Keiko Fujimori vuelve al poder en Perú entre promesas de mano dura y protestas en las calles
La nueva presidenta inicia su mandato con un gabinete de máxima confianza, más protagonismo para los militares frente al crimen organizado y un aumento del salario mínimo.
El fujimorismo ha vuelto al poder en Perú casi 26 años después de la caída de Alberto Fujimori. Su hija, Keiko Fujimori, juró este martes como presidenta para el periodo 2026-2031 en una jornada marcada por los anuncios de mano dura contra la inseguridad, las promesas de medidas sociales y las protestas tanto dentro como fuera del Congreso.
La líder de Fuerza Popular, que había perdido las tres anteriores segundas vueltas presidenciales, arrancó su mandato asegurando que recibe "un país marcado por el abandono" y un Estado debilitado por la improvisación. En su primer discurso, se comprometió a gobernar durante los cinco años de mandato, "ni un año más", en un intento por disipar los temores de parte de la oposición sobre una posible deriva autoritaria.
Más poder para los militares y subida del salario mínimo
La lucha contra el crimen organizado será el principal eje de su Gobierno. Fujimori anunció que solicitará al Congreso facultades legislativas para reforzar la seguridad y adelantó que los militares asumirán el liderazgo de las operaciones contra el crimen organizado en las zonas declaradas en emergencia, una medida que irá acompañada de una reforma del sistema penitenciario.
En el plano económico, sorprendió al anunciar una subida del 15% del salario mínimo, que pasará de 1.130 a 1.300 soles, además de un bono extraordinario para ayudar a las pequeñas empresas a asumir el incremento de los costes laborales.
También prometió duplicar el programa de pensiones para mayores en situación de pobreza, reducir a la mitad la pobreza infantil y destinar recursos extraordinarios para preparar al país ante la llegada del fenómeno de El Niño, que periódicamente provoca lluvias torrenciales e inundaciones.
Un gabinete de confianza
Horas después de asumir el cargo, la presidenta presentó un gabinete formado mayoritariamente por personas de su entorno político o con experiencia en anteriores gobiernos.
Su hombre de máxima confianza y vicepresidente, Luis Galarreta, ejercerá como primer ministro, mientras que el economista Elmer Cuba dirigirá Economía.
Uno de los nombramientos más llamativos ha sido el del general del Ejército César Astudillo al frente del Ministerio del Interior, un puesto tradicionalmente ocupado por altos mandos de la Policía. La decisión refuerza el mensaje de endurecimiento frente a la delincuencia lanzado por la nueva presidenta.
En política exterior también destacó el nombramiento del periodista Carlos Espá como ministro de Exteriores, después de haber trabajado durante quince años en la Embajada de Estados Unidos en Lima, un gesto interpretado como una señal de acercamiento a Washington.
Protestas y rechazo de la izquierda
La vuelta del fujimorismo al Palacio de Gobierno estuvo lejos de desarrollarse en un clima de consenso.
Antes incluso de que Fujimori comenzara su discurso, varios diputados de izquierda abandonaron el hemiciclo mostrando fotografías de víctimas de la violencia estatal durante el mandato de Alberto Fujimori y de los fallecidos en la represión de las protestas que siguieron a la caída del expresidente Pedro Castillo.
Fuera del Congreso, cientos de personas se concentraron en el centro de Lima para rechazar la investidura. Entre los manifestantes había familiares de víctimas de aquellas protestas, organizaciones de derechos humanos y simpatizantes de la izquierda.
Las movilizaciones derivaron en algunos enfrentamientos con la Policía y estuvieron marcadas por consignas contra el nuevo Gobierno. Los familiares de los fallecidos durante las protestas de 2022 y 2023 reclamaron justicia y acusaron al nuevo Ejecutivo de favorecer la impunidad.
El excandidato izquierdista Roberto Sánchez, que sigue sin reconocer la victoria electoral de Fujimori, participó también en la protesta, aunque aseguró estar dispuesto a reunirse con la nueva presidenta si ello sirve para avanzar en las reivindicaciones de las víctimas.
Con este complejo escenario político y social, Keiko Fujimori inicia un mandato que promete combinar medidas de firmeza frente al crimen con políticas económicas y sociales, pero que arranca también bajo la sombra de la profunda división que sigue provocando el legado político de su apellido.
