Sánchez sólo incluirá en su plan de respuesta a la guerra medidas que apoyen PNV y Junts, aunque Sumar presione con los alquileres

El Gobierno celebrará este viernes un Consejo de Ministros Extraordinario para aprobar un plan con medidas concretas con el objetivo de paliar los efectos del conflicto en Oriente Medio. Después de que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dialogara la semana pasada con todos los grupos parlamentarios (excepto con Vox, que no se puso al teléfono) para consensuar el plan de acción, el Ejecutivo aprobará un decreto ley para, principalmente, hacer frente a la subida disparada del diésel y la gasolina, un 29% y un 16% respectivamente en menos de tres semanas, o de la luz, hasta un 32% en estos últimos días. La semana que viene, dicho decreto deberá ser convalidado por la mayoría simple del Congreso de los Diputados.

El Gobierno ha deslizado en estos últimos días algunas de las líneas principales de este texto. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señalaba este jueves que algunas de ellas serán estructurales y relacionadas con el sector energético, y otras serán iniciativas "urgentes" para "aliviar la presión" del encarecimiento de la energía sobre las familias y el tejido productivo. 

Menos impuestos a la energía

Una de esas medidas principales, y sobre la que hay un gran consenso, será la bajada de impuestos de la factura energética, que pasaría por rebajar el IVA de la electricidad y disminuir o incluso eliminar el impuesto especial del 5%. Por otro lado, se aprobarán medidas que contrarresten el encarecimiento de los combustibles y los fertilizantes. Éstas, por tanto, estarán dirigidas a los sectores más afectados por esta subida del precio de la energía, como el del transporte o el agroalimentario y pesquero. 

Lo que sí parece descartar el Ejecutivo es la bonificación al precio de los combustibles, como ya se hizo cuando la guerra de Ucrania, de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA de los alimentos.

La parte socialista del Gobierno ya ha advertido de que este primer paquete es el punto de origen de un plan de ayudas que podría seguir desarrollándose en las próximas semanas, en función de la evolución del conflicto y de sus consecuencias. Además, Montero dejaba claro que sólo se aprobarán hoy medidas que tengan un "consenso" amplio. Es decir, que no incluirá propuestas que pongan en riesgo la convalidación del decreto en el Congreso, como ocurrió con el último escudo social.

Esta premisa ha enfrentado a las dos almas del Ejecutivo, puesto que Sumar ha exigido de forma muy insistente a los socialistas la congelación de los alquileres y la prórroga de los mismos en el caso de que los contratos se extingan este año (serían más de 630.000, firmados durante la pandemia del covid en un momento en el que los alquileres se encontraban a la baja por la situación de emergencia).

Sin embargo, el PSOE cree que cualquier iniciativa relacionada con la vivienda sería tumbada por Junts, como ocurrió hace un mes con el escudo social que incluía la suspensión de desahucios y lanzamientos para familias vulnerables sin alternativa habitacional. Una medida, también heredada de la época del coronavirus, que los independentistas catalanes veían como una herramienta a favor de la okupación.

Las discrepancias entre PSOE y Sumar en ese sentido han sido públicas y notorias en estos últimos días. El miércoles, la ministra de Sanidad, Mónica García, adelantaba que el decreto incluiría alguna medida sobre vivienda. "No tan seguro", respondía en los mismos pasillos del Congreso Bolaños apenas minutos después.

Desde Sumar insisten en establecer un paralelismo con la guerra de Ucrania, cuando “se aprobó y se aplicó sin reparos” una prórroga de los alquileres. De ahí que hayan estado negociando "hasta el último minuto" para lograr un pacto de última hora. De hecho, no se descarta que este pulso se prolongue hasta esta misma mañana en pleno Consejo de Ministros, tras el que comparecerá Pedro Sánchez. 

"Más allá de lo que hayan dicho ministros del PSOE estos días, insinuando que esta prórroga no entrará en el paquete de medidas, seguimos sin saber qué opina el PSOE de si es necesario prorrogar o no estos contratos de alquiler. ¿Están a favor o no de esta medida? Y, si no están a favor, qué es lo que argumentan. Porque es que ni han respondido a esta pregunta...", se quejaban este jueves.

Descontado que no quedará satisfecha esta exigencia, en Sumar empezaban a digerir anoche el nuevo "revés" en una negociación con su socio y que se produce, además, en un momento en el que se cuestiona cómo debe reformularse el espacio político a la izquierda del PSOE. "Tendrán que gestionar su frustración", señalaban al respecto desde el ala socialista, convencido de que esto no supondrá la ruptura del Gobierno. El mensaje que traslada al PSOE a Sumar para intentar calmar su enfado es que cualquier iniciativa, incluida la prórroga de los alquileres, podría tomarse en próximas semanas según las circunstancias. Pero, por supuesto, sin concretar fechas y sin adquirir un compromiso formal. 

El PP, mientras, ha quedado al margen de las negociaciones. Su líder, Alberto Núñez Feijóo, ya adelantaba este miércoles en la sesión de control al Gobierno que no apoyará un "decreto ómnibus" que pueda incluir alguna medida que no les convenza o que no tenga nada que ver con el conflicto abierto en Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel. "Debe ser un texto limpio", dicen las fuentes. Ayer mismo, Feijóo participó en una reunión del PP europeo en Bruselas donde presentó su particular plan de medidas y donde pudo "constatar", según dijo, que los líderes europeos no confían en Sánchez.