Los condenados del 'procés’ pedirán la absolución al Tribunal Supremo

La entrada en vigor de la reforma del Código Penal en el que se deroga el delito de sedición y se modifica el de malversación, efectiva a partir de este 12 de enero, servirá para los líderes condenados por el procés para solicitar la absolución al renovado Tribunal Supremo una nueva sentencia absolutoria.

Tal como explica el diario El País, las defensas se preparan para pedir que se extinga toda responsabilidad penal, además de eliminar las penas de inhabilitación impuestas en las sentencia de 2019. Será este jueves, cuando el Tribunal Supremo, una vez entre en vigor la reforma del Código Penal, abra de oficio un expediente para revisar el fallo y analizar cómo afecta a los condenados la modificación penal. Entre ellos, el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras (ERC) y el extitular de Interior Joaquim Forn.

Precisamente, el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha sido preguntado este miércoles por esta posibilidad que ha adelantado el citado diario. En una entrevista con ‘La Hora de La 1’, Bolaños ha considerado como “lógico” que se solicite la revisión de la condena o la libre absolución.

En este sentido, el titular de Presidencia ha sido cuestionado sobre este asunto, coincidiendo con la entrada en vigor mañana de la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición. “Es lógico que los abogados de los condenados [por el juicio del procés] pidan la revisión de la condena incluso que pidan la libre absolución, ¿no? Lo raro sería lo contrario”, ha expuesto en TVE, esgrimiendo que “se modifica el Código Penal, se ha modificado la tipificación de los hechos que ocurrieron en el año [20]17″.

Bolaños ha defendido que “ahora son unos hechos y una tipología penal diferente, con unas penas diferentes y, por tanto, lo que procede es que ahora el Tribunal Supremo, la Sala Segunda, pueda revisar la condena de inhabilitación porque la condena de prisión recordemos que ya fue indultada”.

Así, el ministro ha concluido que “esto es el funcionamiento absolutamente normal después de una modificación del Código Penal”. Con todo, Bolaños ha puesto el foco en que “es verdad que las penas que establece el Código Penal nuevo son, sumándolas, incluso superiores a la inhabilitación que tienen en estos momentos los condenados”.

A renglón seguido, el titular de Presidencia ha recordado que “le corresponde al Tribunal Supremo aplicar esa disposición transitoria que sí contiene la reforma del Código Penal para que se quede la inhabilitación en los mismos años que tienen ahora o bien reducirla, como consecuencia de la reducción de las penas que ha tenido el Código Penal”.

Otra de las claves a las que ha apuntado Bolaños, al tiempo que ha justificado la modificación del Código Penal, es que esta se efectuó para europeizarlo y ajustarlo a estándares comunitarios. “Las penas de la sedición en España eran absolutamente desproporcionadas y esto explicaba que ningún tribunal europeo, ninguno, diera la razón a los tribunales españoles”, ha expuesto, remachando que “ahora nuestra penas son europeas, ahora no hay absolutamente ninguna excusa para que no se aplique el Código Penal no solo en España, sino fuera de nuestras fronteras”.

Los ‘jordis’ no solicitarán la absolución

Los expresidentes de la ANC y de Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, conocidos popularmente como los ‘jordis’, condenados a nueve años de cárcel por el procés y ya indultados, no pedirán al Tribunal Supremo que los absuelva a raíz de la reforma del Código Penal, aunque el tribunal podrá revisar de oficio sus penas.

Fuentes cercanas a ambos han señalado a la Agencia EFE que descartan reclamar la revisión de la sentencia tras la supresión del delito de sedición por el que fueron condenados, al entender que ello debilitaría su posición ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que pretenden condene a la justicia española por la sentencia del procés.

El Tribunal Supremo condenó a penas de entre 9 y 13 años de cárcel e inhabilitación a los nueve miembros del Govern y a los líderes de entidades soberanistas que en 2017 impulsaron el referéndum independentista del 1-O. El Gobierno de Pedro Sánchez indultó las penas de prisión —aunque no las de inhabilitación— e impulsó la reforma penal que ha supuesto la derogación del delito de sedición por el que fueron condenados.

La postura del Gobierno sobre la reforma

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Isabel Rodríguez  insistía en que con la última reforma del Código Penal no se ha despenalizado ningún tipo de malversación y ha mostrado su “confianza plena” en que en los jueces perseguirán el mismo objetivo de “no tolerar” esos comportamientos ilícitos.

Ha sido la respuesta de Rodríguez en la rueda de prensa del Consejo de Ministros después de que un juez de la Audiencia Nacional haya pedido a la Fiscalía Anticorrupción que revise el escrito en el que solicitaba procesar a los imputados en el caso Acuamed por si tiene que hacer alguna modificación tras la reforma del Código Penal, que rebajó las penas de la malversación y entra en vigor este jueves.

Preguntada sobre si el Gobierno puede asegurar que no habrá rebajas de condenas, como ha ocurrido con agresores sexuales al entrar en vigor la conocida como la ley del solo sí es sí, la portavoz ha recordado que en el caso Acuamed todavía no hay condenados y que lo ocurrido es solo un “trámite procesal”.

“Lo que le puedo asegurar es que el Gobierno, lo que persigue con esta reforma, es penar todo tipo de corrupción”, también el enriquecimiento ilícito, hasta ahora no castigado, ha respondido.