El Supremo abre causa penal contra Alvise por un presunto delito de desórdenes públicos: se trata de la sexta que abren contra el eurodiputado

Alvise Pérez se enfrenta a su sexta causa penal. El eurodiputado y líder de 'Se Acabó la Fiesta' (SALF) ha sido acusado de incitar al desorden público a través de la red social Telegram durante unas protestas agrícolas que tuvieron lugar en febrero de 2024, momento en el que llegó a promover incluso el uso de "grava y estiércol" para lanzar a los agentes antidisturbios.  

Según defiende el Tribunal Supremo, el contenido de dichas publicaciones "incorpora llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso de vías de comunicación, accesos urbanos, centros logísticos, puertos, refinerías y nodos de distribución; y propone la utilización de vehículos propios para apoyar cortes circulatorios". Todo ello aprovechando "la insuficiencia de efectivos policiales" y con el objetivo de "afectar de modo grave al orden público". 

El Supremo devolvió inicialmente la causa

En un inicio, el Tribunal Supremo no encontró indicios suficientes para afirmar que el administrador del canal de Telegram era el propio Alvise Pérez. Sin embargo, la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional elaboró de forma posterior un informe en el que se comprobó que el control del canal denominado 'Canal Alvise' lo tenía el agitador ultraderechista. De hecho, el propio eurodiputado lo había llegado a reconocer en varias ocasiones, según el mismo documento. 

Se trata de la sexta causa penal a la que se enfrenta el agitador

Esta no es la única causa a la que se enfrenta el eurodiputado, que ya cuenta con hasta seis causas penales diferentes. Una de ellas es por presuntos delitos de falsedad e injurias tras difundir una PCR falsa del presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. La segunda por unos mensajes que difundió en Telegram contra la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.

La tercera es por presuntos delitos de financiación ilegal de partidos, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental tras haber recibido, supuestamente, 100.000 euros para su campaña. La cuarta por presuntos delitos de revelación de secretos y acoso a dos eurodiputados que concurrieron con él en su partido durante las elecciones europeas de 2024 y que después rompieron con su formación. 

Finalmente, también cuenta con una causa penal abierta por una querella interpuesta por el alcalde de Algeciras, José Antonio Landaluce, quien denunció haber recibido varias amenazas condicionales. A todas estas causas se suma el hecho de que el agitador no ha conseguido ningún escaño, por lo que no parece que sea su mejor año.