El fiscal general del Estado, Torres-Dulce, considera que no existe "ningún dato" para imputar a la infanta
La infanta Cristina continúa sumando apoyos en contra de su imputación el caso Nóos. Si este jueves fue la Abogacía del Estado la que se opuso, apoyando así el escrito presentado por la fiscalía contra la decisión del juez instructor de la causa, ahora es el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, quien ha mostrado su apoyo al fiscal Pedro Horrach. Torres-Dulce ha asegurado que no existe "ningún dato" en el proceso que permita citarla como imputada.
"Nosotros creemos que, conforme con la ley, no existe ningún dato en el proceso que permita la atribución de la imputación y la citación como imputada de la infanta", ha señalado Torres-Dulce en respuesta a preguntas de los periodistas antes de participar en una entrega de premios en Santander.
Ha subrayado en este sentido el "apoyo total" de todo el ministerio público, y el suyo en particular, hacia el fiscal adscrito al caso que, según dice, está desarrollando una labor "extraordinaria" y ha seguido una línea "coherente y constante" en toda la instrucción de la causa.
Según dice, Horrach, que es quien "lleva las riendas del asunto", ha valorado las circunstancias en torno a la imputación de la infanta y ha fijado un criterio que, si bien difiere en esta ocasión con el del juez, es "coherente" con el que ha mantenido la Fiscalía en todo momento "con absoluta imparcialidad".
El fiscal general del Estado ha recordado que ahora la decisión está en manos de la Audiencia Provincial de Palma y ha pedido que se deje trabajar a la sala que examine el recurso de la Fiscalía, al que también se ha adherido la Abogacía del Estado. Si finalmente la sala no atiende el recurso del ministerio público, la Fiscalía acatará "respetuosamente" la decisión, aunque discrepe de ella, ha añadido Torres-Dulce.
"Dejemos trabajar a la sala. Dejemos trabajar con libertad absoluta a los tribunales de justicia, porque ése es el buen funcionamiento del Estado de derecho. Sin confianza, sin legitimar las actuaciones de las instituciones del Estado de derecho, difícilmente vamos a hacer creíble, sostenible y pacífica la convivencia ciudadana", ha concluido.
