Llevan 50 años pagando una VPO en un pueblo a 12 km de Barcelona y ahora les cambian las reglas un mes antes de poder vender: "Cumplí con mi parte del contrato firmado ante notario"

La localidad de Badia del Vallés llama la atención por sí misma. Según informa el diario El País, a tan solo 12 kilómetros de Barcelona, el municipió nació en los años de la dictadura como una zona de Vivienda de Protección Oficial (VPO) para solventar la crisis habitacional que sufría el área metropolitana de la capital catalana. Pero hace unos años la cosa empezó a cambiar.

Tras haber pasado 50 años de los años del Instituto de la Vivienda franquista, Badia debería haber dejado atrás su pasado de poligono VPO al liberar las últimas 1.216 viviendas el pasado 6 de febrero. Un mes antes, la Generalitat decidió que esos pisos debían seguir siendo protegidos y, por tanto, sin posibilidad de ser vendidos. 

“Cumplí con mi parte del contrato firmado ante notario", recuerda José Montero que llegó a la localidad hace cinco décadas. Él y su esposa, Rafaela Expósito, quieren marcharse de la ciudad, pero no entienden por qué a unos vecinos se les ha eximido de la protección oficial, y a ellos no.

Tal y como reza la publicación, la vivienda tiene unos 5.400 pisos levantados en un espacio de un kilómetro cuadrado. De todas esas viviendas, alrededor del 75% pasaron al mercado libre en 2023. El resto debía hacerlo este año. Pero no ha sido así. 

En esta línea, la Generalitat logró sacar adelante una ley que, entre otras cosas, contempla impedir que todos los pisos ubicados en zonas tensionadas pasen al mercado libre para evitar que los precios siguieran disparándose y aumentara la "especulación".

"No tiene ningún sentido que mi piso siga siendo de VPO y el de mi padre, que está en el bloque de enfrente, no lo sea. Nos han dividido en ciudadanos de primera y de segunda”, se queja Amalia Frutos, que junto con Dorian Ros ha impulsado una plataforma de afectados.

"Nos tratan de especuladores"

En una de las calles que rodean la localidad vive Genaro Álvarez junto a su mujer. Ellos tampoco entienden la decisión. "Nos tratan de especuladores", protesta en unas declaraciones a El País. 

Según él mismo cuenta, llegó con sus padres en 1976, cuando se instalaron en un piso de la avenida del Cantábrico. En 2004 compró un piso. Y pese a que el 100% de los pisos eran protegidos, la burbuja financiera hizo estragos en la localidad. La vivienda se escrituró por 64.000 euros, pero el banco le concedió un préstamo personal para abonar 116.000 euros extra que le pedía el vendedor. En total: una cuota de 1.100 euros. "Todo el mundo sabía que eso ocurría", defiende Álvarez.

No obstante, con el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 y con la subida de la tasa de desempleo, muchos vecinos se vieron incapaces de devolver los créditos. En el caso de Álvarez, un accidente le privó de poder seguir en su trabajo a la vez que su mujer se veía obligada a cerrar su tienda. Pero afortunadamente y con tiempo, fue capaz de vender su casa, pero no todos lo lograron. "Aquí hubo muchos desahucios", explica.