Qué cambia con el tratado conjunto de Gibraltar: Verja, visados, nuevos impuestos y aduanas

Cuatro años de profundas negociaciones marcadas por los tira y afloja, la tensión y el temor a no poder llegar a un acuerdo que dejase en un limbo a los ciudadanos británicos y españoles a un lado y otro de la Verja de Gibraltar. Ese camino se completó en junio del año pasado cuando Londres y Madrid culminaron el acuerdo que regula la relación futura -en realidad actual, porque la salida británica de la Unión Europea es una realidad consumada desde hace un lustro- entre la colonia de Reino Unido y España.

Este jueves, han trascendido los últimos aspectos del acuerdo internacional que se desconocían hasta el momento. Distintos medios, como El País, han tenido acceso previo al texto final de un tratado en el que se confirma que España pasará a tener un mayor control sobre esas relaciones y movimientos de personas en un escenario en el que -la mayor novedad de todas- la Verja será demolida para crear un área de libre circulación dentro del espacio Schengen.

Madrid pasará a tener la última palabra sobre una cuestión que hasta ahora compete únicamente a las autoridades británicas, el veto sobre viajeros y aquellas personas de terceros países que soliciten o renueven el permiso de residencia en la colonia. Será un sistema de doble control que otorga este derecho a España, siempre que alegue que ha identificado un potencial riesgo para la seguridad, la salud pública o las propias relaciones internacionales. 

Con todo, dicho acuerdo está acompañado de otra serie de cuestiones que configuran una relación que unirá a Reino Unido y las autoridades gibraltareñas con España a través de vínculos jurídicos, económico-comerciales, políticos e institucionales. Lo pactado va más allá de echar abajo un muro, puesto que se busca sentar las bases para erigir un futuro basado en las siguientes claves.

¿'Bajar la Verja'? No, demolerla: ¿y los 15.000 trabajadores transfronterizos diarios?

Es de sobra conocido el gran titular que acompañó al acuerdo, el fin de la Verja de Gibraltar, "el último muro de Europa continental", como lo ha definido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, esta mañana. El artículo 7 de este acuerdo expone que "todas las barreras físicas serán removidas en aplicación del plan contenido en el acuerdo administrativo entre el Reino Unido y España respecto a Gibraltar", si bien cabe recordar que se esperaba la demolición ya para el pasado mes de enero.

Es la gran noticia para los 15.000 trabajadores transfronterizos que cada día están obligados a realizar el control para acceder a uno y otro lado. Una cuestión que afecta en gran medida a España y a los habitantes del Campo de Gibraltar, puesto que 10.000 de ellos son españoles. Además, estos pasarán a tener los mismos derechos que los británicos, por lo que no podrán ser discriminados en cuestiones como el empleo, la remuneración o las condiciones de trabajo, además de ayudas sociales e impuestos.

¿Se menciona la soberanía?: hacia una estrecha colaboración con consejo de cooperación y fondo de cohesión

Otro de los asuntos más peliagudos siempre que hay que sentarse a hablar de Gibraltar es la cuestión de la soberanía -británica- de la colonia. El primer artículo del acuerdo expone que la meta pasar por la prosperidad compartida y establecer relaciones estrechas y constructivas, pero segundo artículo deja muy claro que el anterior no podrá dar pie a ninguna cuestión sobre el debate de la soberanía. 

Es un asunto de salvaguarda legal para futuros conflictos o aquellas disputas que están en tribunales. Nada de lo contenido en el acuerdo podrá servir para las reivindicaciones de España y el Reino Unido en materia de jurisdicción y soberanía, por lo que también quedan desactivadas como argumentaciones legales para eventuales demandas que puedan surgir. 

Pero esa estrecha colaboración también se materializará en forma de órganos conjuntos de carácter político como el futuro Consejo de Cooperación. Este organismo, que deberá reunirse anualmente para la aplicación y desarrollo del tratado mediante recomendaciones y decisiones conjuntas, lo integrarán un comisario europeo y un ministro de Reino Unido. Fundamentalmente, abordarán temas relacionados con la libre circulación, comercio y la aviación.

En el plano económico, se creará un fondo de cohesión, un mecanismo financiero contenido en el artículo 299 del tratado y que deberá ser desarrollado posteriormente. No se especifican de cuánto serán las aportaciones de cada parte para favorecer las inversiones en ámbitos relacionados con el trabajo y la formación. Sí se deja claro que estará acompañado de medidas de control para que no se produzcan fraudes o actividades ilegales con estas inyecciones económicas.

Salvado el obstáculo del aeropuerto: ¿quién lo gestionará y quién llevará el control policial?

Durante las largas conversaciones, hubo un escollo monumental en el que ha sido uno de los mayores puntos de fricción en las últimas décadas entre Londres y Madrid: el aeropuerto levantado sobre un istmo que Reino Unido reclama como suyo. La solución al conflicto se ha basado en la receta de la gestión compartida. Aquellos viajeros que lleguen a Gibraltar tanto en barco como en avión deberán someterse al control tanto de la policía gibraltareña como la española. 

Dichos controles se realizarán en el espacio del aeropuerto y ambas partes, es decir, ambos cuerpos policiales podrán denegar la entrada en el Peñón de los viajeros, incluso tanto si son británicos, como si son españoles o de terceros países. Eso sí, España no podrá denegar la entrada a ciudadanos del espacio Schengen. De esta forma, a aquellos residentes gibraltareños o de países comunitarios tendrán controles automatizados para evitar que se generen colas y retrasos. También podrán acceder sin visado en Gibraltar por un máximo de 90 días, en un periodo de 180.

