rastreo del dinero.

Dicha sociedad establecida en Emiratos Árabes Unidos se trata de Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco y cuenta con un plan de negocios que preveía el ingreso de 2,6 millones de euros durante un lustro, con la participación de la mercantil española Idella Consulenza Strategica, también de Julio Martínez.

El juez Calama considera que "la proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros (1% del rescate público [a Plus Ultra]) ―sin constancia del pago en España―, refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español".

Además, el juez pone el foco sobre los supuestos papeles de María Gertrudis Alcázar o de Julio Martínez, pero también a Manuel Aaron Fajardo García. Considera a Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez como intermediarios directos con los clientes, mientras que menciona la participación operativa de María Gertrudis Alcázar y de Cristóbal Cano, lo que "revela un reparto funcional de tareas orientado a maximizar la eficacia de las gestiones ante organismos públicos".