Imputada la presidenta argentina por el caso que investigaba el fiscal Nisman

El fiscal federal Gerardo Pillicita ha imputado a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, entre otros cargos públicos, por la denuncia que había presentado el fallecido fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, por supuestamente encubrir a los sospechosos iraníes de llevar a cabo este atentado contra la mutua judía que dejó 85 muertos en 1994.

Además de Fernández de Kirchner, han sido imputados el ministro de Exteriores, Héctor Timerman, el diputado oficialista Andrés Larroque, el líder sindical Luis D'Eñía y el dirigente de la coalición izquierdista Quebracho, Fernando Esteche.

Según la prensa argentina, Pillicita se ha basado en la denuncia de 300 páginas presentada por Nisman cuatro días antes de que fuera hallado muerto en su apartamento de Buenos Aires en un aparente suicidio que poco a poco han ido desmontando las pruebas periciales.

Nisman denunció "la existencia de un plan delictivo destinado a dotar de impunidad a los imputados de nacionalidad iraní acusados en dicha causa (AMIA), para que se sustraigan de la acción de la justicia argentina".

El atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos es el mayor ataque terrorista perpetrado en suelo argentino, a pesar de lo cual sigue sin resolver, principalmente, porque los sospechosos, cinco iraníes entre los que se encuentran el expresidente Akbar Hashemi Rafsanjani y el exministro de Defensa Ahmad Vahidi, nunca han sido interrogados.

"DECISIÓN DELIBERADA DE ENCUBRIR"

"La decisión deliberada de encubrir a los imputados de origen iraní (...) fue tomada por la cabeza del Poder Ejecutivo, Cristina Fernández de Kirchner, e instrumentada principalmente por el ministro de Exteriores, Héctor Timerman", sostuvo.

De acuerdo con Nisman, el Gobierno de Fernández de Kirchner habría negociado con la República Islámica un acuerdo por el cual se comprometía a diluir la acusación contra los sospechosos iraníes a cambio un canje de petróleo persa por granos argentinos.

El supuesto plan de la Casa Rosada era acusar a células terroristas locales del atentado contra la AMIA para desviar las sospechas del ex ministro de Inteligencia Ali Fallahijan, el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi, el ex jefe de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, el ex agregado cultural de la Embajada Mohsen Rabbani y el ex tercer secretario de la Embajada Ahmad Reza Asghari.

"NINGÚN VALOR JUDICIAL"

Ante los incesantes rumores que apuntaban a una inminente imputación de Fernández de Kirchner, el Gobierno ya se ha encargado estos días de restar importancia a esta acusación formal.

"La imputación no tiene ningún valor ni importancia en términos judiciales", aseguró el secretario de la Presidencia, Aníbal Fernández, adelantando que se quedaría en un "estrépito" como "maniobra de desestabilización democrática".

"No existe prueba alguna, ni siquiera de carácter indiciario, que demuestre la existencia de conductas atribuibles a la presidenta o a funcionarios del Gobierno que puedan encuadrarse en ilícitos penales", dijo, por su parte, la secretaria del Tesoro Angelina Abbona.

El atentado contra la AMIA tuvo lugar el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires y se saldó con 85 muertos y 300 heridos, convirtiéndose así en el mayor ataque terrorista perpetrado hasta ahora en suelo argentino.