Imputan por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el 'caso Pegasus'
Acusados de espionaje al independentismo.
Una jueza ha imputado por primera vez a dos exdirectores de la Guardia Civil por el espionaje al independentismo con los software Pegasus y Candiru, así como a la exdirectora del CNI, Paz Esteban que acumula con esta cinco imputaciones.
En una providencia, a la que ha tenido acceso EFE, la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Barcelona ha acordado imputar a los exdirectores de la Guardia Civil, Félix Vicente Azón y María Gámez, a raíz de una querella presentada por cinco afectados, entre ellos el empresario Joan Matamala.
La magistrada Júlia Tortosa Garcia-Vaso cita asimismo en la providencia como imputados a Paz Esteban, que ya figura como imputada en otras cuatro causas, a directivos de NSO Group (Pegasus) y, por primera vez en España, a directivos de Saito Tech Ltd (Candiru).
El pasado mes de septiembre, la juez admitió a trámite la querella presentada por el grupo Sentinel Alliance al entender que los hechos denunciados podrían constituir delitos de descubrimiento y revelación de secretos informáticos y acceso ilegal a sistemas informáticos.
La querella de estos cinco afectados se dirigía contra el exdirector de la Guardia Civil entre 2018 y 2020, Félix Vicente Azón y su sucesora hasta 2023, María Gámez -en la primera vez que la justicia indaga el papel del instituto armado en el espionaje al independentismo-, así como contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban -ya imputada en otras cuatro causas- y directivos de las empresas israelís NSO y Saito Tech, que comercializan los softwares maliciosos.
Se trataba además de la primera denuncia por el uso del programario espía Candiru, un software que los querellantes aseguran fue utilizado por la Guardia Civil para infectar sus móviles, en el marco de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los organizadores de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que convocó las protestas contra la sentencia del 'procés'.
Esa infección, mantienen los querellantes, fue acreditada por análisis llevados a cabo por el laboratorio canadiense Citizen Lab, que destapó el caso del espionaje masivo en el independentismo que ha dado pie a múltiples investigaciones en juzgados de Barcelona.
De hecho, los querellantes -empresarios y desarrolladores tecnológicos agrupados en la asociación internacional Sentinel Alliance- presentaron inicialmente su denuncia ante la Audiencia Nacional, que rechazó investigarla por falta de competencia, lo que motivó que la llevaran ante los juzgados de Barcelona.
Puesto que en la querella no figuran los domicilios de algunos de los querellados, residentes en Israel, la jueza requiere en su providencia a la Unidad Adscrita del Cuerpo Nacional de Policía que realice las gestiones necesarias para conocer la dirección de los mismos.
En un comunicado, Sentinel Alliance sostiene que los cinco querellantes -Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives-, todos ellos empresarios y desarrolladores de código abierto, fueron espiados por su actividad profesional.
Según este grupo, durante dos años, desde 2019, sus dispositivos fueron atacados con Pegasus y Candiru, software espía de grado militar capaz de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y fotografías, y de activar remotamente el micrófono y la cámara, y cifra en 78 los ataques contra los querellantes y su entorno, incluidos familiares.
