Un referéndum para cerrar la puerta: Suiza decidirá en junio si fija un tope de población para frenar a los extranjeros
Se espera que el referéndum se celebre el próximo 14 de junio, día en el que los suizos también votarán por una reforma de la función pública, que pretende reducir el número de contrataciones. El Gobierno federal ha advertido de que la propuesta podría poner en riesgo los acuerdos bilaterales con la Unión Europea, especialmente los relativos a la libre circulación de personas.
Suiza no quiere más migrantes. El país ha anunciado que votará en referéndum el próximo junio si limita, o no, a diez millones la población con residencia en el país (en la actualidad cuenta con unos 9,5 millones de habitantes) antes de 2050, en una iniciativa que tiene como objetivo frenar el flujo migratorio en el territorio y el asilo.
La medida, propuesta por la formación de ultraderecha Partido Popular Suizo (SVP en sus siglas en alemán), obligaría al Gobierno federal a adoptar medidas para frenar la inmigración y, en la práctica, restringir la concesión de permisos de residencia a ciudadanos extranjeros.
Se espera que el referéndum se celebre el próximo 14 de junio, día en el que los suizos también votarán por una reforma de la función pública, que pretende reducir el número de contrataciones, con el objetivo de reducir las admisiones de 6.600 a 4.000.
La iniciativa, que responde al crecimiento demográfico de las últimas décadas impulsado por la inmigración, ha conseguido las firmas necesarias para someterse a referéndum, un mecanismo habitual en el sistema de democracia directa suizo.
A pesar de ello, no cuenta con el respaldo del Ejecutivo ni de la mayoría de los partidos tradicionales, que advierten de sus consecuencias económicas y sociales. Y es que, limitar la población, según defienden, podría provocar escasez de mano de obra, frenar el crecimiento y agravar el envejecimiento demográfico.
Además, tal y como recoge EP, el Gobierno federal ha advertido de que la propuesta podría poner en riesgo los acuerdos bilaterales con la Unión Europea, especialmente los relativos a la libre circulación de personas.
Organizaciones sociales y sindicatos han denunciado que la iniciativa introduce un enfoque excluyente, al plantear la cuestión demográfica como un problema ligado a la presencia de extranjeros. A su juicio, se trata de una estrategia política que utiliza el miedo a la inmigración para ganar apoyo electoral, en lugar de abordar problemas estructurales como el acceso a la vivienda o la planificación urbana.