Patricia Fernández, abogada experta en migración, desmonta a Feijóo: "Los miedos sobre la seguridad pública que pueda suponer la regularización son manifiestamente racistas y no tienen ninguna base legal"
La letrada subraya la rigurosidad que representa el proceso de regularización impartido por el Gobierno Nacional.
El pasado miércoles 15 de abril, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, criticó contundentemente el proceso de regulación extraordinaria de inmigrantes propulsado por la administración de Pedro Sánchez.
“Que un inmigrante que ha delinquido, que ha abusado de una mujer o que ha robado a un ciudadano y que ha incumplido varias veces la legislación española, el Gobierno lo regularice, no tiene ningún antecedente en ningún país de la UE”, sostiene el político conservador.
Patricia Fernández, abogada experta en migración, desmonta tajantemente los argumentos presentados por Feijoo. La letrada se refiere al tema en entrevista para los micrófonos de la Cadena SER.
Un proceso sumamente estricto
Fernández hace hincapié en la meticulosidad por parte de las autoridades en dicho proceso. “Las personas extranjeras que solicitan una autorización de residencia en España están sometidas casi a un triple escrutinio”, declara.
“Por un lado, deben acreditar que no tienen antecedentes penales en su país de origen; por el otro, tienen que acreditar que no tienen antecedentes penales en España”, afirma la abogada. Además, detalla que todos los tipos de delitos serán contemplados. “Estamos hablando de un estándar muy riguroso”, complementa.
La jurista explica que la comunicación o cooperación de los entes policiales es clave para la rigurosidad del proceso. “Si se considera que una persona puede ser una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública o las relaciones internacionales, tampoco podrá obtener el permiso de residencia. Así lo dice el reglamento, el texto legal”, agrega.
Una postura racista
Conforme a lo expuesto por la letrada, no hay por qué tener miedo con relación al proceso impulsado por el Gobierno; por el contrario, ella lo considera como una postura discriminatoria. “Los miedos sobre la seguridad pública que pueda suponer la regularización son manifiestamente racistas y no tienen ninguna base legal”, puntualiza.
Finalmente, apunta que los grandes favorecidos de esta medida serán la población infantil. “A lo mejor tenemos que estar hablando porque tenemos tantos menores en España sin documentación. La mayor parte que se va a beneficiar de este proceso de regularización son niños y niñas”, concluye.