Polémica por el acercamiento de la UE a los talibanes para hablar de deportaciones

La Comisión Europea (CE) se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras confirmar el envío de una invitación formal al régimen talibán de Afganistán para mantener una reunión de "nivel técnico" en Bruselas, la capital comunitaria. Este encuentro, coordinado junto al Ministerio de Justicia de Suecia, tiene como objetivo abordar la deportación y el retorno de ciudadanos afganos cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas o que representen una amenaza a la seguridad. 

La medida, respaldada por la presión de alrededor de una veintena de Estados miembros del Espacio Schengen, representa la primera visita conocida de representantes del grupo islamista a la capital de la Unión Europea (UE) desde su regreso al poder, en 2021, tras el estrepitoso fracaso de las fuerzas occidentales -norteamericanas pero también europeas- en consolidar un estado democrático.

No obstante, la iniciativa ha desatado un intenso debate político y ético sobre los límites de la política migratoria europea. El portavoz de la Comisión, Markus Lammert, ha defendido la iniciativa asegurando que estas conversaciones bilaterales se enmarcan dentro de un mandato de "compromiso operativo" para facilitar contactos, monitorear la situación y asistir a los Estados miembros. 

Lammert enfatizó que el diálogo de ninguna manera implica un "reconocimiento oficial" del gobierno de facto de los talibanes.Las conversaciones propuestas se centrarán de forma estricta en aspectos logísticos y burocráticos prácticos, tales como la verificación de identidades, la emisión de pasaportes y documentos de viaje, y la coordinación de los vuelos de deportación. Este planteamiento técnico sigue a un primer contacto presencial mantenido entre funcionarios de la UE y los talibanes en Kabul. 

Erosión de valores

A pesar de los matices legales esgrimidos por Bruselas, analistas y legisladores europeos han denunciado la medida de forma categórica, argumentando que la distinción entre "compromiso técnico" y "reconocimiento" es meramente formal. Críticos pertenecientes a la comunidad de derechos humanos señalan que, en la práctica, la UE está propiciando una "normalización" insidiosa del régimen a cambio de una solución a corto plazo en materia migratoria. 

El malestar es especialmente visible en el Parlamento Europeo. Eurodiputados indignados han manifestado de manera tajante que aquellos que cometen crímenes contra la humanidad no deberían pisar suelo europeo sin pasar antes por la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya. Se recuerda que la CPI emitió órdenes de arresto contra líderes talibanes por el crimen de persecución basada en el género. La concesión de visados excepcionales por parte de la UE para estas reuniones es vista por sectores de la oposición parlamentaria como una contradicción directa a los compromisos del bloque, dice por ejemplo el grupo Renew, el de los liberales centristas.

Legisladores como la eurodiputada alemana Hannah Neumann, de Los Verdes, han advertido que cada retorno coordinado "fortalece el poder de los talibanes y ayuda a legitimar al grupo en el escenario internacional". Su correligionaria Melissa Camara, francesa, ya advirtió a la Comisión que "no cruce esta línea roja", afirmando que acoger a funcionarios talibanes en Bruselas equivaldría a "abandonar los valores y derechos sobre los que se funda la UE". La alarma también se extiende a la creciente influencia del régimen en el exterior, denunciándose que funcionarios talibanes ya controlan consulados afganos en países como Alemania "como si fuera la cosa más normal del mundo". 

Para los defensores de los derechos humanos y refugiados, esta negociación constituye un menoscabo de los principios fundamentales de protección, dignidad y libertad que sustentan el sistema de asilo europeo. Diversas voces advierten que el bloque arriesga su credibilidad y viola sus propias obligaciones vinculantes plasmadas en la Carta de la UE, la cual prohíbe explícitamente la tortura y consagra el principio de no devolución (non-refoulement). 

"Esto es un grave error. En el mejor de los casos, Bruselas cede ante presiones políticas mezquinas; en el peor, normaliza un régimen de apartheid de género y terror, todo un cambio de una solución a corto plazo para la migración que se logra a gastos de los valores fundamentales y la seguridad a largo plazo", escribe la analista Shagofah Ghafori para el Centre for European Policy Studies (CEPS) en una dura tribuna publicada por el tanque de pensamiento. 

"Afganistán bajo el régimen talibán es la definición misma de un país que viola los derechos de las mujeres. Expertos de la ONU describen hoy a Afganistán como 'la crisis de derechos de las mujeres más grave del mundo'. Existe un término para describir lo que significa el régimen talibán que oprime a las mujeres, y no se trata de una diferencia cultural ni de una interpretación religiosa", recuerda.

Hasta el momento, los talibanes no han confirmado ni desmentido oficialmente su participación en la cita de Bruselas, ni han respondido públicamente a la tormenta política generada en Europa. Lo que hace que esta táctica sea realmente contraproducente es que sirve a los intereses de los talibanes, no a los de Europa, avisan los analistas, que entienden que los radicales ven estas conversaciones sobre migración como una vía hacia la legitimidad, no hacia la cooperación. Mientras tanto, el bloque se enfrenta al dilema de priorizar sus urgencias electorales y migratorias o mantener intactos los valores fundacionales que definen su política exterior.

"Según el derecho internacional, la UE está obligada por el principio de no devolución; En resumen, no se puede devolver a nadie a un lugar donde sufra persecución o tortura (artículo 3 de la Corte Europea de Derechos Humanos, artículo 33 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE)", recuerda Ghafori, refugiada ella misma. 

Y, además, hay otros caminos: "La UE tiene mejores opciones. Debería ampliar las vías legales, es decir, más plazas de reasentamiento, programas de reunificación familiar y visados humanitarios. Bruselas debería salvar y promover el proceso del PCI, que ya ha imputado a altos cargos talibanes por crímenes de lesa humanidad. Y, sobre todo, la UE debe respetar el principio de no devolución", concluye.