Patricia Ramírez pide protección ante las amenazas de muerte de Ana Julia: "Estoy recluida en mi casa"

Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz, confesaba este miércoles que no puede tomarse “a la ligera” las amenazas que ha denunciado y que proceden de Ana Julia Quezada, condenada por asesinar a su hijo en 2018, ni tampoco las que vienen de su entorno, después de declarar como perjudicada ante el Juzgado de Instrucción 1 de Almería.

A su salida de la Ciudad de la Justicia, Ramírez ha explicado que se ha ratificado en la denuncia interpuesta el 31 de diciembre de 2024, en la que alertaba de amenazas de muerte recibidas a través de terceras personas, supuestamente instigadas por Quezada desde la prisión de Brieva (Ávila), donde cumple condena de prisión permanente revisable.

“Obviamente ha sido difícil porque son temas complicados, como ya sabéis, pero yo creo que se ha dicho todo lo que se tenía que decir”, ha declarado ante los medios, tras lo que ha confiado en que "se llegue al fondo de esta cuestión para establecer las medidas de protección necesarias para que yo me pueda sentir un poco más segura y no violentada por todas las cosas que se están haciendo de forma irregular".

Sin respaldo institucional

Ramírez ha criticado la falta de actuación institucional para frenar lo que considera una revictimización constante. “Estar aquí ya es difícil. Lo primero que tengo que agradecer es que inicialmente puse esta denuncia y me la archivaron”, ha lamentado.

También ha apuntado directamente a la administración penitenciaria y al Ministerio del Interior: “Si todo esto viene como consecuencia de que la asesina de mi hijo Gabriel se enfada porque le he cortado el documental, al final donde se tienen que establecer protecciones es dentro de prisiones”.

Amenazas del entorno de Ana Julia

Ha revelado que tras presentar la denuncia empezó a recibir llamadas desde números ocultos y extranjeros, y que dejó constancia de esos teléfonos en la causa. “Yo suelo ir acompañada a todos sitios, aparezco cada vez menos públicamente... La medida más básica que estoy tomando es recluirme en mi casa y en entornos seguros”, ha confesado.

Ha expresado su temor a que Quezada pueda usar a terceras personas para causarle daño: “Si ya me hizo lo que me hizo sin tenerme manía declarada, ahora que me tiene más, y que no tiene nada que perder, tengo miedo. A mí me quedan muchas dudas de si puede contratar a alguien o si alguien en su entorno puede tomar represalias contra mí”.

Ha insistido también en que el documental que la condenada habría querido grabar desde prisión debe ser vetado por el Estado: “Espero que no se emita. Si alguien lo emite, será responsabilidad del Ministerio del Interior, de los jueces o del Estado. Ningún condenado en sentencia firme puede ganar dinero contando una nueva versión de los hechos”.

Delito contra su integridad

Sobre la imputación de la actual pareja de Quezada, M.A.R.Q., ha señalado que hay “indicios" de que no le cae bien y ha confiado en que sea el juez quien valore si procede adoptar medidas contra ella. “Igual que nunca emprendí una campaña de venganza contra la asesina de mi hijo, jamás lo haré hacia su pareja. Nosotros nos mantenemos en la ley”, ha subrayado.

Por su parte, su abogada, Verónica Guerrero, ha detallado que la jornada ha incluido las declaraciones de su clienta, de la propia Quezada -por videoconferencia desde prisión-, la pareja de esta, que se ha acogido a su derecho a no declarar, y un testigo clave: un trabajador de un tarot que ha confirmado su testimonio previo ante la Policía y aportará material audiovisual.

“El testigo ha reiterado todo lo que ya dijo en fase policial. Tiene todo el material grabado, y vamos a aportar un pendrive con toda la prueba audiográfica que contiene las amenazas”, ha explicado Guerrero, que ha señalado que este testigo “no tenía obligación alguna” de informar a Ramírez, pero lo hizo por iniciativa propia, lo que considera una actuación “valiente y excelente”.

Quezada calla

Sobre la declaración de Quezada, la abogada ha dicho que “no ha contestado a nada”. “Su letrada no le ha hecho preguntas y el juez ha podido hacer muy pocas porque su respuesta era siempre la misma: "no’, ‘nada’, ‘cero’. No ha aportado absolutamente nada”, ha afirmado.

En cuanto a medidas de protección, Guerrero ha destacado que el juzgado ha accedido a anonimizar el procedimiento completo, eliminando cualquier dato identificativo de Ramírez tanto en Almería como en la causa paralela que se instruye en el Juzgado número 4 de Ávila por presuntos favores penitenciarios para grabar el supuesto documental y acceder a teléfonos móviles en prisión.