En cuanto a la propia gestión aeroportuaria, será una alianza empresarial de ambos países -concretamente, en el formato de joint venture-, que además deberá tener la sede, obligatoriamente, en un país de la Unión Europea. Dicha compañía no se ocupará solo de la supervisión y gestión de las instalaciones, también de las licitaciones para las operaciones diarias.

Por último, también se salva otro histórico problema. Reino Unido no ve con buenos ojos que policías españoles estén en el Peñón uniformados, una cuestión que será evitada con los controles realizados en las dependencias del aeropuerto. Otro choque recurrente es el generado por aquellos militares británicos o de otros países que visitan Gibraltar. Ahora no tendrán que pasar por controles, deberán mostrar un documento que les identifique en la entrada y la pertinente orden del Ministerio de Defensa de Reino Unido. Eso sí, Londres deberá informar a España de estos movimientos mediante los oficiales de enlace.

Los permisos de residencia: España tendrá derecho a veto en estos casos

En lo referente a la gran novedad, ése derecho a veto con el que pasará a contar España sobre los ciudadanos de terceros países que deseen acceder a Gibraltar o quieran conseguir o renovar su permiso de residencia, tendrá como requisito el que se detecte un potencial riesgo para la seguridad, la salud pública o las propias relaciones internacionales. Pero también afecta a competencias comunitarias al abrir otra área de libre circulación que atañe a todos los países de la Unión, además de a Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

Al tratarse de un tratado que supone abrir el espacio Schengen a un país que decidió marcharse del club comunitario, el texto definitivo deberá ser sometido a votación tanto en la Cámara baja británica, como en Estrasburgo, en el Parlamento Europeo. A mayores, el acuerdo también pasará por la asamblea gibraltareña, si bien no será necesario que sea votado en el Congreso español al dirimirse en las instancias comunitarias.

Gibraltar 'se IVA', del Brexit a volver a la Unión Aduanera y tener un nuevo impuesto

La auténtica revolución, más allá de los aspectos de la libre circulación, estalla en el plano de los impuestos y las aduanas. Gibraltar tendrá que pasar por el aro de los tributos comunitarios. ¿Qué quiere decir esto? Que pasará a entrar en la unión aduanera de la UE, pero también tendrá que establecer un IVA a sus productos. En líneas generales, los gibraltareños ganan en cuanto a librarse de la burocracia de los controles a la libre circulación de bienes y mercancías. 

Pero sí habrá control interno, incluso se ha previsto la localización de los centros donde se realizará la revisión de los productos que vayan a entrar o a salir del Peñón, que estarán en La Línea de la Concepción, Algeciras y Sagunto, con la posibilidad de abrir otra instalación en Portugal. También se podrán realizar inspecciones por parte de las autoridades europeas para velar que no hay incumplimiento en cuanto a las reglas del mercado único. También se reserva la posibilidad a Bruselas de volver a instaurar los antiguos controles en caso de que haya conflictos en esta materia.

En materia de IVA, Gibraltar tendrá esta primavera un nuevo impuesto. Desde abril tendrá que implementar el Transaction Tax, un equivalente al impuesto comunitario. Para evitar casos de dumping, este impuesto no podrá ser inferior al tipo mínimo de IVA que aplique cualquier socio de los Veintisiete. El primer año será de 15%, para pasar al 16% en el segundo y al 17% en el tercero. Se abre la puerta a que las autoridades británicas fijen tipos superreducidos en algunos productos, pero, de forma general, el tipo reducido nunca podrá bajar del 5%.

La cooperación policial entre ambas partes y un plan para 'fumarse' el contrabando de tabaco

La cooperación policial no se queda únicamente en el ámbito aeroportuario. Llegan las patrullas y operaciones conjuntas, además de un refuerzo de la colaboración en el seno de Europol y los tribunales. Mas no solo eso, porque a partir de ahora se podrá continuar tanto la vigilancia como la persecución de cualquier persona que cruce la frontera, pero haya cometido alguno de los delitos que se incluirán en un listado. Impera tanto para los agentes españoles como para los británicos.

Es de sobra conocida la problemática del contrabando de tabaco en el Peñón de Gibraltar, una cuestión que buscará solventarse desde el plano fiscal, concretamente, apostando por una progresiva armonización fiscal en dicho producto. Es decir, con un nuevo impuesto especial que como norma tendrá que cumplir este mínimo: no podrá bajar de los 115 euros por cada millar de cigarrillos.

El texto del tratado recoge que "la diferencia de precio [entre ambos mercados] resultante de la aplicación del impuesto especial no excederá de 0,80 euros o del 15% por paquete, lo que suponga una menor diferencia".

Gibraltar deberá anivelarse en la lucha contra el cambio climático: ¿qué pasa con los rellenos del fondo marino y las gasolineras flotantes?

Si parecía que los aspectos económicos y de libre circulación de las personas eran uno de los flecos más difíciles de abordar en la mesa de negociación, lo acordado en materia medioambiental deja entrever que ha sido otro flanco de gran complejidad. En este sentido, Gibraltar también asumirá compromisos comunitarios, principalmente en materia de protección y de emisiones.

Las autoridades gibraltareñas se comprometen a mantener unos estándares de protección medioambiental que deberán ser similares a los de Bruselas. De la misma manera, otro de los cambios que deberá introducir pasa por un sistema de precios para las emisiones de carbono equivalente al comunitario. Se trata de cuestiones que afectan más a la problemática de la competencia empresarial entre los requisitos a un lado y otro de la frontera colonia y en los que llama mucho la atención que no se incluyan importantes demandas del ecologismo.

Por ejemplo, no limita los rellenos de cemento para aumentar el espacio marítimo gibraltareño, lo que supone un ataque directo al trabajo y medio de vida de los pescadores españoles. Tampoco aborda la práctica de repostar combustible en 'gasolineras flotantes' o la descarga y movilización de armas nucleares en puerto, por parte de submarinos británicos.