Extradiciones, bombas y currículos
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He dejado pasar unos días para ver si finalmente los medios de comunicación del nacionalismo españolista se animaban a rasgarse las vestiduras airadamente contra la segunda resolución (anteriormente hubo otra) de la Audiencia Nacional que niega la extradición a Suiza del extrabajador del banco HSBC, Hervé Falciani. Pero nada de nada. Esta afrenta a la soberanía suiza, ¡qué tremenda humillación!, parece que no les da ni frío ni calor.
Supongo que es producto de la doble vara de medir. Según el CGPJ el forotogas es inocuo y privado —se insulte a quien se insulte— siempre que no se critiquen las cargas policiales del 1 de Octubre; entonces la multa es de seiscientos euros. Siempre que puede el aznarista Pablo Casado escupe que suerte que las políticas y políticos independentistas encarcelados son juzgados en Madrid/España y no en Cataluña, porque a saber qué podría pasar en caso contrario, añade horrorizado. (No es el único que lo piensa: voces acreditadas afirman que el caso se arrebató al Tribunal de Justicia de Cataluña, que era el órgano competente, y no la imitación tenebrosa del TOP que es la Audiencia Nacional). Desconfían de tribunales aparentemente descentralizados (el síndrome Schleswig-Holstein, un tribunal que opera de verdad en una Alemania realmente federal y no centralista).
En justa congruencia, Casado debería pedir que el caso de su presunto máster se juzgara en Europa y no en el madrileño Supremo intervenido desde hace tiempo por el PP. ¿Acaso no recuerda, por sólo citar un caso, que Carlos Lesmes, actual presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ostentó entre mayo de 1996 y de 2004 dos Direcciones Generales durante el yugo de José María Aznar?
En manipular el poder judicial, ya desde las maniobras sobre el Tribunal Constitucional de Federico Trillo —adalid un 18 de julio de la heroica reconquista de la isla de Perejil—, el PP mostró un camino tenebroso y siniestro que ha sido imitado por los EE UU de Donald Trump, por Polonia, por Hungría, por Turquía; por lo mejor de cada casa. Seguramente estos más que intentos de apropiarse del poder judicial son la amenaza más grande y global a la democracia. Sólo hay que recordar que el cargo de las y los miembros del Supremo yanqui es vitalicio.
Quizás Casado lo dice obnubilado o intoxicado por el ideario. Otras mentes han sucumbido. Tengo por inteligentes a la ministra y actual portavoz del gobierno, Isabel Celaá, o al ministro Josep Borrell. Pues bien, Celaá ha llegado a decir que las cuatrocientas bombas vendidas a Arabia Saudita son de alta precisión y no se equivocarán matando gente del Yemen (sería interesante saber de qué nacionalidad se piensa que es el ejército de ese país). Borrell habló de un armamento de precisión guiado por láser que no ocasiona efectos colaterales (léase «víctimas civiles») porque es de una precisión extraordinaria (recordemos las caravanas de gente refugiada, o incluso bodas, a las que se ha enviado por láser y con gran precisión bombas sofisticadísimas y letales al ser confundidas con objetivos militares). Explícitamente, tanto ella como él defienden la guerra y la violencia como métodos para resolver conflictos; no parpadean ante la muerte de personas por mucho que tengan por oficio la guerra. Sí, gente indudablemente capacitada diciendo sandeces para justificar lo injustificable.
Hay más modalidades que la de excusar un hecho incontrovertible al precio que sea, aunque el precio sea parecer mema. Por ejemplo, justificar pintorescamente una mentira atribuyéndola a un error «etimológico» o endosarlo a la persona que facilitó la información sobre un currículum. (Habitualmente, eres tú misma quien lo hace llegar cuando te lo piden, es difícil imaginar que alguien te adjudicará un máster o un postgrado si tú no los has puesto en la lista). No, Carina Mejías ni tiene un postgrado en Derecho de Fundaciones en la Universidad Internacional de Cataluña, ni tiene un máster en Derecho Concursal en la Universidad de Vic, en realidad, se trata de dos cursos de cinco y tres créditos, respectivamente.
Y ahora que ya se cumple un larguísimo año. Ni Jordi Cuixart ni Jordi Sànchez están en prisión porque algunos políticos y políticas decidieron eludir la acción de la justicia española y podrían seguir su ejemplo: cuando los encarcelaron ni habían llamado a declarar a esta serie de políticas y políticos.
Acabo estas líneas conmocionada por el asesinato de cuatro mujeres (otro y otro y otro y aún otro más). Dos adultas y dos menores. E indignada, porque a pesar de que la madre hizo saber al juzgado que la vida de sus hijas y la suya corría serio peligro, una vez más no se dio crédito a una mujer. ¿Algún día alguien se responsabilizará de algo?
