El Gobierno perfila el nuevo impuesto de sociedades en pleno caos fiscal

La iniciativa para fijar la carga a las empresas en el 15% acerca las posturas de la coalición, según Hacienda. Pero Yolanda Díaz afirma que aún están "lejos" del acuerdo.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado 21 de septiembre.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el pasado 21 de septiembre.
Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Con el polvorín fiscal de las Comunidades Autónomas en riesgo máximo de explosión, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este miércoles que trabaja para “hacer efectivo” el tipo mínimo del impuesto de sociedades del 15% y que “la planificación fiscal a veces agresiva de algunos grupos empresariales no merme la capacidad de rendimiento” del tributo, según informa la Agencia EFE.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso de los Diputados, Montero ha recordado que los Presupuestos de 2022 ya incluyeron el establecimiento de un tipo mínimo efectivo del impuesto de sociedades para grandes empresas del 15%, en línea con lo que plantea la OCDE, que está en vigor desde enero.

El objetivo actual del Gobierno, según Montero, es “que la ingeniería fiscal que se utiliza no merme la capacidad de rendimiento” del impuesto, es decir, evitar que, sin llegar al fraude, las empresas se las ingenien para reducir los pagos “a la mínima expresión”.

Esta búsqueda de aumentar el rendimiento fiscal “es algo que este Ministerio de Hacienda lleva practicando desde el primer día”, ha defendido Montero, después de que Unidas Podemos pusiera el foco en el tipo efectivo del impuesto de sociedades en el marco de la negociación presupuestaria.

La ministra de Trabajo y vicepresidenta cuarta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha enfriado las expectativas de Montero al afirmar que las posiciones de Unidas Podemos y el PSOE se encuentran aún “lejos”, según ha expresado en un encuentro organizado este miércoles por Nueva Economía Fórum. “En el seno del Gobierno de España estamos todavía lejos de una negociación que es de máxima importancia para nuestro país”, ha declarado la ministra.

Díaz ha resaltado la necesidad de contar con unas nuevas cuentas públicas debido al momento de crisis que atraviesa el país por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Además la titular de Trabajo ha recordado que, probablemente, será el último de los ejercicios presupuestarios de este Gobierno.

Por contra, Díaz también se ha mostrado optimista y espera que se produzcan avances. En ese sentido, Montero asegura que “habrá acuerdo” entre los socios de Gobierno sobre las cuentas públicas del próximo año, y ha apuntado que el paquete fiscal se conocerá “en los próximos días”.

La titular de Trabajo se ha mostrado también a favor de la creación de un impuesto a las grandes fortunas, de la armonización fiscal y gravar más el IRPF de rentas del capital. La propuesta de aumentar la carga fiscal a las grandes fortunas ya fue propuesta hace meses por Podemos, pero fue rechazada en bloque por el propio PSOE, el PP y Vox. Ahora el socio de Gobierno de los morados vuelve a replantearse la cuestión.

Guerra fiscal entre comunidades

Aunque aún quedan ocho meses para las elecciones autonómicas y municipales, parece que la campaña electoral ya ha empezado. La supresión del impuesto de patrimonio del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, dio el pistoletazo de salida el lunes de la semana pasada.

Desde entonces, otros presidentes autonómicos han seguido sus mismos pasos en comunidades como Galicia, mientras que desde la Moncloa arreciaban las críticas contra lo que consideran un dumping fiscal de manual. Isabel Díaz Ayuso no tardó en unirse a la batalla, y aseguró que sería “la peor pesadilla” de las personas que quisieran subir los impuestos en Madrid.

El último giro de guión, sin embargo, ha llegado desde las filas del PSOE, concretamente por parte del presidente valenciano Ximo Puig, que ha anunciado este martes una deflactación del IRPF a las rentas medias y bajas en su comunidad. La noticia no ha tardado en ser utilizada por el propio PP para contraatacar.

Ahora otras comunidades como Aragón o Extremadura, también gobernadas por el PSOE, estudian seguir la misma senda de Puig, para desesperación del Gobierno. La campaña electoral será larga y, por el momento, caótica.