Investigan a la alcaldesa de València y a la presidenta del Puerto por presunta prevaricación y tráfico de influencias
Ante una supuesta coordinación entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para recolocar a personal público a dedo, según la 'Cadena SER'.
La Fiscalía Anticorrupción está investigando a la alcaldesa de València, la popular María José Catalá, además de a dos concejalas del equipo del Ejecutivo municipal, así como a la presidenta del Puerto valenciano, Mar Chao, y a cuatro trabajadores públicos del ente portuario, por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.
Así lo recoge este martes la Cadena SER, en una información en la que apunta a que el ministerio fiscal ha abierto diligencias de investigación ante un supuesto caso de coordinación entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria para recolocar a personal público a dedo. Concretamente, la investigación se cierne sobre algunos procesos selectivos que tuvieron lugar de forma paralela y a la vez en el Ayuntamiento de València, en fundaciones municipales y en el Puerto.
La clave de este supuesto caso estaría en la primavera de 2024, momento en el que estaba en liquidación el Consorcio Valencia 2007, organismo que integraba al Gobierno central, la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de València. Dicho consorcio también estaba presidido por la propia regidora popular.
¿Qué investiga Anticorrupción exactamente?: supuestos enchufes que denunciaron extrabajadores
Los trabajadores del Puerto supuestamente implicados en esta investigación de Anticorrupción, según el mencionado artículo, se tratan de Esther Pérez, Manuela Gras, Alicia Gimeno y Enrique Móner. La denuncia ha sido presentada ante la Fiscalía por el partido político Compromís, si bien fue un grupo de extrabajadores del citado consorcio quienes presentaron ante notario un escrito alegando que dos plazas de la autoridad portuaria iban a ser dadas a Gras y a Gimeno, cuestión que ocurrió pasados los meses. Ambas trabajaban en el consorcio que sería liquidado.
Por otro lado, la denuncia está acompañada del informe de la Intervención General de la Administración del Estado, un documento que recoge la advertencia de posibles vulneraciones de los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos selectivos relacionados con el Puerto.